Varios diputados y diputadas nacionales han presentado proyectos que buscan modificar la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) con el fin de reforzar y garantizar su plena aplicación. Las iniciativas tienen despacho favorable en comisiones para su tratamiento en el Congreso. Pese a esto, los sectores opositores al aborto legal están realizando campañas en contra del derecho a la ESI.

Luego del debate por la legalización del aborto o de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), se puso en el tapete la Ley de ESI, que en Argentina está promulgada desde 2006, pero su aplicación nunca fue completamente efectiva. Quienes estaban a favor como aquellos y aquellas que estaban en contra de este proyecto de ley –que quedó frenado en el Senado de la Nación– coincidían en algo: la necesidad de la educación sexual y de la accesibilidad de los métodos anticonceptivos.

Sin embargo, ahora que diputados y diputadas nacionales buscan reforzar la Ley N.º 26150 de ESI, hay sectores que están en contra de la aplicación de esta legislación y que tampoco aprueban la legalización del aborto. Se trata de seis proyectos para modificar la norma vigente y determinar que sea de orden público, que la ESI se incluya en la Ley N.º 26206 de Educación Nacional y que se sistematicen la evaluación y supervisión permanente del Programa Nacional de ESI.

Enfoque integral y transversal

Uno de los proyectos, presentado por el diputado Martín Lousteau y las diputadas María Teresa Villavicencio y Carla Carrizo –del bloque Evolución Radical–, plantea, principalmente, la modificación del artículo 5.º de la Ley de ESI. Este artículo, en la actualidad, dice que “cada comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto institucional la adaptación de propuestas a su realidad sociocultural, en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros”.

Lo que se busca modificar de ese ítem es que en cada establecimiento educativo se incluya en su proyecto institucional el enfoque integral de la ESI, ya sea de manera transversal y/o a través de espacios curriculares específicos, así como también en las normas que regulan la organización institucional.

Orden público y sanciones al incumplimiento

Otra de las iniciativas es del presidente de la Comisión de Educación en el Congreso, el diputado nacional por San Luis e integrante de la Unión Cívica Radical José Luis Riccardo. Este proyecto no sólo va por la modificación de la Ley de ESI, sino también de la Ley de Educación Nacional. El legislador propone que se agregue un artículo N.º 92 bis a esta última, que establezca: “La Educación Sexual Integral (...) es un derecho que el Estado debe asegurar” y que “los contenidos que hacen a la aplicación de estas normas deberán incluirse en la currícula de todos los niveles educativos de forma obligatoria, constituyéndose en disposiciones de orden público, independientemente de la modalidad, entorno o ámbito de cada institución educativa, sean de gestión pública o privada”. Asimismo, agrega que “esta disposición no tiene excepción”.

Riccardo también propuso que se modifique el artículo 8.º de la 26150, que en la actualidad establece a través de qué medios y con qué herramientas se aplicará la ESI. El cambio que propone es que se agregue que el incumplimiento de la ley esté sujeto a sanciones que se establezcan.

Evaluación

Por otro lado, desde el bloque del Frente Renovador, sugirieron que al artículo 7.º de la legislación vigente –que establece la creación de una comisión interdisciplinaria de especialistas en la temática para el asesoramiento en los lineamientos curriculares básicos para el programa– se le agregue un bis. Este agregado implicaría que dicha comisión tendría la obligación de sugerir preguntas relacionadas con la enseñanza y aprendizaje de ESI para ser incluidas en los operativos de evaluación continuos y periódicos del sistema educativo nacional.

Asegurar su plena aplicación

La diputada del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) Romina del Plá presentó un proyecto de ley para modificar la 26150 con el fin de “asegurar su plena aplicación”. Se cambiaría así la palabra “educandos” por “estudiantes” en el texto de la ley y se agregaría que la educación sexual, además de ser integral, deberá ser “científica y laica, desprovista de vínculos de sometimiento de cualquier tipo y respetuosa de la diversidad sexual y de género, con carácter formativo respecto de la atención en salud para los adolescentes y en métodos de anticoncepción basado en conocimientos científicos”.

También establece que se creen carreras, postítulos y capacitaciones de ESI con el fin de contar con docentes especialmente formados para el dictado de cátedras y talleres. Además, se promoverá la oferta de talleres de formación y reflexión para madres, padres, tutores, familiares y todo otro responsable legal, al respecto del ejercicio y goce de una sexualidad libre, donde primen los principios de respeto e igualdad entre géneros y de cuestionamiento a los vínculos de dominación y sometimiento, tanto interpersonales como desde el Estado y sus instituciones”.

Los seis proyectos que fueron presentados en el Congreso tuvieron dictamen favorable en las comisiones de Educación y de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. Por lo tanto, se espera su pronto tratamiento en el recinto.