A los sectores que rechazan la legalización del aborto parece no haberles alcanzado con que el Senado de la Nación desaprobara el proyecto de legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Ahora, legisladores y legisladoras de Tucumán buscan que en esa provincia no haya ningún tipo de interrupción del embarazo, ni siquiera por casos de violación. Esta causal está contemplada en el artículo 86 del Código Penal de la Nación (CPN), que tiene mayor jerarquía legal que cualquier norma provincial.

Se trata de un proyecto firmado por más de la mitad de los legisladores (29 de los 49) que dice promover la protección de los derechos “de la mujer embarazada y del niño por nacer”. La iniciativa fue impulsada por el peronista Marcelo Caponio, quien aseguró que las disposiciones del CPN “son contrarias a la Constitución de la Nación y de la Provincia y de tratados internacionales con rango constitucional”, a pesar de que ha quedado ampliamente demostrado que la legalización del aborto no es inconstitucional, mucho menos lo es lo que se llama Interrupción Legal del Embarazo (ILE) o aborto no punible, establecido en el código mencionado en 1921.

En 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) se pronunció con el fallo “F.A.L” sobre el aborto por violación y resolvió que todas las mujeres violadas pueden interrumpir un embarazo sin autorización judicial previa ni temor a sufrir una posterior sanción penal, eximiendo de castigo al médico que practique la intervención. Según este fallo, sólo es necesario una declaración jurada que deje constancia del delito del que fue víctima la persona.

Tal como dice la nota publicada por Tribuna de Periodistas, en el proyecto no sólo se desconocen parámetros científicos y definiciones básicas sobre “cigoto” o “niño”, sino que descarta en todo contexto posible la voz y derechos de la mujer violada. Además, resulta preocupante que casi 30 legisladores desconozcan las leyes y sus jerarquías.

Prisión para quienes intenten impedir un aborto no punible

Mientras en Tucumán intentan restringir derechos ya conquistados desde hace casi un siglo, diputados y diputadas nacionales presentaron un proyecto de ley que propone la pena de tres meses a un año de prisión para quienes tengan el objetivo de impedir una interrupción legal del embarazo en casos no punibles.

El proyecto busca incorporar un artículo el CPN para “tipificar una conducta que, si bien puede verificarse en muchos ámbitos, reviste particular importancia en la actividad médica, donde diariamente se ponen en juego la salud y la vida de las personas”, dice el documento. Además de penarse a los y las profesionales de la Salud que efectivamente impidan una ILE, la misma pena será aplicable a quienes organicen acciones de ese tipo, o convoquen a través de cualquier medio a realizarlas, o publiciten tales convocatorias.

Esta iniciativa surgió a raíz de un caso en Buenos Aires, donde un grupo de personas de los autodenominados “provida”, intentó que no se practicara un aborto no punible a una mujer. Otro caso que involucra, además, a la falta de Educación Sexual Integral (ESI) y a la ausencia del Estado, el el de la niña chaqueña wichi que murió en esta semana. La menor tenía anemia, neumonía y un embarazo de 28 semanas -producto de una violación- que desconocía ya que ni siquiera había tenido un control médico. Tanto el bebé como la niña murieron.

El proyecto fue presentado por el diputado del PRO Daniel Lipovetzky, presidente de la comisión de Legislación General de la Cámara baja -donde se desarrolló el debate por la legalización del aborto-, la diputada del Frente Renovador Cecilia Moreau; del Movimiento Evita, Lucila De Ponti y Araceli Ferreyra; de la UCR, Alejandra Martínez y Brenda Austin, y de Red x Argentina, Victoria Donda.