El Partido Obrero denuncia que la detención de Milagro Sala configura un ataque al derecho a la protesta social y establece un precedente contra el movimiento obrero y popular que tiene por delante la tarea de rechazar el ajuste. La represión que se ejecuta en Jujuy tiene como antecedentes inmediatos la acción policial contra los trabajadores de Cresta Roja y estatales de La Plata. Esta disposición represiva la ha dejado clara Gerardo Morales desde su asunción, cuando planteó que en la provincia se acaban los cortes y las protestas “desmedidas”. Al igual que Macri, ha planteado un protocolo de protesta donde busca judicializar y regimentar las mismas, inclusive multando individualmente a personas que realicen alguna medida de lucha.

El Partido Obrero denuncia que el objetivo que persigue la dupla Macri-Morales nada tiene que ver con la transparencia en la asignación de los planes sociales. Lo prueba el acta de detención, que nada dice sobre denuncias se corrupción, pero sí califica a un acampe de organizaciones sociales como “instigación al delito y al tumulto” y explicita que Milagro Sala continuará detenida “mientras dure el acampe”, lo cual supone una extorsión pública para imponer la finalización de una medida de acción directa.

Detrás de la represión contra la Tupac Amaru se esconde el objetivo de Morales de manejar por métodos punteriles la asistencia social. Para esto, incluso, ha cooptado a una parte de los propios punteros de Sala (sin Sala). Morales quiere ser él mismo el negrero de los compañeros de las cooperativas que cobran menos de la mitad del convenio Uocra y realizan buena parte de la obra pública en Jujuy. La UCR jujeña, que gobierna la Capital provincial desde hace años, ha pactado siempre con punteros de toda laya, igual que Macri en la ciudad de Buenos Aires.

La acción represiva busca imponer un ajuste. A eso apunta el anuncio de Morales de que se suspenderán las personerías jurídicas y se inhabilitarán las cuentas bancarias de las organizaciones que permanezcan en la plaza después del 14 de enero. La amenaza es contundente en el sentido de que al suspenderles la Personería Jurídica, las mismas pierden la posibilidad de inscribirse para la construcción de viviendas y otros tipos de contratos de obras con el Estado, además de los bolsones alimentarios, viviendas y entrar en el programa de reempadronamiento de capacitadores, lanzado recientemente.

Señalamos la impostura del kirchnerismo, que mientras denuncia la represión contra Milagro Sala en Jujuy, le pide a Macri el envío de fuerzas de la Gendarmería a Santa Cruz para reprimir a los obreros de la construcción, echados por el empresario Lázaro Báez, y vota en la Legislatura de la Ciudad el traspaso de la Policía Federal orquestado por el macrismo.

El Partido Obrero repudia la represión en Jujuy, así como la pretensión de liquidar el derecho a la protesta social, y exige la libertad de Milagro Sala. Exigimos que se preserven los puestos de trabajo a las cooperativas y su plena autonomía del Estado. El control de los recursos debe volver a las bases de las organizaciones, con la elección y derecho de revocatoria de los delegados.