La reciente adhesión de Buenos Aires al Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (Protocolo de ILE) reavivó el complejo debate sobre la legalidad del aborto. Otras siete provincias acompañan a la ciudad que alberga a la capital del país, pero Mendoza no se encuentra entre ellas. Sin embargo, en la Legislatura se ha comenzado a gestar un espacio de discusión para instalar el tema en la agenda pública del Ejecutivo Provincial.

En Argentina existe, desde el año 2015, el “Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo”, que tiene aplicación obligatoria en todo el territorio nacional, según lo dispuso la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este protocolo tiene su legitimidad en el artículo 86 del Códio Penal, que dice:

“El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible: 1º Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; 2º Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto.”

Aquí se habla del aborto no punible o, de lo que es lo mismo, la interrupción legal del embarazo (ILE). Por lo tanto, el protocolo indica cómo aplicar algo que ya está legalizado. A su vez, el artículo 86 puede argumentarse con la Ley 26529 de los Derechos del Paciente, en la que se aclara que los pacientes son los que deciden qué riesgos correrán ante una práctica médica; y la Ley 26485 de Protección Integral a las Mujeres.

Lo explicado hasta aquí deja de manifiesto que en Mendoza no hay necesidad de una ley de aborto no punible (porque ya existe a nivel nacional), sino de una legislación o resolución que estipule que la provincia adhiere al Protocolo de ILE, que tiene aplicación obligatoria en todo el país. Esto significa que hasta el momento, Mendoza está incumpliendo con una ley de orden nacional, al igual que muchas otras provincias. Las excepciones son Chaco, Chubut, Jujuy, La Rioja, Misiones, Santa Cruz, Tierra del Fuego y, recientemente, Buenos Aires.

Una cosa es la aplicación obligatoria y otra, muy distinta, la adhesión de la provincia. Esto último significaría la orden del ministro de Salud (Rubén Giacchi, en el caso de Mendoza) para la implementación del protocolo en los hospitales. La diputada del Frente para la Victoria (FpV) Patricia Galván argumentó que, si bien ahora sólo se está impulsando un foro debate, la Legislatura podría trabajar en un pedido de adhesión al protocolo ILE. La decisión final sólo la puede tomar el Poder Ejecutivo Provincial.
 

El foro debate

Se realizará el próximo miércoles 26 de octubre a las 17.30 en el Salón de los Pasos Perdidos de la Legislatura, y fue declarado de interés por la Honorable Cámara de Diputados de Mendoza. Está organizado por la diputada Galván y es una idea que, afirmó, se ha trabajado desde hace tiempo junto a la Corriente Nacional de la Militancia.

Se tratarán los diversos aspectos que abarca el protocolo de ILE, que la legisladora aseguró que se trata de un abordaje “holístico”. “Lo que garantiza el protocolo son los principios de la autonomía en cuanto a que la mujer dispone de su cuerpo; la accesibilidad, es decir que se puede hacer sin tener que pagar ningún costo; la no judicialización (esto se trata de la mujer y el médico, nada más, no tienen por qué enterarse ni un juez ni un policía); la confidencialidad y la privacidad, la celeridad y rapidez”, argumentó la diputada.

Galván también afirmó que la idea del foro debate es intentar instalar el tema y empezar a hablarlo porque, en su opinión, “hay mucho desconocimiento”. Y agregó: “Esto pretende empezar a abrir cabezas, no tiene más pretensiones que esas por ahora. También escuchar a las mujeres, a ver qué es lo que opinan”.

La legisladora manifestó también su optimismo en que, “más tarde o más temprano”, la provincia va a terminar adhiriendo al protocolo porque para ella no hay una oposición.