El coordinador de la Iniciativa América Latina y Caribe contra el Hambre, Juan Carlos García Cebolla, resaltó los esfuerzos que realizan los países de la región por resolver la problemática de la pobreza y la indigencia, una situación en la que vive el 32,1 por ciento de la población.

El proyecto, que nació en 2005 y lleva adelante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), creó un espacio para analizar las políticas públicas tendientes a solucionar el problema del hambre, así como monitorear su puesta en marcha y lograr una verdadera red entre los países de la región.

El especialista fue categórico al asegurar que la problemática de la pobreza se puede superar, aunque aclaró que para lograr el objetivo es necesario sostener políticas a largo plazo. “No es algo que se consigue en un año o dos. Cuando miramos a los países que han tenido éxito lo que encontramos es ese objetivo compartido y un trabajo de una o dos décadas en esa dirección”, señaló.

En una entrevista vía mail con Cicunc Contenidos, Cebolla habló sobre la Iniciativa, los logros alcanzados y lo que aún falta por hacer.

¿Cómo nació la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre?

Sus orígenes se remontan a la Cumbre Latinoamericana sobre Hambre Crónica, realizada en Guatemala en septiembre de 2005. Durante el evento se discutió y presentó la idea, siendo lanzada por los presidentes Luiz Inácio da Silva, de Brasil, y Oscar Berger, de  Guatemala.

Los promotores consideraban que para erradicar el hambre de la región era necesario un fuerte compromiso político y que éste se tradujera en políticas públicas y programas. De ahí la idea de esta iniciativa, la que en definitiva es un compromiso ligado a un objetivo claro: la reducción de la incidencia de la desnutrición crónica infantil y la desnutrición por debajo del 2,5 %, en todos los países de la región.

Tras ser lanzada la propuesta, ésta ganó rápidamente adeptos entre los mandatarios de toda la región y se pidió a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) que la apoyara. Fue así como en 2006, FAO, con el respaldo financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), estableció un proyecto  para que asumiera las labores de apoyo a los países en este reto.

¿Cuántos países y de qué modo participan?

Participan todos los países de América Latina y el Caribe, los que dirigen la Iniciativa a través de las Conferencias Regionales de FAO y del Grupo de Trabajo 2025 (GT2025), este último establecido por los embajadores del Grupo de Países de América Latina y el Caribe representados ante  Naciones Unidas (GRULAC). El GT2025 sesiona anualmente y es, concretamente, el mecanismo que los países crearon para realizar el seguimiento de la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre (ALCSH) y mantener un flujo de información entre las naciones. En él, los países representados tienen la oportunidad de conocer los avances del proyecto y sus planes, y expresar sus propuestas y puntos de vista.

¿Cuáles son las políticas concretas que se pusieron en marcha para lograr ese objetivo?

Los países están fortaleciendo sus políticas en diferentes áreas. Es conocido el esfuerzo en la región por innovar y fortalecer las políticas de desarrollo y protección social. Los programas de transferencias condicionadas y otros programas asociados se han extendido en la región de modo que hoy hay 18 países que tienen este tipo de programas.

Dos áreas clave en la lucha contra el hambre, la agricultura familiar y la alimentación escolar, han ido cobrando una gran importancia en la agenda de políticas. En el caso de la primera, esta mayor priorización queda plasmada en la Reunión Especializada de Agricultura Familiar (REAF), que inició su funcionamiento en el marco del Mercosur el año 2004. Para atender a las necesidades de la agricultura familiar los países afrontan el reto de desarrollar una nueva institucionalidad, que les permita entregar una mejor asistencia técnica, créditos, seguros, acceso a tecnologías adecuadas, a los mercados, entre otras formas de apoyo.

En cuanto a los programas de alimentación escolar, los países trabajan en su fortalecimiento y la creación de sinergias con otras políticas, como las de agricultura familiar y las de educación alimentaria y nutricional.

Por otro lado, además de esas líneas de políticas, un tema que hay que destacar es la creciente importancia y los esfuerzos que se vienen realizando por la articulación y coordinación interinstitucional de las políticas. La pobreza y el hambre son problemas multidimensionales en los que las políticas son multisectoriales. Un cambio profundo e importante es la orientación hacia políticas articuladas y al fortalecimiento de la coordinación interinstitucional.

¿Cuál es la importancia de que los países latinoamericanos se unan tras este objetivo común?

La Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre parte de la idea de que son los programas nacionales los que darán lugar al éxito en el objetivo.

Sin programas nacionales fuertes no es posible. Ahora bien, el fortalecimiento de esos programas y de las capacidades es un proceso en el que se pueden obtener importantes ventajas del intercambio de experiencias del trabajo conjunto. En este sentido, ha permitido generar un debate en torno a las posibles respuestas al problema, ha facilitado el intercambio de experiencias y ha sido un apoyo técnico para los países a la hora de desarrollar políticas, programas, estrategias y legislaciones para atacar el hambre.

Una excelente muestra de lo que se puede obtener gracias al trabajo conjunto son los Programas de Transferencia Condicionada, que hoy tienen como destinatarios a casi el 19% de la población de América Latina y el Caribe. Año a año la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre realiza el Seminario Internacional sobre Programas de Transferencias Condicionadas, el que tendrá su VI versión en septiembre. Este espacio se ha transformado en un punto de intercambio de experiencias que ha permitido fomentar la utilización estos programas, perfeccionarlos y aumentar su eficacia.

