Durante muchos años los escalones de acceso al edificio de la justicia federal mendocina fueron el mudo escenario de una de las luchas más persistentes y conmovedoras que haya visto la sociedad: la del juicio y castigo a los represores de la última dictadura militar. El tiempo pasaba, las Madres de Plaza de Mayo y los familiares de los desaparecidos no podían traspasar ni esos escalones ni la intemperie. O los expedientes con sus casos estaban archivados o de la cúspide de ese mismo poder se bajaba la orden de impedirles el acceso.  Desactivado ese perverso mecanismo impulsado para prolongar la impunidad de los victimarios, en los últimos dos años la situación es muy diferente. Los movimientos de entrada y salida son los propios de una oficina de justicia que atiende muchos casos, no sólo los que se ventilan por estos días en la Sala de Audiencias del Tribunal Oral.     

Así las cosas, acudir a la Unidad Fiscal es como entrar a la cocina de los juicios. Un sitio amable que invita a mirar más allá de la alta pila de expedientes y dejarse envolver por esa atmósfera investigativa donde es posible reconocer el sello personal del Fiscal a cargo, Dante Vega.  

-¿En qué momento y de qué modo la lucha de las madres y los familiares se cruzó  en su vida personal despertando alguna sensibilidad?

-Siempre fue un tema que me conmovió, desde que era joven. Recuerdo que cuando era chico en mi casa se hablaba del informe de la Comisión Interamericana pasado “clandestinamente” por Monseñor De Nevares a mi padre. Luego fui sumando otros datos; ya con el gobierno de Alfonsín se empieza a saber más en detalle con lo cual pasé a tener la convicción que estos delitos no tenían conexión con ninguna guerra y debían perseguirse. Pasó el tiempo, aún no era abogado cuando tuve contacto con Madres de Plaza de Mayo en Córdoba, leíamos documentos de Amnistía Internacional –mi mamá era militante de esa Asociación- y después como abogado conocí a colegas especializados en derechos humanos. Claro que es justo una época que coincide con la impunidad, con lo cual, repasando ha pasado mucho tiempo donde los únicos que sostienen este tema son los organismos de derechos humanos.

-¿Si tuviese que caracterizar su actitud de entonces qué diría?

-Lo mío no era una actitud activa, pero sí era de compromiso. Y debo decir que nunca pensé que ésta etapa de revisión judicial de los crímenes del terrorismo de Estado me iba a encontrar en el lugar en el que estoy.  Tal previsión apareció recién cuando rendí para Fiscal y por esa razón es que me mantuve al margen de los escritos que se presentaban en las distintas causas tramitadas en la provincia. Todo lo que pasó después fue vertiginoso, con decir que en junio del 2010 juré como fiscal y tres días después ya estaba en San Rafael abocado al primer juicio de delitos de lesa humanidad. 

-¿Qué significó esa experiencia? Porque una cosa es leer expedientes sobre la represión y otra muy diferente es lo que a uno como persona le sucede llegado el momento de celebrarse el juicio…

-Fue una experiencia muy intensa.  Yo algo había leído sobre el factor humano en el juicio a las Juntas. Esto es, algo pasa al escuchar a una persona que sufrió la represión de parte de los organismos estatales o paraestatales relatar su historia, algunos lo hacían por primera vez. Es por demás significativo porque relata su sufrimiento o el de sus seres queridos ante el mismo Estado que lo había privado de libertad o de ese ser querido. Pero claro, una cosa es leerlo y otra cosa es vivirlo lo cual me hizo aprender que cada caso es distinto e igual de importante que otro. Cada caso encierra una cuota de dolor distinta, es un universo cerrado, una individualidad en su estructura, si bien todos se inscriben en un contexto. Vaya dualidad…por un lado se inscriben en un plan represivo donde nada es al azar, pero por otro lado, cada uno tiene su particularidad. Y entonces nunca uno deja de sorprenderse con las historias que cuentan los testigos. Y hay otro tema que es la credibilidad del testigo.

-¿La regla general de que el testigo no miente?

-Es muy sorprendente verlo y confirmarlo. Yo como Fiscal tengo la obligación de indagar en la veracidad del testigo, y jamás tuve sospecha alguna de un testigo que estuviera mintiendo. Cuando una víctima no se acordaba, decía no me acuerdo, cuando se acordaba, se acordaba. En todos los juicios ha sido así. Son personas que están relatando hechos ocurridos hace más de 30 años, si tuvieran una actitud ganancial o vengativa podrían fácilmente involucrar a alguien que no haya estado en la situación o ante la simple sospecha. Pero no, lo cual demuestra el grado de compromiso cívico de las víctimas. Esto de “no queremos venganza” no es algo que se dice en el aire, es algo que se demuestra todos los días cuando se va a declarar a un tribunal.

-¿Qué dice esto del sentido último de estos juicios, frente a la idea de querer barrer la humanidad?

-Que pese a que lo intentaron, no pudieron barrer  la humanidad. Esto se reafirma desde el momento en que pasaron tantos años y se le brinda a una persona la posibilidad de hablar. Y atención porque no es fácil hablar de historias íntimas en un ámbito como lo es el judicial, tan formal y estricto. Mucho menos cuando la crueldad de la represión es tan intensa como ocurrió en Mendoza, mucho más que en San Rafael. Hemos asistido a testimonios muy fuertes, como el de David Blanco, quien declara que los hombres en el D2 también eran violados, o el de las valientes mujeres que contaron cómo eran sometidas sexualmente, hay que tener mucho coraje para eso.

¿Todo eso lo impacta de alguna manera en lo personal?

-Creo que sí, que a raíz de esta experiencia encaro cada audiencia con un espíritu distinto. Sé que me van a contar algo tremendo, que marcó vidas para siempre, y que nunca voy a dejar de sorprenderme por algo, sea del coraje o la veracidad.

