Iniciadas las inscripciones de las carreras terciarias para el ciclo lectivo 2013 en el “Normal Superior Mercedes Tomasa San Martín de Balcarce”, los alumnos se avecinaron a la institución y, una vez allí, se encontraron con que se les exigía un arancel obligatorio de $200 (o dos cuotas, una de $150 y la otra de $100) en concepto de cooperadora, aunque de cooperadora no tenía nada, pues si no efectivizaban el pago, no se los inscribía. 

A raíz de ello, unos 200 alumnos se reunieron en forma espontánea y decidieron manifestarse en contra de la situación, exigiendo la presencia del rector Ramón Maluenda, pues claramente se estaba vulnerando su derecho a una educación pública y gratuita.

El rector se negó a salir de su despacho y la tensión creció, por lo que llegó al lugar el comisario Hugo Lucero, de civil, junto a un grupo de efectivos con la clara intención de reprimir a los alumnos. Sin embargo, fueron resistidos por los estudiantes y un profesor que les recordó que no podían ingresar al establecimiento educativo y les advirtió que haría la denuncia en la Legislatura.

Luego también se apersonó el juez de faltas, Oscar De Diego, quien lejos de adoptar una posición conciliadora, tomó partido por el rector Maluenda, exigiendo a los alumnos que desalojaran el lugar, a lo que se negaron, pues no hacían más que ejercer un derecho constitucional.

La situación se complicó cuando, en medio de tanta tensión, un alumno le faltó el respeto a De Diego, por lo que este lo tomó de la mochila y se lo entregó a los policías que lo llevaron detenido, según cuentan los alumnos.

El escenario resulta particularmente grave, no solo por el accionar violento del juez sino porque, al parecer, De Diego estaría en ese momento de licencia, lo que implica que no habría tenido jurisdicción. De confirmarse esta situación, el juez de faltas podría ser sometido a un juicio político.

Lo cierto es que recién a las 23:00, Maluenda salió de su despacho y manifestó que convocaría al Consejo para tratar el tema y emitir una nueva normativa.
Finalmente la situación se resolvió, como debía ser, a favor de los alumnos, luego de que la ministra María Inés Abrile de Vollmer se comunicara telefónicamente con las autoridades del centro educativo. Se acordó que ya no será obligatorio el pago de $200 para la cooperadora y el aporte será voluntario, como forma de colaborar con la institución educativa.

No es la primera vez que los alumnos tienen inconvenientes con Maluenda pues, ya el año pasado, el rector se negó a permitir la realización de las elecciones del centro de estudiantes, alegando que no es una institución necesaria dentro del ámbito educativo. Además, hay que agregar que el actual centro de estudiantes, que responde a los intereses de Maluenda, no estuvo presente en la protesta, así como tampoco los estudiantes que integran el consejo superior. Sin embargo, cabe destacar la activa participación de la agrupación Tejada Gómez, así como también del Centro de estudiantes del IES del Atuel, que se solidarizó con los compañeros del Normal. También estuvieron presentes otras organizaciones como el Frente Patriótico Sanmartiniano Guevarista.

Esta protesta estudiantil que nos trasladó a San Rafael, nos obliga a analizar el contexto social en el que se produjo. El mencionado juez de faltas, Oscar De Diego, que actúa como una especie de sheriff del pueblo, ha intentado prohibir las manifestaciones de los gremios que exigen mejoras salariales, las movilizaciones en contra de la megaminería contaminante y, como en el caso que mencionamos, protestas estudiantiles. 

San Rafael también es paradigma de las detenciones policiales arbitrarias, las llamadas detenciones por “portación de rostro”. Según cuentan abogados de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre-filial San Rafael, hay casos de personas que sufrieron hasta 33 detenciones en una semana, lo que constituye un verdadero atropello de los derechos constitucionales a la igualdad, a la libertad personal, a circular, a trabajar y a expresarse libremente.

También podemos recordar aquellas multitudinarias movilizaciones en contra del matrimonio igualitario o las agresiones verbales que sufrieron las personas que asistieron a la Marcha del Orgullo LGBT, que culminaron incluso con un periodista apedreado e intimidado para que no continuara con su tarea. En ese caso la violencia provino de militantes del Verbo Encarnado, aquella institución que representa el ala más conservadora del catolicismo, con sus devaneos ideológicos que reproducen lo peor de la derecha universal.

Y también del sur sanrafaelino proviene aquel cura, Jorge Gómez, que aseguró que “la violación de la fe es 10000 veces peor que la violación de una hija”.

Por último, cabe destacar que, pese a esta sociedad conservadora, que se opone al progreso social y al reconocimiento de los derechos de los más débiles y de las minorías, hay también una sociedad pujante, progresista y que, si bien hoy es minoritaria, entiende muy bien que la organización es la base de toda lucha y, como aquellos alumnos del colegio Normal, está dispuesta a manifestarse hasta que sus reclamos sean oídos.