Cinco comunas del Gran Mendoza invierten 104,5 millones de pesos anuales en sus cuerpos de preventores, en los que trabajan 556 personas, que luego de un curso de tres meses salen a la calle para realizar tareas de “apoyo policial”. La forma de selección de los aspirantes, la escasa capacitación y la falta de un diagnóstico sobre las problemáticas que deben enfrentar son algunas de las críticas que hicieron los especialistas a este sistema que existe en la Provincia desde 2008.

Capital fue pionera en la puesta en marcha de estos cuerpos y colaboró con algunas de las comunas que decidieron seguir su ejemplo: Maipú, Luján de Cuyo, Guaymallén y Las Heras. Godoy Cruz nunca implementó el sistema, una muestra clara de que el exintendente y actual gobernador, Alfredo Cornejo, no está de acuerdo con impulsarlos.

El rédito político sobrevoló la creación de estas fuerzas. El caso emblemático fue el de Las Heras, comuna que el justicialismo perdió a manos de Cambiemos luego de 20 años de hegemonía ininterrumpida. Para intentar frenar la debacle, el exintendente Rubén Miranda y el entonces candidato, Carlos Ciurca, pusieron en marcha el cuerpo, el único al que se nombró como Policía, y que fue conocido por las denuncias contra sus integrantes y por los abusos entre los compañeros.

Los jefes comunales de los preventores coincidieron en que el sistema de Capital es el mejor estructurado, sobre todo en cuanto al trabajo mancomunado con la Policía de Mendoza. En tanto, Luján de Cuyo, Guaymallén y Las Heras –que cambiaron de signo político y quedaron en manos de Cambiemos– reestructuraron los sistemas que crearon sus antecesores, todos justicialistas.

Entre las cinco comunas suman 556 preventores: son más varones que mujeres, la edad promedio es de 30 años, son empleados municipales y cobran unos 10 mil pesos mensuales. Los únicos requisitos para ingresar fueron tener el secundario completo –más de lo que hasta ahora se pidió a los futuros policías–, pasar los exámenes psicofísicos y tener un perfil de servicio comunitario.

Los trabajadores no portan armas y los elementos con que cuentan son distintos según la comuna; entre ellos tonfa (una especie de bastón), gas pimienta, chaleco antibalas y celulares. Todos tienen acceso al Tetra, el sistema de comunicación encriptado que utiliza la Policía de Mendoza.
 

Al ritmo de la descentralización

El titular del Centro de Estudios de Seguridad Urbana de la UNCUYO, Martín Appiolaza, explicó el contexto en el que se crearon los cuerpos de preventores. Dijo que en los 90 se instaló el tema de la seguridad en la agenda política y que se  implementaron respuestas parciales y poco claras. Una de ellas fue flexibilizar los requisitos de ingreso y la formación de los uniformados –lo que sucedió en Mendoza– y la otra fue crear policías locales. A algunas de estas últimas las consideró parapoliciales, como el caso de las que aprobó por decreto el exgobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, y a otras con perfil comunitario, como la guardia urbana de Rosario y el cuerpo que creó la Ciudad de Mendoza, que luego replicaron otras comunas.

Para Appiolaza, actual director de Prevención, Participación Ciudadana y Derechos Humanos de Godoy Cruz, las respuestas erróneas frente al tema de la inseguridad tienen un denominador común: Argentina no cuenta con un diagnóstico claro sobre la problemática ni un escenario a futuro. Por eso, bajando al contexto provincial, aseguró que no es bueno ni malo que existan los preventores, sino saber si hay claridad respecto de las razones de su creación, así como si están definidas sus funciones y, en base a eso, armar un plan de capacitación continua. De lo contrario –señaló– se da una respuesta apurada, que busca rédito político, que genera abusos y violencia al crear cuerpos que terminan vinculados con actividades ilegales.

El experto también cuestionó la forma de trabajo en referencia a que los preventores apuestan a la presencia para disuadir a los delincuentes. Dijo que existen estudios que demuestran que esta metodología no sirve para solucionar el problema, ya que sólo logra que el delito se traslade.

En el mismo sentido opinó el especialista en la temática Alberto Montbrun, quien subrayó que existe un abismo entre estar en la calle y prevenir un delito o advertir problemáticas sociales tan graves como la violencia de género. Y consideró imposible capacitar en tres meses a alguien que formará parte del sistema de seguridad, aún como un auxiliar del mismo.

Para el abogado, el concepto de los preventores es potencialmente interesante, teniendo en cuenta que una parte fundamental de la seguridad no tiene que ver con la represión sino con advertir problemas futuros. Pero dijo que para eso es indispensable la capacitación continua, en la que exista una combinación perfecta de conocimiento, sentido común y músculo.

