“Cuando vemos a un pibe en situación de calle es porque el Estado falló"

Sociedad

El autor del proyecto es el diputado nacional Federico Fagioli (Frente de Todos) y fue realizado con aportes de organizaciones sociales como Proyecto 7, Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y Nuestramérica.

En una presentación previa del proyecto en el Congreso, a principios de mes, Fagioli afirmó: "Al tema lo venimos trabajando hace bastante junto a las organizaciones que trabajan en los centros integrales. Hay que terminar con la idea del 'parador', lugares donde pasan la noche y a las 6 de la mañana se deben ir, y reemplazarlos por lugares donde haya apoyo terapéutico, integración en oficios, atención a la salud".

El legislador estará presente en la reunión informativa de este martes, al igual que la secretaria de Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Laura Alonso.

A quiénes alcanza el proyecto

​La iniciativa considera personas en situación de calle a quienes “sin distinción de ninguna clase, sea por su condición social, género, edad, origen étnico, nacionalidad, situación migratoria, religión, estado de salud o cualquier otra, habiten en la calle o en espacios públicos en forma transitoria o permanente, utilicen o no servicios socio-asistenciales o de alojamiento nocturno, públicos o privados”. 

De igual manera se extiende esta consideración para otros tres puntos:

1. Residan en establecimientos públicos o privados -sean médicos, asistenciales, penitenciarios u otros- de los cuales deban egresar por cualquier causa en un plazo determinado y no dispongan de una vivienda para el momento del egreso.
2. Se encuentren debidamente notificadas de una situación inminente de desalojo o de una resolución administrativa o sentencia judicial firme de desalojo, y no tengan recursos para procurarse una vivienda.
3. Habiten en asentamientos precarios o transitorios sin acceso a servicios públicos esenciales o en condiciones de hacinamiento que afecten su integridad psicofísica, que no estén incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renaba).

Qué dice el proyecto

El proyecto se basa en distintos derechos que tienen las personas como la identidad personal (partida de nacimiento, documento nacional de identidad, pasaporte y las claves únicas de inscripción laboral y tributaria); el acceso y al uso de los servicios, de la infraestructura y de los espacios públicos; el acceso pleno a los servicios socio asistenciales, de salud y de apoyo para la obtención de un trabajo digno; el acceso a una vivienda digna; entre otros. A partir de ahí se plantea:

• La creación de una red nacional de centros de integración social, de atención permanente y continua, que presten servicios socio-asistenciales básicos de alojamiento alimentación, higiene y cuidados de la salud y además desarrollen actividades de formación y ocupación adaptadas a los conocimientos y necesidades de los destinatarios. Se procurará la adaptación de los actuales establecimientos de alojamiento nocturno (paradores, hogares, refugios, entre otros) a las modalidades enunciadas. 
• La implementación de un Sistema Nacional de Atención Telefónica permanente, de alcance nacional y gratuito, para la intervención inmediata de los organismos competentes en la atención de las situaciones comprendidas en la ley.
• La creación de un Sistema Nacional de Atención Móvil, permanente y de alcance nacional, para la  intervención inmediata y personal.
• La capacitación y formación interdisciplinaria de los trabajadores dedicados a llevar a cabo las políticas públicas, incluyendo en dicha formación períodos prolongados de práctica en organizaciones sociales que trabajan de manera directa con este sector de la población. 
• La realización de un relevamiento anual de personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle, de alcance nacional, con la participación de profesionales y organizaciones sociales, algunas integradas por personas en situación de calle, dedicadas a esta problemática, que suministre información para el diseño e implementación de políticas públicas

Sobre los Centros de Integración Social, el proyecto dice que estarán dedicados a personas adultas solas, según su género, o a grupos familiares y serán de acceso voluntario, veinticuatro horas por día, todos los días del año. Proveerán tanto prestaciones básicas de alojamiento, alimentación, higiene y cuidados primarios de la salud, como espacios terapéuticos, talleres y actividades de formación, capacitación y ocupación laboral, adaptados a los conocimientos e intereses de los destinatarios.

A su vez, en el artículo 19, se explica que se realizará un informe anual "que permita una evaluación de las políticas públicas, dando cuenta de las acciones realizadas y los resultados obtenidos".

Acerca de los gastos que demanden las capacitaciones, el proyecto dice que "se tomarán de los créditos que correspondan a las partidas presupuestarias de los organismos públicos de que se trate". El Artículo 21 especifica que el Presupuesto General para la Administración Nacional tendrá una partida anual específica para la elaboración y desarrollo de los programas previstos en esta ley, a excepción de lo dispuesto en el artículo 19.

Como medida transitoria, en el artículo 22 se establece la suspensión de desalojos. "Suspéndase, por el termino de veinticuatro (24) meses desde la entrada en vigencia de la presente, la ejecución de las sentencias judiciales cuyo objeto sea el desalojo de inmuebles con destino de vivienda, siempre que el litigio se haya promovido por el incumplimiento de la obligación de pago en un contrato de locación y la tenencia del inmueble se encuentre en poder de la parte locataria, sus continuadores o continuadoras -en los términos del artículo 1190 del Código Civil y Comercial de la Nación-, sus sucesores o sucesoras por causa de muerte, o de un sublocatario o una sublocataria, si hubiere".

Esta medida alcanzará también a los lanzamientos ya ordenados que no se hubieran realizado a la fecha de entrada en vigencia de la ley. Por veinticuatro (24) meses desde la entrada de vigencia de la presente quedan suspendidos los plazos de prescripción en los procesos de ejecución de sentencia respectivos.

Situación en Mendoza

Según el Gobierno de Mendoza, hay alrededor de 150 personas que viven en los tres albergues del área Metropolitana y alrededor de 70 duermen en calle.

Alejandro Verón, subsecretario de Desarrollo Social, explicó a Sitio Andino que también existe un grupo con "estrategia de calle", personas que se acercan a plazas o comedores en busca de alimentos para luego regresar a los sitios donde viven, la mayoría, en asentamientos.

"Hace bastante venimos trabajando con tres albergues, dos de hombres y uno de mujeres. Antes, abrían sus puertas sólo en invierno pero esta situación cambió el año pasado cuando se decretó el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio y pasaron a funcionar durante 24 horas para que las personas pudieran tener un lugar donde estar, recibir las 4 comidas, dormir, bañarse y cumplir el aislamiento", afirmó el funcionario.

El proyecto