El Gobierno de la provincia se enfrentó a la audiencia pública por el aumento del boleto de transporte público. El secretario de Servicios Públicos, Sergio Marinelli, pidió que los oradores se enfocaran en el aspecto “técnico” del tema y no en “subjetividades”. Sin embargo, y a pesar de que faltaron unos pocos expositores, de los 30 oradores sólo uno adhirió a la decisión ya tomada por el Ejecutivo de aumentar el boleto a $ 8 en febrero y a $ 8,50 en julio, y fue el representante de la Asociación Unida Transporte Automotor Mendoza (Autam).

En la mañana de este lunes, en el Centro de Congreso y Exposiciones de la calle Peltier, varios ciudadanos se dieron cita por una nueva audiencia pública convocada por el Gobierno. Esta vez, la Secretaría de Servicios Públicos propuso esta instancia para debatir el aumento del boleto del transporte público, que hoy está a $ 6, desde febrero de 2017 costará $ 8 y, a partir de julio, $ 8,50.

Marinelli sólo recibió el apoyo de Raúl Mercau, de Autam, quien justificó el aumento del boleto con un estudio de precios y gastos hecho desde la administración y explicado en la audiencia por una contadora de la secretaría en cuestión. Ambos argumentaron que por el pasaje de trasbordo, el Estado provincial pierde más de 173 millones de pesos y que en realidad lo que se plantea es un precio del boleto teniendo en cuenta el gasto de las empresas por kilómetro recorrido. El Gobierno afirma que, por kilómetro, se consumen 41 litros de gasoil.

El resto de los oradores fue en contra de las dos propuestas de Marinelli: tanto la del aumento del pasaje como la de limitarse a lo técnico y objetivo de la cuestión. Es que los números, tal y como los presentó la Secretaría, no contemplan el contexto de aplicación de este incremento.

El primer argumento es que no se tiene en cuenta el nivel de inflación ni tampoco la mala calidad del servicio que las empresas prestan por este precio, que cada vez aumenta más y con más frecuencia. En segundo lugar, si bien está establecida la cantidad de combustible que usan las unidades vehiculares por kilómetro recorrido, no todas las empresas hacen los mismos trayectos ni todas las distancias; por lo tanto, algunas gastan más que otras. Además, los expositores se manifestaron ante la poca información dada desde el Gobierno, ya que ni siquiera encontraron números precisos sobre la cantidad de mendocinos, usuarios del transporte público, que se verían afectados con esta medida.

Entre los 30 exponentes, incluyendo a los pocos ausentes, se encontraban personalidades como José Luis Ramón, de la ONG Protectora; Francisco Cartero, del Centro de Empleados de Comercio (CEC); Andrés Cazabán, de la Multisectorial, y muchos estudiantes que luchan por el boleto gratuito estudiantil. La mayoría de ellos coincidieron en tres aspectos: el pedido de nulidad de la audiencia pública, el de aplicar la tarifa social acorde a la situación económica que atraviesa la provincia y el de bregar por los intereses de la población a la que representan, y no de los provechos económicos de las empresas privadas.
 

Pedido de nulidad

Gran parte de los oradores expresaron que la audiencia pública debería ser anulada por ser ilegítima. Cazabán incluso se animó a calificarla de “audiencia sorda”. Entre varios argumentos, aseguraron que la información necesaria sobre el tema, que debe dar el Gobierno con 30 días de anticipación, se hizo pública recién el pasado jueves 15, apenas cuatro días antes de la audiencia.

Ramón, por su parte, afirmó que esta instancia sólo se trata de una farsa con la que el Ejecutivo provincial pretende legitimar el ajuste de números, el cual no puede basar sin más en declaraciones juradas de las empresas que, además, denunciaron que eran todas muy similares para la variedad de gastos que puede haber entre una y otra.
 

Boleto estudiantil

Estudiantes de las facultades de Derecho, Filosofía y Letras y Ciencias Agrarias de la UNCUYO, y de la Universidad del Aconcagua, se presentaron como oradores de la audiencia pública. A diferencia de lo que ocurrió en la audiencia por el pliego de José Valerio como juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), esta vez no se distinguieron en cuanto a su posición los colores políticos de la militancia estudiantil.

Aunque con distinta dureza contra el gobierno actual, tanto adherentes a agrupaciones peronistas como a la Franja Morada reclamaron, una vez más, por el boleto estudiantil gratuito, demanda ante la cual este sector sólo ha tenido como respuesta más aumentos.

De hecho, los mismos estudiantes hicieron algunos cálculos ante la ausencia de datos concretos por parte del Estado: uno de ellos estimó, sobre la base de algunos medios locales, que son 567 mil usuarios diarios los del transporte público. Otro estudiante, por su parte, calculó que una persona gasta en la actualidad $ 288 en 24 días laborales al mes. Ese número subiría a $ 816 con el aumento y si se anula el pasaje trasbordo, lo que significaría que una familia tipo de cuatro personas gastaría aproximadamente $ 3200 mensuales sólo en transporte público.