Por otra parte, los países de la región llevan a cabo procesos y esfuerzos de integración regional. En ese campo, los países también trabajan en materias que tienen que ver con la erradicación de la pobreza y la seguridad alimentaria y con la colaboración para afrontar problemas globales que les afectan y en los que ese objetivo compartido tiene un papel muy importante para facilitar esos procesos y alcanzar soluciones acordes a las necesidades de la región.

Dentro de estos esfuerzos, cabe destacar la Declaración de Salvador, Bahía, de la Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo, realizada en 2008, en la que los países, además de subrayar la importancia de las políticas y programas destinadas a erradicar el hambre y la pobreza, decidieron promover la coordinación regional de iniciativas sobre la seguridad alimentaria y nutricional y conjugar esfuerzos en apoyo a la Iniciativa América Latina y el Caribe Sin Hambre 2025. La misma delinea una agenda regional de seguridad alimentaria y desarrollo agrícola.

¿Cuáles son los obstáculos para lograr el objetivo del proyecto?

El principal factor de inseguridad alimentaria en la región es el acceso a los alimentos. Ello tiene que ver con la desigualdad y con procesos históricos que han generado exclusión. El reto es crear consensos para asegurar una adecuada prioridad a la lucha contra el hambre y la pobreza, como objetivo del conjunto del país y conseguir no sólo recursos, sino también la participación y coordinación de todos los sectores y actores.

Son procesos de construcción de acuerdos y capacidades, que no se producen de la noche a la mañana. Por otro lado hay elementos y factores exógenos y globales como el cambio climático, las alzas en los precios de los alimentos y las crisis económicas, que dificultan la llegada a la meta.

¿Es posible erradicar la pobreza o la indigencia, que está instalada en el imaginario colectivo de las sociedades?

Es posible, radicalmente sí. Es una cuestión de que ello sea una prioridad de la sociedad y de un trabajo continuado con ese propósito. Erradicar la pobreza no es algo que se consigue en un año o dos: cuando miramos a los países que han tenido éxito, lo que encontramos es ese objetivo compartido y un trabajo de una o dos décadas  en esa dirección.

Según su punto de vista, qué tipo de políticas se deben poner en marcha para erradicar la pobreza.

La FAO defiende, y así ha sido también considerado por el conjunto de la comunidad internacional, que el enfoque de doble vía es el marco de políticas que permite avanzar de modo sostenible en la lucha contra la  pobreza y el hambre: políticas de apoyo a los más vulnerables y políticas de creación de capacidades. Sin las primeras la población vulnerable no puede sostener sus mínimos, lo que no sólo vulnera sus derechos humanos, sino que se convierte, además, en una trampa de pobreza, de modo que las políticas de creación de capacidades no pueden dar resultado sin ellas.

Sin políticas de creación de capacidades no es posible que la población vulnerable pueda dejar de serlo y alcanzar un pleno desarrollo humano.

Entre las políticas de apoyo a los más vulnerables están las redes de protección social, dentro de las cuales hay diferentes instrumentos, entre ellos los que generan apoyo a los niveles de renta, como los programas de transferencias de renta y alimentación escolar, dentro de los cuales la región de América Latina y el Caribe ha sido una gran innovadora.

Por otro lado, hay que generar capacidades y en esa materia, considerando que la indigencia y la inseguridad alimentaria afecta en mayor proporción a la población rural, destacaría las políticas que buscan fortalecer a la agricultura familiar, crear un entorno adecuado a la misma y fortalecer sus capacidades, lo que incluye asistencia técnica, acceso a crédito, acceso a mercados, etcétera. Igualmente hay que destacar que en gran parte de los países de la región la exposición a riesgos naturales es muy elevada  y, por tanto, la prevención de riesgos y el desarrollo de capacidades de respuesta frente a emergencias y desastres es clave.

En la iniciativa ustedes plantean la necesidad de buscar consensos y de trazar políticas de Estado. Esto se logró en algunos países, ¿hay alguno que sea un ejemplo respecto de los avances que logró en los últimos años?

En general en la región se observa que se está produciendo un avance y que ello tiene que ver con esa creciente formación de consensos, que en muchos casos necesitan fortalecerse, pero que en general no son inexistentes. Hay situaciones muy diferentes y contextos muy distintos. Los avances visibles tienen que ver con procesos largos. Brasil es el caso que hoy destaca. El impulso que supuso el programa Hambre Cero y los cambios legislativos acontecidos en los últimos años han sido muy importantes, pero hay que ver, precisamente, que todo ello es la maduración de un proceso que venía de largo tiempo.

Hay que destacar, además, que actualmente 5 países han reconocido explícitamente el Derecho a la Alimentación Adecuada en sus Constituciones. Otros siete países, incluida Argentina, cuentan con leyes de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) o Soberanía Alimentaria.

Fuera de los países con leyes SAN, El Salvador, Haití, Republica Dominicana y Panamá han establecido en los últimos años órganos de coordinación de políticas y espacios de participación de la sociedad civil para la discusión de políticas SAN.

Por otro lado, Colombia, Costa Rica y Perú han aprobado Políticas SAN con rango normativo y en el Caribe, CARICOM aprobó en 2010 una Política Regional de SAN.