La justicia ecuatoriana ordenó anoche la prisión preventiva para el expresidente Rafael Correa por su presunta implicación en un caso de sobornos orquestados con sus copartidarios para la adjudicación de contratos con el Estado. La jueza nacional Daniella Camacho dictó la medida cautelar y ratificó así la solicitud que anteayer hizo la fiscal general del Estado, Diana Salazar, al considerar –dijo– que la prisión será "legal, constitucional y convencional" y por tanto "no arbitraria".

Salazar investiga una trama denominada "Sobornos 2012-2016" (antes, "Arroz verde"), en la que están presuntamente implicados otros cuatro altos excolaboradores, directos o indirectos, del Ejecutivo de Correa (2007-2017), a los que también aplicó la misma medida cautelar. La Fiscalía sospecha que la indagación arroja luz sobre cerca de una docena de elementos de convicción que apuntan a la comisión de los delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias en la supuesta financiación irregular del movimiento político Alianza País (AP), que lideró el exgobernante hasta 2017.

En el caso del exmandatario, Camacho consideró que la prisión preventiva es procedente ante la imposibilidad de dictar otras medidas idóneas que garanticen su comparecencia ante la justicia, dado que reside en Bélgica desde que abandonó el poder en mayo de 2017.

Recordó que Correa tiene una orden de captura por violación de medidas cautelares en el caso de intento de secuestro en Colombia, en 2012, del político opositor Fernando Balda, por lo que justificó la prisión preventiva al no poder asegurar otro medio para que se enfrente a la justicia, citaron medios locales y la agencia de noticias EFE.

Hasta la fecha, Correa, que tiene más de una docena de expedientes abiertos, no ha sido condenado por ninguno en Ecuador y se niega a regresar al país porque considera que es víctima de una persecución política por parte de su sucesor, Lenín Moreno, con el que está enemistado desde hace dos años.

En la misma sesión, Camacho aplicó la misma medida cautelar para el ex vicepresidente Jorge Glas, que fue segundo de Correa entre 2013 y 2017 y ese año fue elegido nuevamente en binomio con el actual mandatario ecuatoriano.

Glas se encuentra en prisión desde hace casi dos, años cumpliendo una condena de seis años por asociación ilícita en otro caso de la trama Odebrecht, aunque ha recurrido la sentencia y el próximo 11 de septiembre se abrirá el proceso.