Ante el pedido de Alberto Bochatey, el obispo comisario interventor designado por el Vaticano, quien solicitó que se reabra el Instituto Próvolo en tanto establecimiento educativo, la madre de una de las víctimas de abuso sexual eclesiástico en ese lugar, Paola González, rechazó esa posibilidad. Aseguró que a la Iglesia sólo le interesa el lucro.

El argumento de Bochatey para que se rehabilite el Instituto es que es un pedido de varias de las familias de los alumnos, según informó la periodista Melisa Stopansky en el Diario El Sol. Es por eso que Unidiversidad consultó a Paola González, la referente de familiares de las víctimas de abuso por parte de los sacerdotes de ese establecimiento y las siguientes fueron sus palabras:

“Ese es un lugar de tortura, no se puede reabrir y menos como un instituto educativo, cosa que nunca fue. Nuestros hijos han salido de ahí analfabetos, violados. Entonces no podemos esperar que ahora lo quieran reabrir”.

Además, González explicó que -cuando Bochatey se involucró en el caso como enviado del Papa Francisco- jamás preguntó cómo estaban las víctimas. “A lo único que hicieron alusión desde la Iglesia fue al predio, es lo único que les importa: plata, plata, plata. No podemos esperar más de esa gente”, sentenció.

Cabe recordar que la Dirección General de Escuelas (DGE) estableció que todas las instituciones vinculadas al Próvolo están suspendidas de manera preventiva e inhabilitadas para dar servicios educativos hasta que se resuelva la causa penal, que aún no está elevada a juicio oral. Estas instituciones son la Congregación Compañía de María para la Educación de los Niños Sordomudos, la Asociación Civil Antonio Próvolo y Obra de San José.

El caso

El viernes 18 de noviembre de 2016, durante un acto oficial en la Legislatura acerca de la protección de derechos del niño, el referente del Movimiento de Sordos de Mendoza se acercó a la senadora radical de la provincia Daniela García. Allí, le explicó que había niños y niñas en el Instituto para Hipoacúsicos Antonio Próvolo que habían sido abusados sexualmente por sacerdotes del establecimiento.

Según relatos de víctimas y testigos, estos hechos suceden desde hace por lo menos 12 años. Se investigan al menos 27 casos de abusos sexuales contra estudiantes sordomudos y hay dos sacerdotes imputados y con prisión preventiva: Nicola Corradi y Horacio Corbacho.

Una de las últimas novedades fue que la Justicia sobreseyó a otra persona que estaba imputada, un hombre de 41 años, no sacerdote, por considerarlo inimputable en virtud de su retraso mental. A partir de esa decisión, tomada a principios de marzo, permanece alojado en el hospital psiquiátrico El Sauce.