Estudiantes y docentes no binaries advierten sobre la amenaza a sus derechos humanos y lingüísticos
"Con lenguaje inclusivo no estamos disputando un lugar en la gramática, sino un lugar en la sociedad, y estamos invitando a repensar lo que significa sostener esta matriz heteronormativa que sigue generando violencia", sostuvo Manu Mireles, docente no binarie de la UBA.
Foto: Télam
A partir de entender al lenguaje inclusivo como un espacio de disputa por el sentido y los derechos, docentes y estudiantes no binaries rechazaron la decisión del Ministerio de Educación porteño de prohibir su uso en las comunicaciones oficiales y su uso pedagógico y didáctico, al considerar que la medida "anula la vivencia de la identidad" y habilita la proliferación de discursos de odio y violencias que atentan contra sus existencias.
Agus Noceti y Manu Mireles, docentes no binaries de la Escuela N.º 19, del barrio de Lugano, y del Bachillerato Popular Travesti-Trans Mocha Celis respectivamente, coincidieron en que, lejos de ser una cuestión meramente gramatical, el lenguaje inclusivo supone un reflejo de luchas y avances en derechos humanos dentro de los cuales ubicaron a los "derechos lingüísticos".
"Con lenguaje inclusivo y no binario, no estamos disputando un lugar en la gramática, sino un lugar en la sociedad, y estamos invitando a repensar lo que significa sostener esta matriz androcéntrica, cis, sexista y heteronormativa que sigue generando violencia en la vida cotidiana y aniquilando personas", sostuvo Mireles, docente de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Tres de Febrero.
El pasado jueves, el Ministerio de Educación que encabeza Soledad Acuña avanzó en la prohibición del lenguaje inclusivo en forma institucional en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, con sanciones previstas para quienes incumplan la medida.
Manu Mireles consideró "totalmente inaplicable" esta medida en la Mocha Celis, donde generó "mucha angustia y ansiedad". Foto: Víctor Carreira
Al respecto, Mireles aseveró que esta medida significa "un retroceso en términos de garantizar la justicia social, la ciudadanía y la democracia para todas las personas", al tiempo que "viola la normativa vigente", como la Ley de Identidad de Género, la Ley de Educación Sexual Integral y la Ley Micaela. Sin embargo, pese a las intenciones, una construcción colectiva, dinámica y siempre en transformación, como es la lengua, "no resulta gobernable".
Aunque a veces se perciba "prístino e inalterable", el lenguaje, aseguraron, pertenece a quienes lo hablan. Nace de "las necesidades de las personas que lo hablan y de la necesaria representación de nuestras identidades".
Las retóricas de prohibición de palabras, que no eran obligatorias, son "retóricas profundamente políticas, de censura, de violencia", que "anulan la existencia de una persona y la vivencia de la identidad en plena democracia".
Por ello, Mireles consideró "totalmente inaplicable" esta medida en la Mocha Celis, donde generó "mucha angustia y ansiedad". En igual sentido, Cristina Montserrat Hendrickse, abogada y docente trans en una escuela porteña, comunicó su decisión de no acatar una resolución que vulnera su derecho humano a la identidad de género, alegando "objeción de conciencia", ya que "invisibiliza las diversidades sexogenéricas".
"La pretensión de hablar negando las diversidades de género a las cuales orgullosamente pertenezco como mujer trans me impide autocensurarme, autonegarme y autoinvisibilizarme, por lo que, desde ya, planteo objeción de conciencia para cumplir una resolución que vulnera mi derecho humano a la identidad de género", expresó Cristina Montserrat Hendrickse.
"Esto nos atañe a todes porque atenta contra nuestras existencias, no solamente las de quienes no somos cisheterosexuales, sino también las existencias de los colectivos más vulnerables en general", expresó por su parte Noceti. Medidas de este tipo "tienen efectos reales y concretos" en las vidas de las personas trans y no binaries, aseguró Noceti, que advirtió: "Van generando el caldo de cultivo para que se profundicen sentidos comunes que habiliten las violencias que denunciamos y resistimos". Y añadió: "Lo preocupante es el corrimiento del sentido, se quiere instalar que, si los chicos y las chicas no saben leer, es por la (llamada) 'ideología de género', borrando las reales causas de los problemas del sistema educativo, que nadie los niega, y se construye un sentido común que es muy difícil de romper".
