Todo el personal de policía y penitenciario de Mendoza, sin distinción de jerarquías ni escalafón, deberá entregar una declaración jurada de su patrimonio al 31 de diciembre de 2020. Así lo estableció la Inspección General de Seguridad (IGS), que a su vez fijó la fecha límite para esta presentación en el 30 de junio.

La decisión se tomó mediante la Resolución 344, que salió publicada este martes en el Boletín Oficial. El texto señala que esta decisión se debe a que es facultad del organismo "realizar controles en la evolución del patrimonio del personal policial y penitenciario mediante la recepción y análisis de las declaraciones juradas patrimoniales".