A fines de abril el gobierno nacional presentó su proyecto de ley contra la “extranjerización” de la tierra que, junto a otros doce sobre el mismo tema, entró hace dos semanas en la Comisión de Legislación de la Cámara de Diputados para su debate.

Las comillas que encierran la palabra extranjerización no son un error de tipeo. Significan que más allá del texto, las mejores tierras de nuestro país ya están en manos extranjeras.

El proyecto no hace más que legalizar esta situación al establecer en su artículo 16 que “la presente ley no afecta derechos adquiridos”. Pero, además, posibilita empeorar el panorama existente ya que el límite máximo a la tenencia de tierras en manos extranjeras es llevado al 20 por ciento, el doble del territorio que actualmente se estima es propiedad foránea. Por lo tanto, abriría la posibilidad de venta de tierras por una extensión similar a la que hoy ya no nos pertenece.

Si bien no existen en nuestro país registros precisos sobre la propiedad foránea de la tierra, la Federación Agraria Argentina la estimó hace algunos años en casi 17 millones de hectáreas de las mejores tierras.

Nos preguntamos cuál es el sentido de elevar ese porcentaje cuando, tal como dice la presentación de este proyecto ante el Congreso, la tierra es un recurso estratégico natural y escaso. A nadie son ajenas las necesidades mundiales de tierras para producir alimentos y para obtener agua potable. Nuestro territorio posee ambas cosas lo cual lo hace altamente apetecible.

Por otra parte, el problema de la tierra en nuestro país no es solamente su extranjerización sino su concentración en extensos latifundios, incluso en manos nacionales. Con regularidad publicamos información sobre campesinos y pueblos originarios a quienes los empresarios - con la connivencia del poder político y de la justicia- intentan expulsar de sus tierras (a veces lo logran) para plantar soja, utilizar el agua o extraer petróleo.

Nadie puede pretender que este gobierno avance en un proyecto de reforma más profunda respecto a la tenencia de la tierra. Pero hay que desnudar cómo nuevamente construyen un discurso que no refleja la realidad.

Vayamos por partes. La propaganda que sobre este proyecto puede verse en el canal estatal dice: “Estamos orgullosos. Los dueños de nuestras tierras seguiremos siendo los argentinos”. Esto no es así actualmente (ver mapa)

Y este proyecto tampoco lo garantiza porque aclara que no afectará “derechos adquiridos”, sino que habla de “regular un previsible incremento de propiedad extranjera” y de “limitar un proceso de concentración de grandes extensiones de tierras en manos de capitales financieros”. Regular y limitar no es detener la extranjerización ni prohibir nuevas adquisiciones a los millones de hectáreas que ya no nos pertenecen. El mismo proyecto da cuenta que a partir de los 90 habrían pasado a manos de capitales extranjeros tierras rurales en 19 provincias. La Federación Agraria habla de 23 de un total de 24.

El proyecto permite además que las tierras en manos extranjeras lleguen hasta el 20 por ciento del territorio nacional. Este porcentaje, además de duplicar la extranjerización producida en la época del menemismo, representa una extensión equivalente a la superficie que abarcan sumadas las provincias de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco y Corrientes!

Por otra parte, no prohíbe, sino que condiciona al consentimiento del Ministerio del Interior, la venta a extranjeros de tierras en zonas llamadas de seguridad o de frontera. Pero además elude mencionar en forma taxativa a tierras en las que puedan existir reservorios de aguas en superficie o subterráneas, petróleo, minerales, bosques nativos y menos aun a territorios ocupados por pueblos originarios. Para mencionar algunos, recordamos el litigio por Lago Escondido en la Patagonia y los Esteros del Iberá en la zona del Acuífero Guaraní.

El proyecto define la realización de un relevamiento catastral y la creación, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de un Registro Nacional de Tierras Rurales. Pero no establece una auditoría de todas las operaciones de ventas de tierras ya realizadas que permitiría saber cuáles fueron adquiridas a precios irrisorios o haciendo uso de medidas de excepción otorgadas por los gobiernos provinciales o municipales. Esas ventas deberían anularse porque no se puede hablar de derechos adquiridos sobre la base de ilícitos.

Un ejemplo de esta situación lo dio el Concejo Deliberante de la ciudad de Viedma cuando en enero de este año rechazó la venta de tierras a extranjeros y exhortó a los gobiernos municipales, provinciales y nacional a tomar medidas que permitan hacer un seguimiento de cualquier transacción. Entonces puso énfasis en particular en la llamada Zona de Seguridad y tomó en cuenta un informe de la Auditoría General de la Nación elaborado en 2008 sobre la región Andino-Patagónica. En el mismo se revelaban irregularidades en casi un 55 por ciento de los expedientes sobre los que se confirmaron ventas, dominios, arrendamientos y locaciones de inmuebles.

La familia de los italianos Benetton tiene casi un millón de hectáreas en Santa Cruz, Río Negro, Chubut y Neuquén; el “filántropo” Douglas Tompkins es dueño de 350 mil hectáreas en varios lugares especialmente en los Esteros del Iberá; Ward Lay, magnate norteamericano vinculado a la empresa Pepsico controla 80 mil hectáreas en Neuquén. Pero también son los estados extranjeros los que vienen por las tierras. El principal grupo agrícola de China, la estatal Heilongjiang Beidahuang Nongken Group, firmó a fines de 2010 un convenio con el gobierno de Río Negro por el cual se le entregarían más de 200 mil hectáreas para producir soja.

Mientras tanto, hacia el norte, en la provincia de Chaco, los Pueblos Originarios Qom, Wichí y Mocoví, reclaman, desde tiempos de la Ley provincial del Aborigen y de la Reforma de la Constitución provincial, un millón ochenta mil hectáreas. Hasta ahora, no se ha llegado a devolverles más de 475 mil hectáreas.