Cada temporada, cientos de turistas de todo el mundo llegan al Parque Provincial Aconcagua con la ilusión de conquistar la cumbre más alta de América. Sin embargo, detrás del atractivo natural y el impacto económico del turismo, hay una realidad silenciada desde hace años: la sobreexplotación de las mulas utilizadas como animales de carga. Las denuncias por maltrato, el deterioro físico de los animales y la falta de controles veterinarios evidencian un sistema que opera sin una fiscalización efectiva del Estado y bajo la lógica del beneficio económico de empresas privadas que priorizan la rentabilidad por sobre el bienestar animal.

Actualmente, la actividad privada dentro del Parque Aconcagua –que emplea a cerca de 900 animales de carga– se encuentra bajo la lupa. Hay ocho empresas habilitadas para operar con mulas en la zona y cuatro de ellas concentran el 70 % del movimiento turístico. Mientras tanto, una alternativa que reemplace a estos animales –como ya ocurre en otras partes del mundo– está muy lejos de llegar.

En este informe de Unidiversidad, consultamos a especialistas, organizaciones protectoras, autoridades ambientales y al Ministerio Público Fiscal para entender quién se hace cargo –o quién debería hacerlo– del cuidado de las mulas en el cerro. Las voces de la Fundación Cullunche, el Colegio de Veterinarios de Mendoza, el fiscal Gabriel Blanco y la Dirección de Áreas Protegidas de la provincia hablaron del colapso del sistema actual, la desarticulación de los programas provinciales por razones económicas, la falta de decisión política y la ausencia de controles técnicos en el terreno, lo que genera un contexto alarmante.

Heridas graves, desnutrición y hasta quemaduras químicas reflejan el impacto del turismo sin regulación efectiva. Foto: Infobae

Investigación penal en curso y un escenario desolador

El fiscal Gabriel Blanco, titular de la Unidad Fiscal de Delitos contra el Medio Ambiente del Ministerio Público Fiscal de Mendoza, confirmó que actualmente se investiga un caso por maltrato animal en el cerro Aconcagua. Hay cinco arrieros imputados y la causa se encuentra en pleno desarrollo. Blanco recorrió personalmente la zona en dos oportunidades: el 13 de enero y el 11 de marzo de este año. En ambos operativos, constató un panorama desalentador. “Verificamos la falta de controles veterinarios y el estado catastrófico de las mulas”, aseguró.

El avance de la investigación judicial se da en paralelo a denuncias que, según el propio fiscal, han ido en aumento en las últimas temporadas. La principal preocupación radica en la ausencia de profesionales capacitados en el parque para evaluar el estado de los animales y garantizar que se cumplan los estándares mínimos de bienestar.

Este conflicto con las mulas en el Parque Provincial Aconcagua lleva más de 40 años, pero el último hecho de maltrato –ocurrido en diciembre del 2024– desató un operativo realizado por la Dirección de Áreas Naturales Protegidas, en el cual se detectaron casos de abuso animal. Alrededor de 70 animales presentaban heridas graves, signos de desnutrición y otros problemas de salud. La situación tomó estado público cuando un caso estremecedor encendió las alarmas: un arriero sacrificó a una mula llamada Lunático, que había quedado agonizando en el cerro. Más tarde, se conoció otro hecho: una mula fue obligada a cargar una batería que se derramó y le provocó graves quemaduras con ácido.

El fiscal Gabriel Blanco encabeza una causa por maltrato animal y confirma el estado crítico de los animales. Foto: Infobae

Fundación Cullunche: dos décadas de denuncias y una propuesta radical

Desde la Fundación Cullunche, la médica veterinaria Jenifer Ibarra fue contundente: “Esto ya no va más. Hay que prohibir definitivamente la tracción a sangre”. Ibarra lleva más de 20 años observando la situación de las mulas en el cerro y no duda en calificar al sistema como anacrónico. “Hoy tenemos drones que cargan hasta cien kilos, incluso personas. Existen alternativas tecnológicas. Lo que falta es decisión política, y en eso el Estado no se ha puesto firme”, denunció.

La veterinaria detalló el modelo de negocio que impulsa la sobrecarga: “Ahora las mulas no solo cargan equipamiento esencial, sino también artículos de lujo. El turismo cambió. El glamping exige comodidad, pero eso recae directamente sobre los animales. Cuando empezamos, había unas 400 mulas. Hoy son más de 900”.

La fundación participó del Programa de Bienestar Animal entre 2006 y 2017. Luego, argumentó Ibarra, el Gobierno decidió prescindir de su colaboración con el argumento de que asumiría directamente el control. Sin embargo, en pocos años, las denuncias resurgieron con fuerza. “Después del escándalo por nuevas situaciones de maltrato, se incorporó al Colegio de Veterinarios, pero sin reincorporarnos a nosotros”, recordó Ibarra.