Capital fue la primera comuna en implementar el sistema y la que tiene aceitada la coordinación con la Provincia.

La lupa sobre la Policía

Los jefes de los cuerpos de preventores de las cinco comunas coincidieron en dos puntos centrales. El primero es que si el sistema de seguridad pública funcionara en forma aceitada y con proximidad con la comunidad, la creación de estos cuerpos no sería necesaria. El segundo fue destacar que no realizan trabajo policial, para lo que no tienen ningún entrenamiento, sino que colaboran con la fuerza al tener presencia en los barrios.

El jefe de Policía, Roberto Munives, coincidió con estas dos aseveraciones. Dijo que la extensión territorial y de funciones que debe abarcar el brazo armado del Estado hace que no tenga la presencia necesaria, al tiempo que señaló que un espacio que es cedido, es ocupado por la delincuencia. Por eso recalcó que es importante la función del preventor, que debe ser complementaria a la del policía, aprovechando la presencia en el barrio para detectar conductas antisociales y advertir a la fuerza. Y recalcó que siempre debe ser clara la diferencia de funciones entre los uniformados y los empleados municipales.

El licenciado en Seguridad señaló que la clave para que el sistema funcione es la coordinación entre el Ministerio de Seguridad y los cuerpos de preventores, un requisito en el que, aseguró, avanzaron mucho, aunque reconoció que se puede mejorar.
 

Capital, la pionera

En 2008, a través de un decreto del entonces intendente de Capital, Víctor Fayad –quien falleció en 2014– se creó la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que incluyó al cuerpo de preventores. Hoy cuenta con 275 empleados, 30 móviles, un centro de visualización desde donde se analizan las imágenes de 345 cámaras y se sumarán 20 bici-preventores. En este servicio, la Municipalidad invierte 40 millones de pesos anuales.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Raúl Levrino, explicó que, si bien la responsabilidad en la temática es de la Provincia, existe un reclamo vecinal frente al cual los intendentes no se pueden cruzar de brazos, por lo que algunos tomaron la decisión política de crear estos cuerpos. Señaló que las comunas aportan recursos imprescindibles que a nivel provincial son escasos, como personal y móviles.

Levrino definió a los preventores como auxiliares del sistema de seguridad, que observan y colaboran con la tarea del policía y que le aportan información significativa que les transmiten los vecinos. Explicó que también deben estar atentos a problemáticas sociales, como la violencia de género.

El funcionario enumeró los desafíos de estos cuerpos municipales, especialmente de los últimos que se formaron: profesionalización, interacción aceitada con la Policía y coordinación de tareas entre las comunas del Área Metropolitana.

Maipú, en tanto, fue la segunda comuna del Gran Mendoza que creó en 2011 un cuerpo de preventores a través de una ordenanza del intendente, Alejandro Bermejo. Cuenta con 85 personas, 25 autos, 30 motos, 10 bicicletas –que comparten con Tránsito–, lo que implica una inversión anual de 18 millones de pesos.

El director de Tránsito y Prevención Ciudadana de Maipú, Raúl Álvarez, explicó que trabajan con la Policía para optimizar recursos, siguiendo el modelo que implementó Capital. La comuna aporta el móvil y el chofer, y los acompaña un policía. Recalcó que el primer objetivo es mantener un contacto directo con los vecinos para advertir situaciones problemáticas. Álvarez señaló que buscan abarcar las zonas rurales del departamento y aseguró que lograron buenos resultados con la instalación de los puestos fijos en zonas conflictivas, una metodología que la Provincia no puede implementar por la falta de recursos.

El funcionario fue autocrítico respecto de la necesidad de comunicar mejor cuál es la tarea del preventor y cuál la del policía. Dijo que a veces los vecinos se confunden, algo parecido a lo que pasa con los delincuentes, que atacan sin preguntar si la persona que tienen enfrente es un preventor o un uniformado.

Por último, Luján de Cuyo, Guaymallén y Las Heras comparten un denominador común, ya que todas formaron sus cuerpos de preventores en la gestión anterior y, luego, al cambiar de signo político las administraciones, las nuevas autoridades denunciaron la búsqueda de rédito político, redujeron el número de trabajadores y apuntaron a nuevos objetivos.

El cuerpo de preventores de Luján de Cuyo se creó con 52 personas durante la gestión del exintendente justicialista Carlos López Puelles. La nueva gestión del macrista Omar De Marchi redujo el número a 20 y optó por unificar todo en Tránsito, para que las personas realicen ambas tareas.