-¿Tiene la sensación de estar ante un hecho de carácter histórico?

-Sin duda. Quien reconstruya el día de mañana la década del 70, su historia, no va a poder prescindir de los juicios de lesa humanidad. Por eso nosotros nos tomamos el trabajo de estudiar, intentamos reconstruir el funcionamiento de los grupos organizados de poder en Mendoza, y es curioso, hemos detectado períodos históricos. En el juicio de San Rafael empezamos a profundizar lo que pasó durante la última dictadura, después en Mendoza aproveché para ampliar lo que había empezado antes del 24 de marzo de 1976, bajo el período democrático. Y después, al ocuparme del juicio de la Masacre de Trelew me he ido más atrás todavía, al período de las anteriores dictaduras de Onganía, Levingston y Lanusse que es donde está el origen de muchas de las prácticas que luego se van a generalizar adquiriendo luego verdadera sistematicidad.

-En ésta línea habrá que considerar los ensayos represivos del 71, como la desaparición en San Juan del matrimonio Marcelo Verd y Sara Palacio. ¿Es posible eso?

-Es muy importante tener entonces la visión de los tres períodos históricos para sacar conclusiones, es justamente lo que estoy evaluando, en lo cuantitativo hay un número notable de ejecuciones y desapariciones desde 1966 hasta el 25 de mayo de 1973 que es cuando asume Héctor Cámpora.  Es decir, a los Verd se suman tantos otros casos de todo el país lo cual revela una organización. Alguien podrá decir y con razón que no existía entonces, la sistematicidad que hubo después, está bien, pero hay una línea, un continuum que merece ser investigado, seguramente el verdadero origen lo encontremos en los reglamentos militares de fines de la década del 60. Ahí se puede ver que en la faz normativa hay mucho de lo que luego se va a sistematizar en la dictadura del 76.

-Por último, con respecto al pedido de prisión para los acusados rechazado por el Tribunal Oral ¿hay motivos para preocuparse? ¿Puede leerse esto como un retorno a las anteriores decisiones de la justicia federal mendocina que sistemáticamente excarcelaba y concedía garantías a acusados de delitos de lesa humanidad?

-En cuanto a la aplicación de garantías lo que yo vengo diciendo es que se trata de la respuesta del Estado de Derecho al terrorismo de estado. Y es que el Estado de Derecho está munido de garantías, todos sabemos que éstas se aplican a cualquier acusado cualquiera sea el delito, ahora bien, partiendo de esa base, es cierto que la jurisprudencia ha avanzado, sobre todo la Corte Suprema,  en el sentido restrictivo de excarcelaciones y libertades anticipadas en materia de delitos de lesa humanidad.  Entonces, si lo resuelto por el Tribunal Oral se sostiene en que no se ha modificado la situación de los imputados y por lo tanto deben permanecer en libertad, lo que yo digo es que tal resolución no debería quedar firme. Vamos a discutirla en el único ámbito donde esto puede hacerse que es en la Cámara de Casación Penal  que es quien revisa los autos que dicta el Tribunal Oral en el transcurso del juicio. Entendemos que sería un precedente negativo que esta resolución quede firme y vamos a demostrar por qué entendemos que estas personas tienen que estar presas, a diferencia de lo que entiende el tribunal. No sólo nos apoya la jurisprudencia de la Corte sino la de los propios Tribunales Orales de la región que han sido restrictivos en cuanto a la libertad de los imputados. En éste contexto el fallo del que hablamos no se explica bien.

-Más allá de los argumentos jurídicos, el mensaje se parece a una suerte de doble vara de la justicia en cuanto a la aplicación de los más duros criterios de excarcelación para el delito común, no así para los delitos más graves como los de lesa humanidad.

-Es cierto, pero para sacar tal conclusión hay que tomar el panorama general. Por caso, Trelew, en ese juicio yo pedí la detención de los imputados donde a algunos se les atribuye 16 homicidios agravados y 3 tentativas de homicidio; con esa imputación en el ámbito de los delitos comunes es impensable que una persona esté en libertad. Así lo planteé yo, dije que la justicia federal debía ser coherente, pero el Tribunal Oral de Comodoro Rivadavia argumentó que la casación se ha pronunciado por la libertad de los imputados y que no le correspondía hacer nuevas consideraciones. Los dejó libres, o sea, no es un criterio particular de éste Tribunal Oral,  todavía se siguen discutiendo aspectos que nosotros creemos que son propios de ésta jurisdicción y resulta que están ocurriendo en todo el país.

Un Fiscal para Trelew

El 15 de agosto de 1972, los líderes de las conducciones guerrilleras coordinaron con éxito fugarse del penal de Rawson. Llegaron al aeropuerto de Trelew para huir rumbo a Chile en un avión secuestrado, pero 19 de ellos que salieron en segundo término llegaron tarde y tuvieron que rendirse. Violando el compromiso asumido por las autoridades del penal, fueron recluidos en la Base Almirante Zar. Una semana después fueron ejecutados a mansalva. El juicio oral se abrió recién este año y uno de los Fiscales del proceso es Dante Vega, encargado de fundamentar por qué la masacre es un delito imprescriptible y de lesa humanidad.  

“Hasta ahora el discurso en torno a Trelew ha girado en torno a la idea del episodio aislado. Si bien no pueden negar los fusilamientos, intentan presentarlo como algo producto de 3 o 5 oficiales de marina que estaban particularmente exaltados porque habían tomado alcohol o por alguna otra razón. En realidad la masacre se inscribe en un contexto represivo de ataque general o sistemático contra la población civil, por lo tanto es un delito de lesa humanidad”, agregó Vega.