Según su testimonio, ese último programa de control veterinario funcionó muy poco tiempo, de 2023 a 2025. Tras la salida del Colegio de Veterinarios, en enero, el monitoreo quedó a cargo exclusivamente de los guardaparques. “Pero ellos no tienen formación técnica en salud animal. Es una muestra más del abandono estatal”, apuntó.

Desde la Fundación Cullunche exigen prohibir la tracción a sangre y denuncian abandono estatal sostenido. Foto: gentileza Fundación Cullunche

El aporte técnico veterinario y la caída del programa

Desde una perspectiva técnica, la médica veterinaria Noelia Guevara explicó que en 2023 trabajó junto a colegas en el Programa de Bienestar Animal en el Parque Provincial Aconcagua. El objetivo fue doble: evaluar las condiciones socioeconómicas de los arrieros y promover una mejora educativa en el vínculo con los animales.

Durante la primera etapa, se establecieron métricas específicas para el control: se monitoreaban los kilómetros recorridos por cada mula, la carga transportada y los tiempos de descanso. “Aconcagua no puede medirse con los mismos criterios que una ciudad. Las mulas trabajan cuatro meses y luego descansan el resto del año. No obstante, el monitoreo tiene que ser permanente”, detalló.

Según Guevara, el programa fue desactivado por decisiones basadas en “información incorrecta”. Además, denunció las condiciones precarias en las que trabajaban los veterinarios. “No teníamos viviendas adecuadas y tampoco respaldo institucional. Además, los guardaparques, que no tienen formación en medicina veterinaria, fueron designados para supervisar la salud de los animales. Esto es preocupante porque implica un ejercicio ilegal de la profesión. El bienestar animal no se puede evaluar sin criterios técnicos adecuados, y eso es gravísimo”, advirtió.

El último programa de bienestar animal fue desactivado y el Colegio de Veterinarios rompió su convenio con la provincia. Foto: Infobae

El Colegio de Veterinarios de Mendoza rompió su vínculo con la provincia

A finales del mes de enero de este año, el Colegio de Veterinarios de Mendoza anunció la disolución de los convenios firmados con el Gobierno provincial para brindar asistencia en el Parque Provincial Aconcagua. Según lo informado, los animales de carga utilizados por empresas privadas –encargadas de transportar los pertrechos de los andinistas que intentan hacer cumbre en el cerro– contaban con atención veterinaria a través de profesionales contratados por el Ministerio de Energía y Ambiente durante toda la temporada. Sin embargo, esta relación contractual se interrumpió por decisión de los propios veterinarios.

En un comunicado oficial, el Colegio argumentó que “no se garantizaron condiciones dignas y necesarias para el correcto desempeño profesional de nuestros/as colegas en el Parque Aconcagua”. Además, señalaron que los profesionales sufrieron “cuestionamientos públicos” en relación con su rol, lo que derivó en “un ambiente de conflictividad y tensión”.

En su descargo, el Colegio de Veterinarios también apuntó contra el accionar de quienes custodian el Parque. “Gran parte de los guardaparques dificultaron constantemente la labor del equipo veterinario, cuestionando su criterio y hasta desautorizando sus decisiones”, aseguraron.

El Estado provincial promete un nuevo plan

Frente a las críticas y denuncias, el director de Áreas Protegidas de Mendoza, Iván Funes Pinter, aseguró que el Gobierno provincial está ahora trabajando en una nueva estrategia. “Hemos tomado la decisión de avanzar con un nuevo programa de bienestar animal. La idea es generar reglamentos claros, concisos y enfocados en el cuidado integral de las mulas”, sostuvo.

Funes Pinter explicó que el plan será articulado junto al cuerpo de guardaparques y la Dirección de Biodiversidad. Además, confirmó que ya se están elaborando los pliegos para licitar la incorporación de un nuevo equipo de veterinarios. “Queremos garantizar controles sanitarios de ingreso y mejorar las condiciones de trabajo en el cerro. Es un paso adelante”, afirmó.

No obstante, mientras el nuevo programa se diseña, el parque continúa operando sin supervisión veterinaria en tiempo real. Las mulas siguen cargando equipamiento, recorriendo largas distancias, y son alquiladas por terceros que, según las denuncias, no siempre actúan con responsabilidad.

La falta de veterinarios especializados expone a las mulas a jornadas agotadoras y sin atención adecuada. Foto: gentileza Fundación Cullunche

¿Quién se hace cargo?

Por ahora, el bienestar de las mulas en el cerro Aconcagua depende más de voluntades individuales que de un sistema sólido de control estatal. Así, las denuncias aumentan, la fiscalía investiga, los programas se caen y hay promesas de nuevos programas. Mientras tanto, los animales siguen trabajando al límite, con pocas garantías de salud y sin una legislación que prohíba o al menos regule de forma efectiva su uso. En lo más alto de América, las mulas siguen esperando una respuesta que lleva más de 40 años sin llegar.