De un gobierno que presumió de republicano es aún más ominoso que haya practicado el manejo avieso de sectores del Poder Judicial y que haya apelado al espionaje ilegal de manera reiterada. Sin embargo, para cualquiera que sepa algo de política, esto era evidente desde hace varios años.

¿Alguien puede sostener que era legal presentar por TV audios de la expresidenta en sus llamadas telefónicas? Era ilegal la toma de tales grabaciones fuera de causa judicial, era ilegal su circulación, e ilegal era la difusión que los medios les daban simulando candidez. Todos los que algo conocen de Derecho y/o de política saben que todo eso era anormal e inadmisible. Sin embargo, sucedía con una habitualidad sorprendente.

Sucede que donde se camina, se dejan huellas. Ya la nueva directora de la Agencia Federal de Inteligencia inició acción penal contra Arribas y Majdalani –responsables macristas de esa Agencia– por la captura de e-mails de diversos políticos, funcionarios y periodistas, muchos opositores, pero varios del mismo macrismo (Laura Alonso, Monzó, Massot y Majul entre ellos).

Otra nueva causa ahora iniciada –vendrán varias más, no cabe duda– es digna de un policial: se logró capturar a un narco que operaba en el conurbano, al que se denominaba "Verdura" Rodríguez. Ya capturado y con poca defensa posible, decidió colaborar con el juez de Lomas de Zamora, en un intento por disminuir la pena que ha de tocarle. Denunció haber sido reclutado por un hombre de la AFI en tiempos de Macri, que aparece como "FM", dado el secreto del sumario. FM fue seguido por orden judicial, se dio cuenta, y cuando se dieron cuenta de que él se había dado cuenta, el juez ordenó allanamiento y secuestro de su celular.

Y allí... ¡¡de todo!! Entre celular y computadora –según se relata en Ambito.com–, aparecieron los signos de espionaje a expresidentes (imaginen quién es un@ de ell@s), legisladores nacionales y provinciales, gobernadores, periodistas, políticos –sobre todo opositores, obviamente–, miembros del Poder Judicial. Una proliferación enorme e inaudita de mecanismos de espionaje y persecución, que vimos operar a través de cómo se presentaban cuestiones privadas y personales por los medios masivos, y cómo se encarcelaba a opositores a partir de inesperadas denuncias que –el caso de Carrió es paradigmático, pero no el único– siempre les llegaban "en un sobre por debajo de la puerta" (sic), de "alguien que me lo dio mientras paseaba por parques de Palermo", y otras excusas tan absurdas como infantiles, pero que los periodistas jamás ponían en discusión. Eran los sobres con información proveniente de los espías.

Todo esto ensucia la democracia y la pervierte. Los 300 pretendidos intelectuales que firmaron una nota contra la supuesta "falta de libertades" de la cuarentena nada dijeron ni dicen sobre estas anormalidades monumentales. En 24 horas les respondieron 18 000 científicos y académicos desde una posición de defensa de la cuarentena como medida de salud pública, y de los derechos civiles y sociales. Los que mancillaron la República y los derechos ciudadanos, instalando el espionaje y la persecución como mecanismos reiterados y habituales, deben ser presentados ante la opinión pública y convenientemente condenados, para lo cual, por supuesto, deberá también procederse en todo lo que corresponda desde los pertinentes mecanismos judiciales.