Con la designación formal de ocho representantes de la Cámara de Diputados, quedó finalmente conformada la comisión bicameral que analizará los decretos de necesidad y urgencia de Javier Milei (como los de cada presidente o presidenta de la Nación), ya que la titular del Senado, Victoria Villarruel, ya hizo lo mismo hace más de un mes. Ahora empezará el camino para evaluar la validez o invalidez del instrumento presentado por el Poder Ejecutivo el pasado 20 de diciembre y con vigencia desde el 29 de ese mes, excepto los apartados frenados por la Justicia. Esto significa que la comisión no deberá juzgar el contenido de los más de 300 artículos que tiene puntualmente el mega DNU 70/23.

Así, el dictamen de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo deberá pronunciarse expresamente sobre la procedencia formal –plazos y firmas, básicamente– y la adecuación a los requisitos sustanciales previstos en la ley y en la Constitución –que no trate sobre las cuatro materias vedadas (penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos)–, y que, efectivamente, medien las “circunstancias excepcionales” de “necesidad” y “urgencia” que hicieran imposible seguir el trámite ordinario para la sanción de las leyes. 

Es decir que el Congreso no se expresa sobre la cuestión de fondo. No tiene facultades para decidir, en el marco de la revisión del decreto, si las medidas adoptadas son las más apropiadas. En esa línea, ni la Cámara de Diputados ni el Senado pueden introducir enmiendas, agregados o supresiones al texto enviado por el Ejecutivo.

¿Y cómo se expide la bicameral? A través de dictámenes de comisión. Se aprueban con la firma de la mayoría absoluta de miembros de la comisión: más de la mitad de las personas presentes. Si hay más de un dictamen con igual número de firmas, el dictamen de mayoría es el que lleva la firma del presidente, ya que, en caso de empate, su firma vale doble.

Demoras, apoyos y rechazos

La designación de miembros de la bicameral se trabó en Diputados porque la Libertad Avanza (LLA) y Unión por la Patria (UxP) se disputaban uno de los ocho lugares que pertenecen a la Cámara Baja a partir de diferentes interpretaciones de lo que señalan las normas reglamentarias. La cuestión de la conformación se saldó con la asignación de tres espacios a UxP, en lugar de los cuatro que solicitaba. 

Serán parte de la bicameral los diputados y las diputadas: Oscar Zago, presidente del bloque La Libertad Avanza, y Lisandro Almirón, por el oficialismo; Hernán Lombardi, por el PRO (espacio que es aliado incondicional del gobierno de Javier Milei); Francisco Monti, por el radicalismo; Nicolás Massot, de Hacemos Coalición Federal; y Carolina Gaillard, Ramiro Gutiérrez y Vanesa Siley, de Unión por la Patria (UP). Es decir, tres apoyos seguros a los DNU de Milei, tres rechazos seguros y dos incógnitas.

Estos nombres se suman a las senadoras y los senadores nacionales Juan Carlos Pagotto (LLA); Víctor Zimmermann (UCR); Luis Juez (PRO); Juan Carlos Romero (CF); Carlos “Camau” Espínola (UF); y Anabel Fernández Sagasti, Mariano Recalde y María Teresa González, de UxP. En la Cámara Alta la situación es más incierta que en Diputados, con tres rechazos seguros, dos apoyos seguros y tres incógnitas.

De 16 integrantes se cuentan, entonces, seis rechazos seguros, cinco apoyos seguros y cinco incógnitas.

Villarruel dispuso hace más de un mes la conformación de representantes del Senado para la Bicameral. Foto archivo: Pepe Mateos / Télam

Plazos vencidos

De acuerdo a la Ley 26122 de 2006 –que regula el trámite y alcances de la intervención del Congreso respecto de los decretos que dicta el Poder Ejecutivo–, los plazos para la conformación de la bicameral ya se vencieron. Sin embargo, estas previsiones legales no siempre se cumplen a rajatabla.

El sitio chequeado.com explica que los diversos gobiernos que pasaron desde ese año en adelante fueron puntillosos con su parte, ya que no tendría sentido arriesgar la validez de un DNU por el mero incumplimiento de un plazo formal, pero el Congreso tuvo una conducta irregular. La gran mayoría de los DNU del gobierno de Alberto Fernández (Frente de Todos) conservan su vigencia gracias a la omisión –no el respaldo– del parlamento argentino.

Qué sucede después

Saldada la instancia de la comisión, cada cámara tiene que emitir, en el marco de una sesión, una resolución en la que expresa si apoya o rechaza el DNU mediante el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes. Es decir, más de la mitad de las personas presentes.

Solo si ambas Cámaras votan una resolución de rechazo al DNU este pierde validez de forma permanente. Si una de las dos cámaras no lo trata, o si solo una lo rechaza, el DNU sigue vigente como una ley más, mientras que con la aprobación de una de las cámaras, ya queda firme. En todos los casos, quedan a salvo los derechos adquiridos mientras la norma estaba en vigencia, lo que significa que la aplicación del DNU durante su vigencia no se retrotrae si el Congreso lo rechaza.