El subsecretario de Tránsito y Convivencia Ciudadana de la comuna, Carlos Sala, descree de las grandes estrategias en materia de seguridad y aseguró que la única forma de enfrentar el problema es un trabajo comunitario, de cercanía con el vecino. En ese esquema –señaló– el preventor advierte los posibles conflictos e informa a la Policía, que es la fuerza que puede actuar y reprimir. 

Para el jefe del Departamento de Defensa Civil, Preventores y Seguridad Interna de Luján, Héctor Garzón, el cuerpo aporta proximidad, que es el reclamo vecinal al que la Policía no brinda una respuesta positiva. Dijo que se perdió la imagen de la comisaría a la que acudían las personas y se cambió por la Municipalidad, que es la caja de resonancia de todos los problemas.

Sala y Garzón coincidieron en que el desafío a futuro es continuar con la capacitación permanente de los preventores para que puedan advertir situaciones conflictivas y ser una especie de mediadores frente a las problemáticas sociales, una tarea compleja para la que necesitan entrenamiento.

 

La gestión de Omar de Marchi en Luján realizó una revisión de los objetivos, la inversión y la cantidad de preventores.

Al ritmo de las elecciones

En plena campaña electoral, el exintendente de Las Heras, Rubén Miranda, y el candidato y entonces vicegobernador, Carlos Ciurca, anunciaron la creación de la Policía Municipal, el único cuerpo del Gran Mendoza que se denominó así, siguiendo la línea que puso en marcha el exgobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. La fuerza arrancó con 225 personas, con una capacitación de un mes, e implicó una inversión de 48 millones de pesos, que aprobó el Concejo Deliberante.

La Policía Municipal fue tristemente conocida por casos de abuso entre sus integrantes. Al asumir el intendente Daniel Orozco, que se impuso luego de 20 años de hegemonía justicialista, comenzó una revisión del sistema y el primer paso fue presentar un proyecto para cambiar la denominación del cuerpo a Guardia Urbana Municipal.

El director de la hasta ahora Policía Municipal, Raúl Zárate, aseguró que la creación del cuerpo fue una bolsa de trabajo que se armó para satisfacer demandas electorales, lo que tuvo su precio en el descrédito que sufrió rápidamente. Dijo que fue un error denominarla "policía", ya que cumple un rol preventivo, de colaboración, de liberación de los espacios públicos, sin ninguna posibilidad de investigar o reprimir. Y que, incluso, muchos de sus integrantes creyeron que eran policías.

El número de preventores se redujo a la mitad. Ahora son 106 y la comuna firmará un convenio para que sean capacitados en un ámbito universitario y no policial. Además, se redujo la inversión a 23 millones de pesos anuales.

El funcionario explicó que trabajan en coordinación con el resto de las áreas municipales, advirtiendo –por ejemplo– la falta de iluminación en un sector, de poda, los escombros, la basura o la proliferación de baldíos, que propician acciones delictivas. Zárate comentó que su objetivo es formar dos grupos para tareas específicas y capacitarlos en este sentido: uno para prevenir el consumo de drogas ilegales y otro para trabajar sobre la problemática de la violencia de género.

Un caso similar fue el de Guaymallén, que creó el cuerpo durante la gestión del exintendente Luis Lobos, imputado luego por enriquecimiento ilícito. Al asumirtras el cambio de autoridades, Marcelino Iglesias realizó una revisión del sistema, redujo el número de preventores a 70 y la inversión a 21 millones de pesos.

El director de Seguridad Vial y Prevención Ciudadana, Jorge Carrizo, explicó que al asumir se encontró con personas sin capacitación que ponían en riesgo su vida al realizar tareas específicas de la Policía y para las cuales no estaban preparadas. Denunció además la “estafa moral” que la anterior gestión cometió contra 70 ciudadanos, a los que prometió que ingresarían al cuerpo, lo que dejaron sin efecto.

Para Carrizo, a excepción de Capital, que realizó un plan serio de trabajo, en el resto de las comunas el sistema se puso en marcha para dar una respuesta rápida frente a la presión vecinal, con gente sin la necesaria formación. El funcionario impulsó cambios: una parte de los trabajadores fue destinado a Tránsito, otro al cuerpo de preventores y dentro del mismo el objetivo es crear una policía ambiental, cuya tarea será hacer cumplir las ordenanzas en cuanto a la limpieza, a los basurales o el vertido de efluentes.

En cinco departamentos del Gran Mendoza funcionan cuerpos de preventores, en los que trabajan 556 personas. La forma de selección de los mismos y la capacitación necesaria siguen siendo los temas pendientes.

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