En mayo de 2014, Mendoza logró un avance en materia de derechos, aunque de manera parcial. Por primera vez y a partir de esa fecha, todos los empleados públicos de la provincia cuentan con quince días de licencia corridos cuando nace su bebé.

La buena noticia benefició a unos 70 000 mendocinos que, en lugar de regresar a sus trabajos al tercer día desde el nacimiento de su hijo o hija, tuvieron la posibilidad de participar de manera más activa en las tareas de cuidado y disfrutar de esos inolvidables momentos. Sin embargo, la iniciativa dejó afuera de ese beneficio a aquellos varones que trabajan en el sector privado (al menos, 250 000 a nivel provincial) y totalmente afuera a quienes se desempeñan en sectores marcados por la informalidad laboral.

Hoy, cuando la dinámica social exige miradas más amplias de la realidad, a partir de los distintos modelos de familia y formas de ejercer el acompañamiento a la persona gestante y su bebé, todo indica que la legislación vigente en la materia sigue estando por detrás de las demandas actuales en materia de derechos, igualdad, empleo y familia.

De hecho, las nuevas propuestas que buscan lograr reformas en la Ley de Contrato de Trabajo apuntan a incluir y contemplar los casos de adopción, maternidad subrogada, discapacidad y fertilización asistida, entre otros. De hecho, el concepto de vanguardia respecto de la estructura familiar ya no se limita al formato “tradicional” de familia (que incluye papá, mamá e hijos/as). Se reemplaza el nombre de padre por “persona no gestante” para integrar en este concepto a las parejas del mismo sexo o a aquellas que necesitaron del vientre de otra persona por fuera de la pareja para llevar adelante la gestación.

Lo cierto es que Mendoza no ha quedado fuera del mapa de deudas que el país aún tiene respecto del establecimiento de licencias luego del nacimiento de un niño o niña. Inclusive, hay que decir que si bien en la Legislatura Provincial existen al menos 13 proyectos relacionados con la temática, todavía no hay acuerdos precisos para unificar criterios y adecuar las normas a las necesidades actuales.

De acuerdo a un relevamiento realizado por Unidiversidad, en la Cámara de Senadores descansan seis proyectos que buscan extender las licencias. A esas propuestas se suma la última presentada por la vicegobernadora Laura Montero en septiembre pasado en la Legislatura Provincial, durante la Tercera Asamblea por la Equidad, que incluyó la participación de organizaciones civiles, cuerpos colegiados y ciudadanos en general.

Entre las iniciativas presentadas por los/las integrantes de la Cámara de Diputados de distintos partidos en los últimos tres años, figuran al menos seis ideas que van desde beneficiar a determinados sectores de trabajadores (por ejemplo, los empleados de la Policía de Mendoza) hasta la implementación de políticas solo focalizadas a las parejas del mismo sexo cuyos integrantes trabajen en el ámbito de la administración pública. Otras, por ejemplo, atienden exclusivamente a los empleados de empresas privadas o a estudiantes embarazadas y futuros padres.

En la Cámara Alta, las diferencias entre los proyectos propuestos también dan cuenta de la inexistencia de una misma línea que unifique los conceptos y realidades que se desea modificar en la realidad. Lo que sí guardan en común las propuestas que se encuentran en las Comisiones de Asuntos Sociales y Trabajo, y Legislación y Asuntos Constitucionales, respectivamente, es que los beneficios se siguen limitando a los agentes de la administración pública.

De allí la importancia de poner el foco en un proyecto más amplio e incluyente de todos los sectores de la economía, bajo formatos de familia que no tienen una sola modalidad.