“Esto nos explotó en las manos”: fue la expresión del procurador de la Corte, Alejandro Gullé, para explicar que llevará tiempo organizar la unidad fiscal especializada en delitos de género, que intentará poner en marcha antes de fin de año. A raíz de los tres femicidios que se produjeron en pocos días en Mendoza, la vicegobernadora, Laura Montero, se reunió con los integrantes de la Suprema Corte de Justicia y con el procurador.

Las autoridades trabajaron en ajustar la necesaria coordinación que debe existir entre los organismos de diversos poderes del Estado para dar una respuesta real a las víctimas de violencia de género. Algo que, por ejemplo, no ocurrió en el caso de la joven Ayelén Arroyo, que pese a haber denunciado a su padre por abuso fue asesinada y su progenitor quedó detenido como el principal sospechoso.

Al concluir el encuentro, tanto Gullé como Montero marcaron que cualquier cambio que quieran realizar, debe ser en el marco del acotado presupuesto con que se manejan, lo que impide crear nuevos cargos y contar con espacios físicos para, por ejemplo, abrir la nueva unidad fiscal. Gullé explicó que está armando la unidad fiscal especializada en violencia de género, pero que recién se pondrá en marcha cerca de fin de año. La razón –dijo– es que no cuenta con espacio físico, ni puede contratar personal, es decir que sacará gente de una fiscalía para ponerla en otra, lo mismo que con los psicólogos que formen parte del equipo.

El procurador desmintió que en la futura unidad sólo vayan a trabajar mujeres, aunque sí aclaró que formarán parte de ella fiscales que trabajan hace tiempo en la temática. “Esto no se puede hacer de un día para otro, esto nos explotó en las manos. No podemos abrir en dos días una fiscalía para que funcione mal. Preferimos tomarnos unos días más y reorganizar las cosas como corresponda para instalar la unidad fiscal de violencia de género”, fueron las palabras del procurador.
 

Coordinar acciones

Montero explicó que en el encuentro definieron coordinar acciones entre los poderes y ajustar algunos mecanismos que hoy están en vigencia y están amparados por una ley, pero en la práctica no funcionan, o por lo menos no como debieran para proteger a las víctimas.

La vicegobernadora comentó que el primer punto es aceitar los mecanismos de conexión entre la línea 144 (que recibe denuncias por violencia), que maneja la Nación, y la coordinación que se realiza para dar aviso inmediato al 911. La funcionaria dijo que el sistema no cuenta con el número de operadores que necesita, lo que aseguró empezarán a cambiar, ya que la Nación destinó 750 millones de pesos para hacer efectivos los mecanismos previstos en la Ley 26485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

Montero comentó que otro de los cambios será brindar más competencias a los jueces de Paz, para que puedan tomar las primeras medidas de protección que resguarden a las víctimas de violencia. Esto es porque en Mendoza conviven dos sistemas judiciales: en la primera y la tercera circunscripción (Gran Mendoza y Lavalle) funciona el nuevo Código Penal y las denuncias se realizan ante un fiscal, pero en el Valle de Uco y el Sur sigue vigente el viejo sistema, por el cual es la policía la que toma la denuncia, aunque no siempre sabe cómo actuar.

La vicegobernadora explicó que buscan lograr una atención interdisciplinaria no sólo de las víctimas sino también de los victimarios, ya que aseguró que nunca se trabaja con ellos.