Finalmente, la despapelización de los procesos de justicia, a través de la implementación del expediente digital en todas las instancias de un proceso, es una realidad tangible y con fecha de inicio. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Dalmiro Garay, anunció que el 1.º de agosto de este año se comenzará con la implementación del expediente electrónico.

El anuncio lo hizo durante su discurso en la apertura del año judicial, que por razones sanitarias y para poder cumplir con los protocolos establecidos, se realizó en el Auditorio Ángel Bustelo. Garay estuvo acompañado de los seis ministros que completan el Alto Tribunal, el gobernador Rodolfo Suarez y las principales autoridades públicas de la provincia.

Durante su discurso, el presidente de la Suprema Corte repasó las acciones realizadas durante el 2020 –signado por la pandemia– y detalló la labor de cada uno de los fueros. Cerró su mensaje con una invitación a la clase política a entablar "una franca discusión de ideas" para evitar la judicialización de los debates.

Despapelizar

Dentro de las proyecciones 2021, Dalmiro Garay anunció la novedad más importante y que marcará un hito en cuanto a tecnologización y modernización de todo el servicio de justicia: "A partir del 1.º de agosto, los expedientes que se tramiten en todos los fueros del Poder Judicial de Mendoza serán, desde el inicio hasta su final, completamente electrónicos. El Poder Judicial, desde esa fecha en adelante, prescinde del expediente papel para pasar a un nuevo modelo de gestión de procesos, más ágil, más transparente, más seguro y más sustentable", aseguró.

El expediente electrónico es un anhelo por el que se ha trabajado durante años y que finalmente concretará esta Corte, que claramente busca dotar de herramientas tecnológicas a todo el sistema de justicia. Tanto es así que el presidente del Alto Tribunal anunció también el primer desarrollo de software nativo del Poder Judicial: el sistema de expediente electrónico LED, desarrollado íntegramente por personal del Fuero Penal Colegiado y la Secretaría de Modernización de la Corte.

"La puesta en marcha de estos nuevos sistemas en los procesos jurisdiccionales y administrativos de la provincia implicará también, además de hacer más sustentables los mecanismos de trabajo, un ahorro en los recursos financieros que hoy el Poder Judicial destina a la compra de insumos. Solo en papel, dejaremos de consumir más de 30 toneladas al año, con un costo superior a los 12 millones de pesos", ejemplificó Garay.

Invitación al dialogo

"Siempre que priorizamos lo particular al bienestar general, indefectiblemente, la que termina afectada es la ciudadanía. Es por ello por lo que invito y exhorto a la clase política de la provincia a que en la franca discusión de ideas puedan resolver los conflictos que diariamente les pondrá a prueba la realidad, evitando la judicialización de estas discusiones, pues sin dudas, un tribunal de justicia no es a veces el mejor escenario para debatir, ni por la estructura de ese debate ni por los tiempos en que se produce. No obstante, esta Corte siempre estará dispuesta a actuar cuando cualquier justiciable pida su intervención, cumpliendo así el mandato constitucional que nos cabe, de garantizar el acceso a la justicia de todas y todos", dijo ante un auditorio en el que escuchaban autoridades de todos los estamentos políticos y públicos de Mendoza.

Suarez adelantó posibles reformas 

El gobernador Rodolfo Suarez cerró el acto poniendo el acento en el impulso a una reforma constitucional que impulsa desde su gestión. En ese sentido, puntualizó las iniciativas propuestas para el Poder Judicial. "Dentro de esas reformas, se proponen temas de trascendencia particular para el Poder Judicial, como lo atinente a que la resolución de las acciones de inconstitucionalidad y el conflicto entre poderes del Estado sea resuelto por el pleno de la Suprema Corte. También se propone debatir la creación, dentro de la Constitución, de una sección sobre órganos extrapoder en la que se considere la inclusión del Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa. Asimismo, se pone a consideración el tope de edad jubilatoria para magistrados en 70 años", dijo Suarez.

A modo de adelanto, el Gobernador anunció la creación de una comisión que trabajará en la ampliación de los juicios por jurados populares a otros delitos del fuero penal –actualmente se realizan sólo para los homicidios agravados previstos en el artículo 80 del Código Penal–. "No tengo dudas de que el juicio por jurados populares otorga mayor transparencia a las decisiones judiciales y contribuye a incrementar la confianza de la sociedad en la justicia, generando un vínculo de interés de la comunidad sobre los asuntos judiciables que contribuye a mejorar el desenvolvimiento de la vida social", cerró.