Entró al Congreso la ley Alfonso y ya son tres los proyectos para legalizar la eutanasia
La iniciativa está inspirada en la historia de Alfonso Oliva, un joven que fue diagnosticado con ELA y peleó hasta que falleció, hace dos años, por una ley al respecto.
Alfonso Oliva, inspirador del proyecto de ley de eutanasia. Foto: Infobae
Eutanasia: ya hay tres proyectos de ley que buscan que una persona que sufre una enfermedad grave, crónica e irreversible decida cuándo morir. Podrían debatirse el año que viene. La última iniciativa presentada esta semana es conocida como ley Alfonso. Fue el primer borrador terminado y el último en llevarse al Congreso. Lo redactó Gabriela Estévez, diputada del Frente de Todos en representación de Córdoba, junto a un equipo de especialistas con especial participación de Carlos “Pecas” Soriano, médico especialista en emergentología y máster en Bioética.
De acuerdo a este proyecto, quien requiera el procedimiento médico deberá ser argentino o acreditar una residencia mayor a un año en el país, ser mayor de edad y plenamente capaz. En el caso de que la persona sea incapaz o no pueda manifestar su voluntad, solo se le dará curso a la eutanasia si existe una directiva anticipada, es decir, que el paciente haya dejado asentado que ese es su deseo, tal como explica una nota publicada en DiarioAr. Un médico responsable y un médico consultor, independientes entre sí, y una consejería compuesta por psicólogos y psiquiatras intervendrán en el proceso. Deben certificar que el paciente sufre una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante. También evaluarán su voluntad de morir y si fue debidamente informado sobre la práctica durante todo el proceso.
Contempla dos modalidades. Una es la eutanasia, lo que ocurre cuando un profesional de la salud administra la sustancia que provoca la muerte; la otra es la muerte asistida, caso en el que el profesional de la salud prescribe la sustancia para que quien pide el procedimiento se la autoadministre. La prestación estaría incluida en el Programa Médico Obligatorio y en el Programa de Garantía de Calidad de la Atención Médica. Contempla, además, la objeción de conciencia individual o de las instituciones de salud, en los mismos términos que la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. También prevé la creación de una Comisión Nacional de Evaluación y Control con el propósito de garantizar el cumplimiento de las disposiciones de la ley.
El proyecto del Frente de Todos se suma al presentado la semana pasada por tres diputados y diputadas de la UCR, "Ley de Buena Muerte", y al del senador, también radical, Julio Cobos, "Interrupción Voluntaria de la Vida".
La ley Alfonso, del FdT, es "un mix" entre los dos que ya están en el Congreso. Como en el proyecto de Cobos, introduce una cadena de profesionales de la salud para que intervengan en el proceso y excluye a los menores de edad. Como el de los diputados radicales Alfredo Cornejo, Jimena Latorre y Alejandro Cacace, no obliga a que el paciente que requiera la eutanasia tramite un consentimiento informado por escrito ante un escribano público o juzgado de primera instancia, pero sí solicita dos testigos que den cuenta de que el paciente actúa por voluntad propia. Los tres proyectos, de todas maneras, tienen el mismo objetivo: que una persona que sufre una enfermedad incurable y que afecte su dignidad pueda decidir cuándo morir.
La ley Alfonso se llama en realidad "Ley de Derecho a la Prestación de Ayuda para Morir Dignamente", pero es conocida de la primera forma porque está inspirada en la vida de Alfonso Oliva, que en 2014 fue diagnosticado con ELA. Consciente de que su estado era irreversible, Oliva pidió que, tras su muerte, su familia y amigos apoyen el debate sobre la eutanasia en Argentina. Murió hace dos años.
Poder decidir sobre el final de la propia vida es un derecho reconocido en España, Bélgica, Holanda, Canadá, Nueva Zelanda, Luxemburgo y varios de los estados de Estados Unidos. En Latinoamérica, solo es legal en Colombia. En ese país, hubo una controversia hace poco por un caso de "muerte por piedad". En Perú no es legal, pero, después de un largo juicio, el Estado le garantizó a Ana Estrada su derecho a acceder a la eutanasia cuando ella lo decida.
Fuente: DiarioAr
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