Una abogada y docente trans declaró su objeción de conciencia
La abogada y docente trans Cristina Montserrat Hendrickse decidió no acatar la resolución de la administración de Horacio Rodríguez Larreta que prohíbe el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas, al considerarla "a todas luces discriminatoria y anticonstitucional", por lo que alegó su "objeción de conciencia", ya que "invisibiliza las diversidades sexogenéricas".
"La resolución invisibiliza las diversidades sexogenéricas, en las cuales yo me considero incluida en razón de ser una mujer trans. Entiendo que me están coaccionando a invisibilizarme, a censurarme, están coartando mi libertad de expresión y, principalmente, mi derecho humano a la identidad de género", dijo Montserrat Hendrickse.
Cristina tiene 53 años, es abogada recibida de la Universidad de Buenos Aires, con cuyo título ejerce desde hace 28 años y dicta clases de Historia en la Escuela Normal Superior N.º 6 Vicente López y Planes de la Ciudad de Buenos Aires. Desde esa institución, recibió el lunes un correo electrónico informando sobre la nueva resolución del Gobierno porteño a través del cual se ordena a docentes a desarrollar las actividades de enseñanza y realizar las comunicaciones institucionales "de conformidad con las reglas del idioma español, sus normas gramaticales y los lineamientos oficiales para su enseñanza".
"La pretensión de hablar negando las diversidades de género a las cuales orgullosamente pertenezco como mujer trans me impiden autocensurarme, autonegarme y autoinvisibilizarme, por lo que desde ya planteo objeción de conciencia para cumplir una resolución que vulnera mi derecho humano a la identidad de género", afirmó Cristina en respuesta al correo enviado por la institución académica. "Por lo expuesto –continuó–, solicito se haga saber a la señora ministra (en referencia a Soledad Acuña) que no cumpliré su arbitraria, ilegítima, discriminatoria e inconstitucional resolución, y que hago reserva de iniciar acciones contra ese Gobierno por afectar mis sentimientos más íntimos y mi proyecto de vida".
También indicó que continuará dictando clases porque no buscará "afectar el interés superior de niños, niñas y adolescentes a la educación". Finalmente, si bien por su edad no está acostumbrada al uso del lenguaje inclusivo, consideró: "La prohibición estimula a reforzarlo y a afianzarlo para garantizar mi visibilización".
Frente a lo que consideran "débiles argumentos" del Ministerio de Educación porteño, Em y Noah, dos estudiantes no binaries de la Escuela Normal Superior 2 Mariano Acosta, aseguraron que el lenguaje inclusivo logra que las personas no binarias se sientan "seguras e incluidas" en el espacio educativo.
"Es una forma de seguir avanzando en construir una sociedad más igualitaria, que es algo por lo que se está luchando hace mucho tiempo", expresó Em.
El masculino genérico del español es "un claro reflejo del sistema patriarcal", sostuvieron. En ese contexto, el lenguaje inclusivo viene a "incluir a las personas que no se sienten bien al ser encasilladas en un pronombre regido por la sociedad", dijo por su parte Noah, que cuestionó que "se tomen decisiones unilaterales sin abrir debate con las personas que realmente están involucradas". Asimismo, coincidieron en que resulta "mucho más importante estudiar en condiciones más humanas, sin hambre y sin frío, que estudiar con lenguaje inclusivo, que aporta más a crecer como sociedad".
En el Mes del Orgullo y con recientes manifestaciones violentas, como el incendio del Hotel Gondolín, ubicado en el barrio porteño de Palermo, o la vandalización del Mocha Celis, docentes y estudiantes consideraron que la reciente resolución da un mensaje de "un nivel de violencia muy grande".
Fuente: María Clara Olmos para Télam
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