Condenado por violencia económica: ocultó sus bienes para no pagar la cuota alimentaria

Sociedad

Una de las autoridades en la materia es la Fundación Activismo Feminista Digital, que se encarga de brindar cursos sobre seguridad digital y promover el uso responsable de las redes sociales y del internet en general. Otro de sus objetivos es alentar a conocer sobre cómo el machismo llegó hasta al plano digital y así poder evitar que esto termine por perjudicar a las usuarias de las redes. Los daños digitales a la integridad que una mujer puede sufrir son varios y serán proporcionales al nivel de difusión que tenga aquello que las afecta.

Julieta Luceri, directora ejecutiva de la fundación, comentó a Unidiversidad que han recibido muchas consultas sobre el robo de imágenes privadas. De hecho, es algo que pasa todas las semanas, pero no hay estadísticas al respecto en Argentina.

Imagen: @femhackarg

El modus operandi de los hackers es simple: toman las fotos de cuentas de Instagram y luego las publican en sitios como Poringa u OnlyFans; además, suelen agregar todos los datos de las víctimas, con nombre completo, incluso el lugar de trabajo o estudio. Esta difusión de datos, llamada doxing, produce que el daño sea aún mayor. Otro caso común es el de usuarias de OnlyFans que vendieron sus fotos voluntariamente, pero que, luego de que alguien las comprara, se enteraron de que fueron difundidas en sitios públicos sin su aprobación.

Si bien las redes sociales cuentan con la opción de dejar las cuentas en modo “privado” para que solo puedan acceder al contenido las personas que son aceptadas por el usuario, eso no suele ser una garantía. Luceri comentó que aceptar las solicitudes de seguimiento sin chequear los perfiles es lo mismo que tener una cuenta pública. Esto ya excede a las redes sociales: es una cuestión de alfabetización digital y de saber cuál es el valor de la información que se comparte en las redes.

Cuando ya las fotos han sido arrebatadas por personas agregadas en las redes o no, lo recomendable es buscar ayuda legal. Si bien en Argentina no es legal usar fotos ajenas sin consentimiento, tampoco es un delito. La Ley 11723 establece que no se pueden usar ni imágenes ni voz de personas sin su aprobación, con varias excepciones. Lo que sucede es que, específicamente en las fotos íntimas, no hay una regulación. Por esto las víctimas no encuentran una solución efectiva a sus problemas.

Formas de actuar

Entonces, ¿cómo se puede ayudar a una víctima de este tipo de robos? Primero, se debe tener en cuenta si la persona es mayor o menor de edad, ya que las menores tienen más protección en cuanto al material íntimo en el sistema legal argentino. En segundo lugar, están las jurisdicciones de la ciudad donde se encuentra la persona que ha sido víctima del robo; por ejemplo, en CABA, usar fotos prohibidas sin consentimiento es considerado una contravención. En tercer lugar, dependerá de si el robo tiene alguna conducta que lo agrave, como amenazas, estafas o manipulación de material informático. De todas formas, la carencia de marco legal dificulta la resolución del problema, sumado al hecho de que quienes roban las imágenes lo hacen desde el anonimato.

Desde la Fundación Activismo Feminista Digital, priorizan la escucha de las mujeres que consultan y la apertura hacia lo que la víctima quiera hacer, siempre teniendo presente la importancia de conservar todo tipo de evidencia del hecho. Esto es porque lo común es que se quiera borrar todo para que no aparezca nada más en internet, lo que perjudicaría una futura investigación. Otro punto esencial que destaca Luceri es que, desde la Fundación, no se culpabiliza a la víctima. Sucede que, por lo general, la primera respuesta al hacer la denuncia en el ámbito judicial argentino es que la persona no debería haberse sacado esas fotos, en vez de priorizar que las imágenes no deberían haber sido robadas.

Muchas veces, el daño no queda solo en la publicación de las fotos, sino que hay casos en los que quienes robaron las fotos también crean una página falsa, parecida a redes como OnlyFans. En ella, le piden datos de tarjeta de crédito (recordemos que este tipo de plataformas son servicios pagos), y terminan agregando a la ya violenta situación una estafa monetaria. Luceri comentó que en Argentina no hay datos estadísticos de estos casos, probablemente por el miedo de las víctimas a la revictimización. Exponerse a denunciar casos tan privados –sostuvo Luceri– es algo traumático para las mujeres, sobre todo por la falta de perspectiva de género en la justicia argentina.

 Imagen: @femhackarg

Lo que se puede hacer desde lo informático es eliminar esas imágenes de las cuentas no autorizadas. Hay ciertos pasos para realizar la tarea, pero la forma de hacerlo dependerá de la red social. En algunas ocasiones, es por formularios y en otras por un mail, siempre identificando las publicaciones que se quieren eliminar. La denunciante debe dar sus datos para confirmar la identidad y dar paso a la baja. Los problemas aparecen cuando el posteo no deseado se encuentra en páginas sin medios de contacto, como son los denominados “sitios satélites”, que toman los posteos de las redes importantes y los colocan en los suyos.

“Desde 2016, asistimos a mujeres víctimas de violencia digital y les brindamos un asesoramiento primario con orientación técnica y legal”, comentó Luceri. Con esto, obtienen información suficiente para intentar resolver el problema y se les informa si, en casos extremos, necesitarán buscar un abogado. En ocasiones, la Fundación puede resolver los conflictos de sus usuarias sin la intervención de un tercero, pero esto depende de cada caso. Es común que quienes acuden en busca de ayuda se desanimen por la falta de respuesta de la justicia y terminen por esperar un poco más para actuar.

Proyectos en el Congreso

Julieta Luceri comentó que la Fundación tiene presentados dos proyectos de ley en el Congreso Nacional. El primero se basa en incorporar en el Código Penal la difusión no consentida de material íntimo y el acoso virtual como algo punible. Esto se trabaja desde 2017 y cuenta con muchas trabas porque, según explicó Luceri, hay “resistencia a modificar el Código Penal”.

El segundo es un proyecto para modificar la Ley de Protección Integral hacia las Mujeres (26485) para incorporar la violencia digital como un tipo violencia machista y a la violencia telemática (ejercida a través de las tecnologías de información y la comunicación) como una modalidad de violencia machista. Además, se busca que sea obligatoria la formación en alfabetización digital en todas las escuelas bajo el marco de la educación sexual integral (ESI). Este proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados en 2019, pero, al pasar al Senado, se descartó, lo que generó que la iniciativa perdiera estado parlamentario. De todas formas, la Fundación lo reingresó en 2021 y continúa trabajando para la modificación de la normativa.