Los extrabajadores de YPF tienen sentimientos encontrados. Por un lado, consideraron como un triunfo haber logrado una ley que les otorgó la indemnización que les corresponde, pero por otro, criticaron la reglamentación de la norma, porque advirtieron serias falencias en los modos.

En comunicación telefónica con Unidiversidad, Silvia Jayo, integrante de la Coordinadora nacional de extrabajadores de YPF, aseguró que marcharán al Congreso este miércoles 23 para pedir al Ejecutivo que realice modificaciones a la reglamentación de la ley, que fue anunciada la semana pasada por la presidenta Cristina Fernández.

La ingeniera química, que en 1992 sufrió el “retiro voluntario”, enumeró los cuatro puntos que tendrá el petitorio que entregarán a los legisladores en el Congreso y que detallan las modificaciones que solicitan. Estos son: que les paguen con bonos al precio de cotización y con los intereses acumulados; que como mínimo cada agente cobre un piso de 956 acciones; que la liquidación sea en un plazo breve y que se modifique el punto que prevé que los herederos sólo puedan acceder al cobro si realizan una sucesión.
 

Triunfo en el Congreso

Después de años de lucha, en abril el Congreso aprobó la ley 27133 que estableció el pago de indemnizaciones para los extrabajadores YPF, sus herederos o derechohabientes, que no adhirieron al Programa de Propiedad Participada, o que habiéndolo hecho, no recibieron el efectivo traspaso a su nombre de las acciones que les correspondían. La norma estableció que también accederían al beneficio los agentes que no percibieron las indemnizaciones determinadas en sentencias judiciales, o los que habiéndolas cobrado, tenían una diferencia a su favor.

Según la ley, cada uno de los 36 mil exagentes –de los cuales 4000 son mendocinos– recibirá un monto que será equivalente a la suma de 956 acciones de YPF, para las que se estableció un valor mínimo de 311 pesos. Es decir que cobrarían alrededor de 350 mil pesos.

La historia de esta lucha se remonta a 1991, cuando YPF pasó de ser Sociedad del Estado (SE) a Sociedad Anónima (SA), luego se privatizó y se prometió a los trabajadores el cobro de las acciones del Programa de Propiedad Participada. Pero en los dos años siguientes, la nueva conducción despidió al 75 % de los empleados, los que quedaron sin posibilidad de cobrar, por una resolución del exministro de Economía Domingo Cavallo, que dispuso que sólo podían obtener el dinero de las acciones los operarios en funciones.

En el 2001, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso que el Estado debía pagar las acciones a quienes eran empleados de YPF al 1.º de enero de 1991. El primer paso para acatar ese fallo se dio en abril con la aprobación de la ley.

La posibilidad de cobrar las indemnizaciones se hizo palpable la semana pasada, cuando la presidenta, Cristina Fernández, anunció la reglamentación del procedimiento para el pago. La reglamentación fue publicada en el Boletín Oficial y marca los alcances de la resolución 877 del Ministerio de Economía, que establece el resarcimiento para los ex agentes y sus herederos.
 

Las críticas

Ni bien conocieron los detalles de la reglamentación, los integrantes de la Coordinadora nacional de extrabajadores de YPF pidieron al Ejecutivo realizar cambios. Jayo calificó a la ley como un triunfo que lograron gracias a una lucha de más de 20 años, pero comentó que en cada instancia por la cual pasó la norma le hicieron una quita a la indemnización que finalmente cobrarán los trabajadores. Y aseguró que esas quitas, muchas de las cuales están relacionadas con las dilaciones en la aprobación de la norma, afectan entre el 30 y el 40 % del monto total que deben cobrar.

En cuanto a la reglamentación, la exagente de YPF consideró desfavorable que los pagos se realicen con bonos de consolidación de deuda 2022, serie 08, al precio técnico estipulado al 28 de mayo de 2015. Explicó que el problema es que a la hora del cobro, deben vender los bonos al precio de cotización en el mercado, lo cual –aseguró– les hace perder dinero.

El otro problema que marcó fue que la reglamentación prevé que las familias de los ypefianos que fallecieron deben realizar la sucesión para acceder al beneficio. Dijo que estas personas son las que más sufrieron y que ahora las castigan con un trámite que es engorroso y oneroso.

Jayo también marcó como un inconveniente que las personas que hicieron juicio al Estado y aún no lograron una sentencia tengan que desistir del mismo. Eso –dijo– también significa un trámite que lleva tiempo y dinero.

Los ex-ypefianos marcharán al Congreso este miércoles 23 para pedir las modificaciones a la reglamentación. Los cuatro puntos que incluirán en el petitorio son: que les paguen con bonos al precio de cotización y con los intereses acumulados; que como mínimo cada agente cobre un piso de 956 acciones; que la liquidación sea en un plazo breve y que se modifique el punto que prevé que los herederos sólo puedan acceder al cobro si realizan una sucesión.

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