Mariano Luque, el mismo hombre imputado y detenido por el homicidio de Johana Chacón, se sentará nuevamente en el banquillo de los acusados cuando se realice en octubre el segundo juicio por la privación ilegítima de la libertad de Soledad Olivera, luego de que la Suprema Corte de Justicia anuló la sentencia y ordenó realizar un nuevo juicio. 

Las causas de Olivera y de Johana Chacón están unidas. La mujer de 33 años fue vista por última vez cuando salió de su casa el 18 de noviembre de 2011 y se dirigió a la casa del imputado –según quedó probado en el juicio–. Nunca más supieron de ella. La investigación judicial estuvo frenada nueve meses, y recién cuando las docentes se enteraron de que Johana no había vuelto a su casa, el 4 de septiembre de 2012, tomaron conocimiento también de que nada se sabía de Soledad.

A partir de ese momento, la comunidad de la escuela Virgen del Rosario, a la que asistían Johana y los hijos de Soledad, inició una campaña para visibilizar el tema. La investigación de ambos casos quedó en manos del fiscal de Delitos Especiales, Santiago Garay.

En agosto de 2013 el fiscal imputó a Luque por privación ilegítima de la libertad; y el hombre permaneció en prisión preventiva dos años. Durante el juicio quedó probado que mantenía una relación con Olivera (lo que él reconoció), que intercambiaron mensajes de texto antes de su desaparición y que iba a encontrarse con él la última vez que la vieron. 

El 8 de septiembre de 2015 los jueces de la Segunda Cámara del Crimen absolvieron a Luque por el beneficio de la duda, con el fundamento de que no existían testigos directos sino indicios que consideraron insuficientes para determinar con certeza que fue el autor del hecho. Los magistrados Mateo Bermejo, Arlington Uliarte y José Valerio coincidieron en que no quedaron probadas las amenazas de Luque hacia Soledad. Dijeron que ella inició las comunicaciones el día de su desaparición y que fue sola a la casa del único imputado, lo que consideraron incomprensible si le tenía miedo.

En el mismo fallo, los jueces aseguraron que Soledad fue víctima de privación ilegítima de la libertad, que su ausencia fue intempestiva y no planificada, ya que consideraron que no hubiera abandonado a sus tres hijos. También dejaron clara la posibilidad de que la mujer haya sido asesinada, teniendo en cuenta que no se comunicó con nadie de su familia y que desde el día de su desaparición no cobró la Asignación Universal por Hijo. Por esto, destacaron la obligación del Estado de investigar y dar respuestas a la comunidad.

Luego del fallo, Luque quedó en libertad y volvió a la finca en Tres de Mayo, a unos pocos metros de la casa donde vivía Soledad con sus hijos. El representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y querellante en la causa, Fernando Peñaloza, apeló la medida ante la Suprema Corte de Justicia. Los primeros días de abril de 2016, el máximo tribunal anuló la sentencia anterior por considerarla arbitraria y sin perspectiva de género, por lo que ordenó realizar un nuevo juicio.

Los integrantes de la Tercera Cámara del Crimen encabezarán el nuevo juicio que, de acuerdo a información de la oficina de prensa del Poder Judicial, se realizará en octubre. Pero antes de que comience el juicio, la causa de Johana Chacón dio un giro importante, que seguramente tendrá repercusiones en la de Olivera. El 6 de noviembre de 2015 el fiscal Garay imputó y detuvo a Luque por el homicidio de Johana gracias al testimonio de su hermana y expareja del hombre, Beatríz Chacón, quien cambió sus declaraciones iniciales y aseguró que él ahorcó a la adolescente, quemó sus restos y los enterró. El obrero permanece detenido en Boulogne Sur Mer.

La hermana de Johana, Beatriz, testificó en el primer juicio por la privación ilegítima de la libertad de Olivera, aunque con una versión contrapuesta a la última que dio. En aquel momento defendió a Luque, dijo que nada sabía de las desapariciones y denunció que en varias oportunidades quisieron raptarla, al igual que a otras chicas de la zona, introduciendo la posibilidad de la trata de personas con fines de explotación sexual.

El tribunal deberá analizar el nuevo testimonio que la joven dio ante la Justicia federal primero y que ratificó ante la provincial. Aunque el mismo está relacionado con el caso de Johana, seguramente tendrá impacto en la causa de Soledad, ya que las dos mujeres y el hombre señalado por la Justicia como responsable de sus desapariciones vivían en la misma comunidad y se conocían entre sí.

La familia de Soledad pidió respuesta, especialmente sus hermanas, Deolinda, Marcela y Romina, quienes aseguraron que los tres hijos de la joven –que viven con ellas desde el 2011– merecen saber dónde está y qué le pasó a su madre.