Estudiantes de todos los niveles recibirán educación ambiental
El Senado aprobó la ley en la madrugada de este viernes. El objetivo es que los chicos y chicas aprendan el respeto por la biodiversidad, la diversidad cultural y el cuidado del patrimonio natural y cultural.
Foto publicada en rosario3.com.
La Cámara de Senadores de la Nación aprobó en la madrugada de este viernes la ley que implementa la educación ambiental como una política pública "permanente, transversal e integral" en todos los establecimientos educativos de la Argentina. Además, la norma busca fomentar la participación ciudadana y la formación de un pensamiento crítico que abogue por el cuidado del patrimonio natural y cultural.
El proyecto, aprobado con el voto afirmativo de los 58 legisladores presentes, pretende que los y las estudiantes puedan adoptar un enfoque que permita comprender la interdependencia de todos los elementos que conforman e interactúan en el ambiente, el respeto y valor de la biodiversidad, la equidad, el reconocimiento de la diversidad cultural, el cuidado del patrimonio natural y cultural, y el ejercicio del derecho a un ambiente sano.
La norma crea la Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral (Eneai) como "principal instrumento de la política de educación ambiental en todo el territorio nacional".
Sus objetivos son elaborar y diseñar políticas nacionales, y orientar políticas jurisdiccionales, estrategias y acciones de educación ambiental integral; alcanzar la más amplia cobertura territorial, social y sectorial a nivel nacional, y generar consensos sociales sobre los cuales establecer acuerdos temáticos y prioridades. Además, con motivo de celebrarse cada año el Día Mundial del Ambiente, y con el propósito de afianzar el compromiso con el ambiente en toda la sociedad, cada jurisdicción deberá promover una acción comunitaria en la que se fomente el "Compromiso Ambiental Intergeneracional", en el cual las personas tengan la oportunidad de establecer un pacto de responsabilidad con el ambiente y las generaciones sucesivas.
Cada jurisdicción dispondrá la modalidad de implementación en la agenda educativa de al menos una jornada o espacio de mejora institucional dedicada a la educación ambiental. Dará debida difusión sobre la actividad y sus participantes, así como la entrega de menciones por la participación.
El proyecto establece que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Consejo Federal de Medio Ambiente tendrán la facultad de implementar las diferentes estrategias en el ámbito de la educación no formal, tecnologías de información y comunicación (TIC) y medios de comunicación.
Sobre la norma, Gabriela Luquez, secretaria general del Instituto de Ciencias Ambientales de la UNCUYO, dijo a Señal U: "Implica una modificación enorme en cómo implementar la transversalidad del ambiente en toda la currícula, sea en la primaria, la secundaria o la universidad. Necesitamos generar innovación, nuevas cabezas y formar nuevos líderes que nos lleven hacia el camino de la solución de estas problemáticas”.
Foto: Télam
El debate
La presidenta de la Comisión de Educación del Senado, la oficialista sanjuanina María del Carmen López Valverde, dijo: "Para tener el ambiente que deseamos, ese deseo tiene que ir de la mano de la educación de jóvenes y niños. La escuela debe estar presente". La legisladora opinó también: "Este proyecto de Educación Ambiental Integral percibe un enfoque dinámico en el que se toma conciencia de la relación con el medio".
Por su parte, la titular de la Comisión de Ambiente de la Cámara Alta, la opositora bonaerense Gladys González, afirmó: "La humanidad vuelve a enfrentarse a una pandemia que pone en crisis la forma en que vivimos. Lo que decidimos hoy va a ser determinante para evitar futuras pandemias. La forma efectiva de obtener ese cambio cultural que necesitamos es la educación". En tanto, Antonio Rodas, del Frente para la Victoria, vicepresidente de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, consideró que la ley sancionada constituye "una deuda que tenía la democracia" y valoró que la norma "otorga a los diversos sectores de la población herramientas e información para el uso sostenible de los recursos naturales".
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