La seguridad en Mendoza fue el tema que abordaron especialistas y panelistas durante el segundo debate del Ciclo #15U, un espacio de encuentros abiertos al público que organiza la UNCUYO para analizar temas de interés de la comunidad y con proyección para todo el año. En esta oportunidad, la jornada fue moderada por el periodista y profesor universitario Carlos Hernández. Por primera vez, las instancias de este tipo de encuentro fueron transmitidas por Señal U, el canal de televisión universitario.

El disparador lo ofrecieron dos reconocidos especialistas, quienes pusieron la lupa en la situación de criminalidad y violencia organizada en el país y la región, y en casos puntuales de procesos de seguridad ciudadana implementados exitosamente en algunas ciudades del mundo. Se trata del investigador de UNICEF sobre violencia armada, crimen organizado y derechos de los niños Martín Appiolaza, y del director del Centro de Seguridad Ciudadana de la Universidad Alberto Hurtado de Chile, Franz Vanderschueren.

Appiolaza comenzó afirmando que la seguridad aparecía entre las primeras preocupaciones de los mendocinos. El especialista vaticinó, además, que no existían soluciones mágicas y que las respuestas sólo podían surgir de una construcción colectiva que respetara los puntos de vistas y las experiencias, con sus aciertos y desaciertos, de los distintos actores. 

También repasó la cuestión de la seguridad desde una visión regional y nacional, nutriéndola con algunos indicadores locales. Subrayó, por ejemplo, que en América Latina y el Caribe la temática aparecía como la primera demanda social, alternada a veces con el empleo o las cuestiones económicas. “América Latina es la región más desigual y violenta del mundo, y concentra la mayor tasa de homicidios”, aseguró. 

Explicó, además, que dentro de estos niveles predominaba una conflictividad de tipo social (violencia entre personas que se conocen) y, en forma cada vez más creciente y preocupante, una violencia asociada con el crimen organizado. Esas formas proliferan, dijo, en algunas zonas de México, Colombia, Venezuela, Brasil y, hasta de Argentina, lo que plantea nuevos desafíos para el conjunto de la sociedad y de las políticas sociales. Y es aquí dónde se interpela a las universidades como un actor social clave. 

Esa criminalidad organizada tiene varias etapas y en nuestro país se encuentra en un momento predatorio, con una violencia que es letal y una conflictividad que aumenta la cantidad de víctimas fatales. Una etapa posterior es de cooptación del Estado, cuando los recursos que produce la criminalidad organizada intentan interferir sobre las decisiones y políticas públicas, que quedan sometidas a los intereses y a la búsqueda de mayor rentabilidad a partir de la violencia que caracteriza al crimen organizado. “Esta situación en muy notoria en algunas partes de México, donde es casi imposible pensar que el crimen y el Estado puedan vivir el uno sin el otro”, sentenció.  

En América Latina, el incremento de la violencia ha sido gradual y ha sufrido cambios en la última década. Como respuesta, se han ensayado ciertas reformas de los sistemas policiales y judiciales, y transformaciones en el Poder Ejecutivo para jerarquizar el tema de la seguridad. Appiolaza destacó que "aun así, es evidente el deterioro (desprestigio) de algunas instituciones y el crecimiento del negocio en torno a la seguridad privada”.
 

Datos locales

Al respecto de las cifras del crimen y la violencia en Argentina, comentó que gran parte de las muertes se daban por conflictos entre personas que se conocían (55 por ciento), seguido de homicidios por robo (15 por ciento) mientras que el crimen organizado alcanzaba el 30 por ciento de las muertes, con un peso menor en comparación con otros países. “El 86 por ciento de las muertes son principalmente jóvenes, varones, de barrios populares, 7 de cada 10 por armas de fuego”, remarcó el investigador. 

“Las políticas de seguridad a nivel nacional en los últimos diez años han sido contradictorias, discontinuas y fragmentarias”, opinó Appiolaza. En este sentido, identificó como avances la creación del Ministerio de Seguridad, jerarquizando el tema dentro del ámbito del Poder Ejecutivo y de la agenda política nacional, también la creación de Procuradurías especiales para delitos complejos y de cuadros técnicos desde los ámbitos académicos. Como retrocesos señaló la falta de información, las estadísticas discontinuadas, la injerencia militar y pocas respuestas frente al tema drogas y mercados ilegales.

Asimismo, como aspecto pendiente reconoció la falta de políticas de prevención social focalizadas en fenómenos. Y como una cuestión prometedora, el mayor involucramiento de los municipios, con proyectos de abordaje más urbano e integral del tema y del mercado de armas.
 

Experiencias internacionales

A su turno, Franz Vanderschueren, del programa Ciudades Seguras de Naciones Unidas, celebró que la UNCUYO se involucrara en el debate de la seguridad ciudadana, problemática que representa la primera demanda en América Latina desde el año 2005. El experto buscó mostrar los resultados de experiencias internacionales de municipios o ciudades que abordaron en “forma seria” el tema de la prevención. Los datos se desprenden de una investigación que llevó durante 17 años con base en el modelo de “ciudad segura” de Naciones Unidas y tomando como referencia ciudades en África, América Latina, Asia y algunos países europeos.  

