La reciente divulgación de estadísticas criminales puso a los mendocinos en alerta: es que la provincia resultó ser la más insegura del país en 2015, según los datos oficiales. Pero sobre todo llamó la atención la cantidad de delitos contra la integridad sexual (que no incluye violaciones): en 2015 se perpetraron 1793 hechos de este tipo, es decir, más de cuatro por día.

Mientras tanto, a nivel nacional la tasa de víctimas de otros delitos contra la integridad sexual pasó de 24,7 víctimas por 100 mil habitantes en 2014 a 40 en 2015, lo que marca un aumento del 27 %. El aumento entre 2008 y 2015 ha sido del 78 %.

Las estadísticas criminales presentes en el informe son de origen policial y “son el reflejo de la interacción entre tres conjuntos de acciones: los hechos delictivos que se producen, las respuestas de las víctimas (denuncias) y los esfuerzos de las fuerzas policiales para descubrirlos y registrarlas”. Los tipos de delitos consignados en el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), que depende de la Dirección Nacional de Gestión de Información Criminal de la Subsecretaría de Políticas de Seguridad e Intervención Territorial (DNGIC), responden en líneas generales a los descritos en el Código Penal. En tanto, “otros delitos contra la integridad sexual se refiere al resto de los delitos que comprende el Título III del Libro II del Código Penal que son estupro; corrupción; abuso deshonesto; ultrajes al pudor, rapto y tentativa de violación”.

Silvina Anfuso, titular de la Dirección de Género y Diversidad (DGD) de la provincia, señaló a Unidiversidad que estima que la alta tasa de “otros delitos contra la integridad sexual” se debe a que hay cada vez más llamados al 144 (línea telefónica gratuita para denunciar violencia de género). Esto “evidencia que existen prácticas machistas” y representa una actitud proactiva de las víctimas”. De este modo, para Anfuso, la tasa responde a la “no naturalización de la violencia y a la idea de romper miedos”.

Así, las estadísticas demuestran “que no se trata de un problema familiar, personal, sino de una verdadera problemática social, cultural y política”. Asimismo, esto “implica redoblar esfuerzos para lograr sanciones efectivas”.