El Senado trató la modificación de la ley de descentralización de los hospitales de alta, media y baja complejidad. Sin embargo, no se puede abordar este proyecto sin una evaluación preliminar de los casi seis meses que trascurrieron desde que se declaró la Emergencia en Salud.

En este sentido, no se ha solucionado nada de relevancia o prioritario en ninguno de los cuatro hospitales de alta complejidad de la Provincia, menos aún en el resto del sistema sanitario. Cuando el Senado trataba el tema, se difundía la noticia del colapso de la red cloacal del Hospital Lagomaggiore. Las autoridades no tuvieron mejor idea que culpar al personal.

Las empresas privadas siguen colocando trabajadores sin capacitación ni formación en las cocinas, camilleros, servicios generales, seguridad o limpieza. Las instalaciones siguen exactamente en el mismo deplorable estado del año pasado.

Este es el cuadro resumido de situación en el que el oficialismo presenta esta ley modificatoria de hospitales que tiene un aspecto abiertamente contrario a los intereses populares.

El primer aspecto regresivo del proyecto de ley es que se opone a una “red provincial regionalizada de salud” a la autarquía liberal consagrada en la ley original en los 90. En realidad, se trata de una concentración de poder en el ministerio de Salud que elimina la participación en las decisiones de los trabajadores profesionales y no profesionales de los hospitales. De esta forma, el Gobierno provincial cambia el “negocio de los quiosquitos” por un único “paquete” representado por el Ministerio de Salud. Toda una superación en calidad de los liberales noventistas.

Un segundo aspecto es la eliminación del concepto de atención gratuita por una formulación que establece “que la atención estará a cargo del Estado”. Esta formulación elimina el carácter obligatorio de la atención gratuita por la posibilidad de atención estatal, ligada a la “posibilidad”. Una apuñalada al corazón del criterio de atención sanitaria pública y gratuita para el pueblo de Mendoza.

Un tercer aspecto importante es la modificación para los cargos directivos o de gestión. Se eliminan los requisitos de pertenencia al sistema de salud pública para ocupar cargos de directores, con lo cual habilitan la posibilidad de que lobbistas de grupos privados de la salud ocupen estos cargos. También elimina el concurso para los puestos de gerentes, quedando a criterio de los directores ejecutivos en común con el ministro. Festejan las corporaciones privadas de la salud.

Otro aspecto es que habilita la participación de privados en el sistema de salud, es decir le da forma legal al gerenciamiento, privatización y concesión de sectores enteros del sistema hospitalario.

El último aspecto importante es que no establece con claridad la forma de fiscalización de los ingresos y sobre todo de los reintegros por prestaciones a obras sociales.

El oficialismo provincial fue acompañado con la totalidad de los votos de la “oposición” trucha del Frente para la Victoria. Con estas consideraciones, en defensa de la salud estatal, pública y gratuita; y en defensa de los trabajadores de la salud que sostiene los hospitales y centros de salud es que voté en contra de los planes de destrucción y privatización del sistema sanitario del oficialismo.