Su caso es distinto al de las otras víctimas. Saulo Rojas tenía 23 años, era diabético y sufría problemas de adicción. Por una orden judicial, en junio de 2012 fue internado en el centro de rehabilitación San Camilo, en Pilar, provincia de Buenos Aires.

Un año después, Myriam Lucero, su madre, recibió una llamada con la peor noticia: Saulo había fallecido. La causa había sido un infarto, según le dijeron. Lo que en realidad había sucedido comenzó a saberse meses después.

Saulo se había quitado la vida en una celda de aislamiento. Lo habían dejado allí adentro, sin quitarle su cinturón, tras negarle la dosis diaria de insulina. En noviembre de 2017 cerró San Camilo, luego de una investigación que despegó solo después de la investigación del periodista Pablo Galfré.

En la parte delantera, la celda de la granja de rehabilitación donde fue encontrado fallecido Saulo Rojas. Foto: Página/12.

“Se pudo rescatar a 63 chicos que estaban siendo torturados, tanto física como psicológicamente”, manifestó la madre de Saulo Rojas. “El punto donde está la responsabilidad del Estado es que lo envió un juez de Mendoza y, una vez que falleció mi hijo, jamás se ocuparon de averiguar qué le pasó”, explicó.

Con esta certeza, Myriam Lucero y el resto de la organización Familiares de Víctimas de Violencia Institucional, junto a otras, dieron una conferencia de prensa en la Legislatura. El motivo fue difundir la situación y dar detalles sobre la Marcha Contra el Gatillo Fácil y la Impunidad que se hará en simultáneo con otras provincias este lunes 27 a las 17, desde la Legislatura hasta Tribunales Provinciales.

Convocan a marchar contra el gatillo fácil y la impunidad

El lunes 27 de agosto, a las 17, Mendoza se sumará al colectivo nacional que reclama justicia por los crímenes del Estado durante la democracia.

“Estamos cansados de la complicidad del Estado”

En diálogo con este medio, Lucero apuntó a la Justicia y denunció encubrimiento ante los casos de muertes de hombres y mujeres perpetradas por las fuerzas de seguridad en la democracia. “Son aproximadamente ya 203 casos de gatillo fácil”, informó.

Agregó: “Estamos cansados de la complicidad del Estado cuando se trata de uniformados. Por eso le decimos basta al gatillo fácil, basta de impunidad, queremos juicios justos y, en lo posible, rápidos”. Además, la madre de Saulo arremetió contra la gestión de Alfredo Cornejo: “Avalan la mano  dura. Eso es una realidad, es conocido (…) Estamos en peligro”.

“Nosotras somos madres, son nuestros hijos, es nuestra sangre, es nuestra carne. Nos la pueden pintar como quieran, pueden decir lo que quieran. Es a nosotras a quienes nos duele. La ausencia de nuestros hijos. Es así de simple”.