La cámara de Diputados, por mayoría de votos, convirtió en ley el proyecto venido en revisión del Senado por el cual se modifican distintos artículos de la Ley 8284, sancionada en marzo de 2011, de creación de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes con sede en la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Mendoza. Los principales cambios están dados en la composición, que se reduce, y en el ámbito de ese organismo, que pasa a la órbita legislativa.

La ley fue aprobada por 25 votos. Hubo 20 votos negativos y tres ausentes a la hora de levantar la mano.

La nueva normativa sustituye el primer artículo de la ley y crea esta comisión en el ámbito de la Unidad Legislatura de la Cámara de Senadores de la Provincia de Mendoza, en la Legislatura Provincial, como órgano técnico e independiente, con autonomía funcional, financiera y presupuestaria. Según la norma, la comisión tendrá plena capacidad para actuar en los ámbitos del derecho público y privado en ejercicio de las funciones asignadas o las que se dispongan por normativa específica, con independencia técnica, jerárquica y funcional respecto de cualquier otra autoridad, órgano u organismo provincial. Se guiará por los principios de confidencialidad, imparcialidad, no selectividad, universalidad y objetividad, y su presupuesto deberá ser previsto por la Legislatura provincial.

Estará integrada por el procurador de las Personas Privadas de Libertad, que ejercerá la función de presidente del organismo, y por el Comité Local para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Contará con un secretario ejecutivo que tendrá a su cargo todos los aspectos administrativos de organización de la Comisión.

El procurador será designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. El designado deberá poseer aptitud y conocimiento en la temática de los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad.

El Comité Local estará integrado por un miembro que represente al Ministerio Público de la Defensa y Pupilar; un representante de la Dirección de Derechos Humanos o área equivalente del Poder Ejecutivo; uno de la comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados y Procuradores de Mendoza; uno por parte de organizaciones no gubernamentales que desarrollen actividad de defensa de los derechos de las personas privadas de libertad y de prevención de la tortura con sede en el Gran Mendoza, y un representante de estas organizaciones con sede en el resto de la provincia. 

Son estos dos puntos el foco de las críticas de los organismos de Derechos Humanos, ya que sostienen que hay un grave retroceso al eliminar el concurso para la designación del procurador. Asimismo, elevan su queja porque el Comité reduce de 12 miembros a 2 la representación de los organismos de la sociedad civil.

Según sostuvo el diputado Emiliano Campos (UCR) durante el tratamiento en el recinto, que esta comisión quede en el ámbito de la Legislatura “mejora ostensiblemente el anclaje institucional que tiene actualmente esta comisión, porque se trata de un órgano distinto del órgano al cual debe controlar. Principalmente, debe controlar lo que sucede en las cárceles, por lo que tener un anclaje distinto al Poder Ejecutivo y Judicial entendemos que es una mejora importante para esta comisión". Además, señaló: “De todas las provincias argentinas, solo cinco tienen un organismo de este tipo establecido por ley. De ellas, Misiones y Corrientes lo tienen dentro del ámbito legislativo”.

A su turno, Mailé Rodríguez (FIT) adelantó su voto negativo al señalar su desacuerdo con la nueva composición de la comisión, “por el valor que significa la participación de esos miembros luchadores de toda la vida contra el terrorismo de Estado”.

También Laura Chazarreta (FdT-PJ) adelantó el voto negativo de su bloque al indicar: “Atrasa muchísimo en materia de derechos humanos al anular la participación de organismos de DD.HH.”. También manifestó su rechazo a la forma de designación del procurador  de las Personas Privadas de la Libertad.

De igual forma, Mercedes Llano (PD) expuso su voto negativo, indicando que le genera “dudas que, a largo plazo, esta nueva composición de la comisión termine subyugada en relación con el oficialismo de turno”. Además, sostuvo “El espíritu original de la norma era dar amplia participación a miembros de la organización civil. Entiendo que se ha resentido esa representación”.