El gobernador Alfredo Cornejo logró tener más rápido de lo que pensaba la ley que anunció durante su discurso del 1.° de mayo para obligar a los presos a que trabajen. Es que hoy miércoles 10, la Cámara de Diputados convirtió en ley esa iniciativa que ayer tuvo sanción inicial en el Senado.

El proyecto fue aprobado por mayoría, mientras que el bloque FIT votó en contra y se abstuvieron de votar Lucas Ilardo y Patricia Galván (FpV). Cuando la norma sea promulgada por el mandatario, los presos estarán obligados a trabajar y el Gobierno deberá generar más de 2000 empleos.

En los fundamentos del proyecto, el Poder Ejecutivo destaca: “Tanto el delito como la reincidencia han crecido a niveles inusitados en la Argentina. No se ha cumplido el fin de la resocialización, salvo en porcentajes tan mínimos que ni siquiera llegan a configurarse como excepciones a la regla; y a su vez, la reiterancia de delitos implica que el sistema en general propende a que quienes cometen delito lo vuelvan a hacer”.

La nueva ley prevé así la obligatoriedad de los presos con condena de Mendoza de trabajar para poder acceder a ciertos beneficios, como la prisión domiciliaria o salidas transitorias. Actualmente sólo el 20 % de los 2400 reos de la provincia trabajan y la gran mayoría lo hace de manera informal. Esta norma, por el contrario, busca que todos los presos condenados de las cárceles provinciales trabajen y reciban un salario para ayudar a su familia, retribuir monetariamente a las víctimas de sus actos delictivos y ahorrar para el momento de su salida en libertad.

El sistema de reinserción se desarrollará primando las labores en todas sus formas, en la capacitación, en la educación, en la introyección en el rol de las víctimas y en la retribución hacia las mismas. “Los derechos de la persona privada de libertad serán equivalentes a los derechos de los ciudadanos de la provincia de Mendoza, siempre que se encontraren en condiciones de igualdad”, explica otra parte del proyecto aprobado.

La reforma convoca por primera vez a las víctimas del delito a participar en el sistema penal y crea un régimen que traza ejes, que promueve que los presos trabajen y se capaciten para conseguir disminuir los índices de “reiterancia” y reincidencia de quienes están privados de su libertad.
 

Debate

Desde el bloque oficialista, la diputada Analía Jaime explicó: “Este proyecto tiene como objetivo la reinserción social a través de la educación, la capacitación y el trabajo, de las personas condenadas. También tiende a bajar los niveles de reincidencia de la provincia de Mendoza”. Además resaltó que es significativo que “lo haya planteado el gobernador (Alfredo Cornejo) en la agenda pública y en la de gobierno para trabajar estos temas que tienen que ver con la seguridad pública”.

Por otro lado, en el FIT, los diputados Héctor Fresina y Lautaro Jiménez señalaron que “nada en esta ley indica que algo va a cambiar”, en especial porque “no se ha destinado ninguna inversión y presupuesto para acondicionar las instalaciones de las cárceles para que los presos puedan trabajar”. También resaltaron que están en desacuerdo con el hecho de que no están definidas las horas laborales y la remuneración económica.

Por otra parte, tanto Patricia Galván como Lucas Ilardo (FpV) pidieron abstenerse de la votación. Para ellos, es necesario garantizar el trabajo y la educación a los presos, pero en el contexto actual no es posible que ninguno tenga garantizada también la reinserción social en las condiciones en las que están hoy las cárceles. Señalaron además que no se dio el debate necesario para discutir el presupuesto para mejorar la infraestructura carcelaria.

Por otra parte, Mario Díaz (FpV) explicó: “Me parece un error profundo negarnos a este desafío. Es infantil negarnos a la posibilidad de generar un proceso de cambio cultural en la penitenciaría”. También destacó que “el preso vive en condiciones en las que es imposible su reinserción. Es más, vive en lugares donde termina especializándose más en delitos”. Por eso recalcó: “Esta ley trascenderá al Gobernador actual y a los que vienen”.

Finalmente, Pablo Priore (PRO) afirmó que es muy positiva la participación de las víctimas en las causas y que ellas o sus familiares sean resarcidos para que el preso logre la comprensión del daño causado. También expresó que “el ocio fomenta las adicciones y por eso es importante fomentar el estudio y los hábitos de trabajo”.