Suarez presentó su proyecto para modificar el funcionamiento de la Suprema Corte

Provincial

La intención del proyecto oficial es que los magistrados tengan similar función y carga de trabajo. Así lo explicó el propio gobernador: “En la actualidad, cada una de las salas jurisdiccionales la integran tres jueces, y el presidente de la Corte permanece eximido de funciones en ellas, salvo los casos excepcionales de subrogancia y plenos y que hoy propongo revisar, toda vez que la asignación de materias por sala ha generado una desproporción de trabajo que ha afectado el correcto y esperado funcionamiento del cuerpo e incluso ha llevado a un uso cuestionado del sistema de asignación de causas originarias”, sostiene Suarez.

Con respecto a las causas donde esté interesado un derecho colectivo o se plantee la inconstitucionalidad de la ley, el proyecto contempla para estos casos a todos los miembros del tribunal para que sea la Corte en pleno la que decida sobre estos expedientes.

Actualmente, la Corte provincial está compuesta de siete miembros y se divide en dos sectores según las afiliaciones políticas: Dalmiro Garay, su presidente y ex ministro de Gobierno de la gestión Cornejo, Pedro Llorente, Teresa Day y José Valerio, supremos más referenciados en la Casa de Gobierno. Completan el cuerpo los jueces filoperonistas Mario Adaro, Omar Palermo y Julio Gómez.

Por esta composición precisamente el eje de la polémica está puesto en la cantidad de los jueces que participarán del sorteo y en el avance hacia los fallos por plenarios que propone la reforma. El eje radical quiere que participe del sorteo el presidente de la Corte Garay, mientras que el eje peronista pretende mantener a la cabeza del cuerpo ajena a la redacción de sentencias. Si participan los siete, las probabilidades de mayoría de la UCR son notorias, sostienen los peronistas y la mayoría radical sería casi automática.

A esta polémica se sumó la prestigiosa jurista Aída Kemelmajer, quien cuestionó el intento por quitar la división de salas: "Esta división ha permitido a la Corte tener una cierta especialización; o sea, cuando los jueces de la Corte se designan conforme las necesidades de la Justicia debe preocuparse porque ese tribunal tenga personas que conozcan en profundidad esas materias, debería haber siempre, como mínimo, un civilista, un penalista, un laboralista, un administrativista; de lo contrario, esos procesos han sido decididos en las instancias inferiores por jueces que tienen especialización, pero las sentencias pueden ser revisadas por personas que no tienen conocimiento de esas materias".

El planteo para ir a una Corte colegiada es otro de los que más desencuentros genera ya no tanto con resonancias políticas sino más bien en cuestiones de doctrina jurídica. 

El actual juez de la Corte José Valerio, principal autor de la reforma, defendió el plan: "La idea de la división por salas es la idea de la Justicia burocrática, dividida y fragmentada.  Es de la época que se tomaba evaluación técnica para jueces de garantía, correccional y para juez de ejecución. Los teníamos fragmentados como si fueran tres mundos distintos. El juez es uno solo. Ha llegado a tal punto el tema de la especialización que ya no se entiende", sentenció.

El proyecto de 17 artículos en total se mete también con las funciones administrativas de la Corte, como lo es el manejo del presupuesto. Hoy, la “superintendencia del Poder Judicial” se encuentra a cargo de una tercera sala de jueces, precisamente denominada “Administrativa”. A partir de la sanción de la ley, la administración ya no se realizará de esta forma. Entre otras cosas, porque desaparecerán las salas tal como hoy se las conoce. Los controles presupuestario y de personal quedarán a cargo del titular de la Corte y de los vicepresidentes primero y segundo, que serán votados por sus miembros, al igual que el titular del alto tribunal.