Entre las condiciones de éxito de procesos de seguridad ciudadana en ciudades, mencionó: el liderazgo municipal y la visión, los equipos técnicos en proceso de formación permanente, la alianza con actores locales –principalmente los jóvenes y la policía–, el enfoque holístico y los ejes prioritarios abordados en sus causas, la transversalidad de las intervenciones, el empoderamiento comunitario, la política de comunicación, la evaluación y el monitoreo, y la continuidad y el respeto de los tiempos y etapas.

También desarrolló las fases que atraviesan las ciudades al implementar estos procesos. En la fase cero, las urbes tienen proyectos de prevención, pero no un plan ni visión general, sino múltiples prácticas u oasis de prevención. La fase uno requiere un tiempo –de dos a cuatro años– para realizar un aprendizaje y un dominio de los instrumentos, a través de diagnósticos participativos y alianzas con actores locales; es decir, para que la población digiera el lenguaje y aprenda a mirar con otros ojos la violencia (es una etapa de esfuerzo colectivo). 

En la fase dos se produce una consolidación del proceso, y recién ahí se puede decir que la violencia disminuye de forma sustentable. Esto se observa por la cohesión social y la calidad de vida en auge, situaciones que se verifican por la presencia de una cultura de la prevención y la disminución significativa de la delincuencia. Puso como ejemplo, en este sentido, a Ciudad Juárez.

La última fase, la número tres, es de expansión y existe en pocos países. Se trata de ciudades que son capaces de reproducir la experiencia de prevención en otras ciudades. Puntualmente se refirió a Tanzania (país en la costa este de África Central) y Costa de Marfíl (país de África Occidental), los cuales pudieron replicar el modelo de seguridad ciudadana en más de 25 ciudades. “Esta última nación atravesó dos guerras civiles y un golpe de Estado y, a pesar de eso, hoy en día los actores con más confianza de la ciudadanía son los comités de seguridad ciudadana de los policías”, afirmó el sociólogo belga. 

Entre los ejemplos concretos a nivel mundial de experiencias de Ciudades Seguras citó a: Aguascalientes (en México, con más de 600 mil habitantes), Peñalolén (comuna en Chile con cerca de 200 mil personas), Medellín y Bogotá (ciudades de Colombia que superan los 10 millones de habitantes) y, por último, Ciudad del Cabo (ciudad de Sudáfrica con 4 millones de personas).     

Por último, expuso ejemplos de prácticas de seguridad ciudadana. Desde el enfoque policial, citó la experiencia de la policía comunitaria en Ciprés (Querétaro), la policía mediadora en Badalona (Cataluña) y el acuerdo 24 Horas entre carabineros y municipio en Chile, mientras que desde lo judicial destacó el rol de los mediadores de conflictos en favelas del narco en Río de Janeiro (Brasil) y la iniciativa jurista de Port Elizabeth (Sudáfrica), donde se imparte un sistema de justicia restaurativa.
 

El debate

El debate continuó con la intervención de un grupo de panelistas, quienes ofrecieron su visión en torno a tres interrogantes: la principal debilidad y acierto de la política en seguridad pública de los últimos cinco años; si Mendoza tiene una política criminal y qué adaptaciones requieren el sistema penitenciario y la justicia penal, y, finalmente, cuál es el principal desafío en materia de seguridad pública para el futuro gobernador de Mendoza.

Compartieron esa mesa Diego Lavado, exsecretario de Justicia y DDHH; Leopoldo Orquín, exministro de Justicia y Seguridad; José Valerio, camarista penal; Carlos Aranda, exministro de Seguridad y actual director del Instituto Universitario de Seguridad Pública; Marcelo Fuentes Pérez, licenciado en Seguridad Ciudadana y comisario general retirado de la Policía de Mendoza, y Osvaldo Quiroga, referente de las víctimas del delito.

En el cierre, el rector de la UNCUYO, Daniel Pizzi, agradeció la participación y el compromiso de los expositores y panelistas. “Somos un engranaje más de este gran sistema y compartimos la preocupación por la seguridad, por eso decidimos agitar el debate”, concluyó.
 

Cómo sigue el Ciclo #15U

Las próximas disertaciones serán sobre educación, el agua en Mendoza, desarrollo urbano, ambiente y sociedad, entre otras. Pero serán los debates de candidatos a la gobernación de la Provincia y a la presidencia de la Nación los que seguramente generarán mucho interés, dado que se realizarán en fechas cercanas a las elecciones provinciales y generales nacionales. Contarán con la participación de especialistas y panelistas invitados de Mendoza, de diferentes provincias argentinas e internacionales.