Luego de que la Suprema Corte de Justicia fallara a favor de un Habeas corpus presentado para mejorar las condiciones de 4965 personas privadas de la libertad, el dinero que se necesita para cumplir con este anhelo entró en el debate sobre la seguridad. El análisis arrancó este martes 7 cuando la Comisión de Hacienda empezó a trabajar en el proyecto que busca tomar deuda para construir nuevas penitenciarías y cumplir con el proyecto del Ejecutivo de ejecución de obras.

Ignacio Mulet, director de Enlace y Servicio Penitenciario y miembro de la Comisión, afirmó que es necesario construir más unidades penitenciarias, para que las personas que están privadas de la libertad puedan gozar de sus derechos, trabajar, educarse. Según expresó, “el proyecto es necesario para tener cárceles ordenadas, mejoradas y con nuevas unidades para otorgarles más espacio a los presos  para que puedan vivir mejor”.

El funcionario explicó además que el dinero por el que la provincia quiere endeudarse es para la construcción de nuevos penales. Indicó que la refacción de las unidades penitenciarias está prevista en la Ley de Emergencia en Seguridad, aprobada por el Senado en marzo de este año. Este proyecto envía 125 millones de pesos para los penales y 125 millones más para el penal de San Rafael.

En declaraciones a la prensa, Mulet aprovechó y brindó detalles de Penal Federal, un proyecto que viene en cartera desde 2010. En este caso indicó que las obras del penal federal, que se encuentra frenado y fue nombrado por el informe “El estado del Estado”, estará listo en 520 días luego del reinicio de las obras.

“Ese complejo federal descomprimiría a los presos federales. Tenemos una idea de 480 presos, pero no lo estoy diciendo con seguridad, habría que ver específicamente. Se agrega una nueva unidad penitenciaria e incorpora 20 plazas más, mejora las condiciones”, afirmó.

En este sentido, Jorge López, presidente de la comisión de Hacienda, aseguró que lo más inmediato es culminar con la cárcel federal. El funcionario afirmó que esta obra se suma a las medidas del Ejecutivo para hacerle frente a la inseguridad, como los casos de prisión domiciliaria, pero afirmó que no se obtendrán efectos inmediatos. “Estas herramientas no pueden ser la solución a partir de mañana. En dos años o tres años tendremos efectos positivos sobre esta medida”, argumentó.
 

Un debate que viene desde hace tiempo

La seguridad es uno de los estandartes de gestión de Cornejo, pero el debate no es nuevo. Desde 2015 el Ejecutivo y la Justicia mantienden una disputa de idas y vueltas sobre la situación de los presos y sus condiciones de vida.

El 5 de octubre de 2015, el abogado Carlos Varela presentó un Habeas corpus para mejorar las condiciones de los presos, en especial los de Almafuerte y San Felipe. La Corte llamó a una reunión para acordar las obras necesarias para mejorar el sistema, en la que el Ejecutivo incluyó obras privadas. En el informe indicó que para su construcción se necesitan 1100 millones  de pesos; para aprobarlo debe pasar por la Legislatura y obtener dos tercios de los votos. Esto quiere decir que el oficialismo necesita de los votos del FpV para su aprobación.

Esto mismo es lo que avalaron los supremos el lunes 6 de junio. En el fallo aceptaron emplazar a cumplir el plan oficial para mejorar las condiciones de vida de los internos del sistema penitenciario mendocino.