Los jefes narcos pueden estar tras las rejas y lamentar haber sido capturados. Sin embargo, en las sombras, sus familiares o amigos pueden seguir movilizando millones de dólares, autos, embarcaciones lujosas, aviones y toda esta maquinaria continúa girando por un simple motivo: el Congreso aún no aprobó la ley de extinción de dominio para devolver al Estado los bienes provenientes no solo de la corrupción, sino también del narcotráfico.

Al menos 11 grandes bandas de narcos que en los dos últimos años fueron desbaratadas en la Argentina por las fuerzas de seguridad nacional en cooperación con policías provinciales actualmente podrían seguir ampliando su poder, a pesar de que sus jefes están procesados o en una celda esperando la condena. Una vez decomisados, los bienes de los narcos quedan bajo custodia judicial. Se prevé que un juez pueda otorgar al Ministerio de Seguridad esos bienes a fines de preservarlos en estado de uso mientras se sustancia el proceso, pero no siempre ocurre y, si la condena demora muchos años, los bienes se pudren en depósitos judiciales o bien son retomados por familiares de los delincuentes, y las bandas de narcos siguen empoderándose.

En este contexto, desde el Gobierno creen que una ley de extinción de dominio implicaría un cambio radical de esta situación: supone que el condenado deja de tener propiedad sobre sus bienes, por lo que la red que maneja pierde espacio y poder. Según un detallado informe del Ministerio de Seguridad al que accedió Infobae, las bandas de narcos detenidos movilizan cientos de millones de dólares aunque sus cabecillas se encuentren en prisión.

El caso mendocino

En ese reporte se menciona a "la banda de Mendoza", un grupo criminal que tenía base en San Rafael. En febrero de 2018, tras la detención de 13 integrantes, resultó realmente impactante la suma de todos los bienes y elementos secuestrados en los distintos allanamientos: 97 vehículos (la mayor parte de ellos de alta gama), 16 motos y dos cuatriciclos; 7800 dosis de cocaína fraccionadas y listas para la venta, por un valor de 7 millones de pesos; más de tres kilos de marihuana, valuados en casi $ 400 000; 10 armas de fuego y tres armas blancas, además de todo tipo de municiones.

El Juzgado Federal de Primera Instancia de San Rafael, que conduce Eduardo Ariel Puigdengolas, libró 15 órdenes de allanamiento a lo largo de San Rafael, Malargüe, Las Heras, Guaymallén, Chacras de Coria (Luján) y Godoy Cruz. Además, se secuestraron prendas y uniformes de la Gendarmería Nacional, celulares, balanzas de precisión, $ 325 000 en billetes de baja denominación producto de la venta de drogas, y títulos de vehículos e inmuebles.

Para leer sobre las otras diez bandas que perderían poder con la ley de extinción de dominio, ingresá aquí.

La iniciativa

El proyecto de extinción de dominio fue aprobado en la Cámara de Diputados en junio de 2016, poco después del escándalo que generaron los bolsos con millones de dólares de José López.

Su punto más polémico es el que habilita el decomiso antes de una condena penal. Esto genera una demora duramente cuestionada en el Senado.

La Cámara Baja se circunscribió a delitos federales, como el narcotráfico, la corrupción, el terrorismo, la trata de personas, el contrabando, el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, la asociación ilícita, el secuestro extorsivo, la explotación de la prostitución y la pornografía infantil. En general, se cree que la iniciativa frenada ahora en el Senado solo servirá para casos de corrupción, pero lo cierto es que la extinción de dominio para los narcos tendría un fuerte efecto práctico en la desarticulación de esas bandas de delincuentes.

"La extinción de dominio es la herramienta más eficaz para sacarles los bienes a los narcos y que no lo puedan utilizar como capital de trabajo. Utilizarlo como capital de trabajo quiere decir que ellos invierten algo: camiones, autos, camionetas. Invierten los bienes para hacer el negocio narcocriminal, entonces sacarle todo eso es generarles un costo muy fuerte", expresó Patricia Bullrich a ese portal.

A la vez, la ministra de Seguridad detalló: "No solamente los narcos hacen plata para tener plata en sí misma, sino que poseen campos, autos y una gran cantidad de bienes, que además usan para el negocio narcocriminal. Es por ello que sacarles los bienes rápido significaría impedirles muy fuertemente hacer ese negocio narcocriminal. Se les extingue el dominio, lo que quiere decir que no son más de su propiedad, y eso en una acción civil que implica que ellos, los narcos, tienen que demostrar de dónde sacaron la plata y los bienes; si no lo pueden demostrar, se les sacan dichos bienes, independientemente de cómo salieron en el proceso penal".