La puja política entre oficialismo y oposición tuvo varios capítulos durante 2014 pero, como era de esperarse, se profundizará este año teniendo en cuenta la proximidad de las elecciones. En esta pelea, el escenario donde salen a la luz muchas de esas aspiraciones es la Legislatura, porque una decena de los proyectos intentarán su aprobación, algunos fundamentales para los próximos años de la provincia, pero que dependerán de voluntades políticas.

El primero y más importante de estos proyectos es el Presupuesto. La ley necesaria para administrar los recursos de la provincia podría quedar relegada a las PASO si no se arriba a un acuerdo previo por el financiamiento. Es que el oficialismo que la envió a comisiones el año pasado sabe que si el Senado le quita el polémico artículo que da financiamiento a los partidos políticos y que le impuso el radicalismo, en Diputados faltarán voluntades para que vea la luz.

Por estas horas se está negociando una especie de financiamiento para las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias a través de un atajo, que es la Ley 7005, que permitiría sortear las licitaciones. Si este acuerdo fracasa, el oficialismo no someterá a debate su pauta hasta tanto termine el proceso de primarias para elegir candidatos. De esta manera, la provincia estará otra vez sin presupuesto al menos hasta fines de julio y se repetirá la historia del año anterior. Así, Pérez deberá seguir administrando la provincia a través de la reconducción presupuestaria.

Pero antes del tratamiento de la ley madre, el gobernador piensa enviar los tres pliegos de cargos vacantes para que sean tratados en la Legislatura, tal como se lo exigió el justicialismo bajo amenaza de dar bolilla negra a la elegida para la Corte. Se trata de las designaciones del Fiscal de Estado, un miembro del Tribunal de Cuentas y el cargo vacante que quedó en la Corte Suprema de Justicia. Los tres llevan vacantes muchos meses, pero por presión de un sector del justicialismo Pérez jugará fuerte a dejar a tres de sus hombres en esos cargos y lo hará todo de una vez los primeros días de marzo. 

Para el primero ya fue confirmado el senador justicialista Fernando Simón. El abogado que se desempeña en la función pública desde la gestión anterior y es uno de los referentes más fuertes de La Corriente, no representa uno de los hombres de confianza del gobernador, pero se le reconoce su apoyo incondicional en la pelea legislativa para traccionar los proyectos oficiales, además de su trayectoria profesional.

Para el Tribunal de Cuentas será enviado el pliego de Ricardo Pettignano. El senador justicialista, hombre de extrema cercanía con los hermanos Emir y Omar Félix, será el segundo hombre de Pérez dentro de ese organismo encargado de controlar las cuentas del Estado.

Mientras que el cargo más importante, y que de ingresar será el tercer puesto cubierto en la Corte por Francisco Pérez, es el que ocupará la concejal y exsenadora justicialista Miriam Gallardo. Fue elegida a través de un acuerdo con el sector azul, pero tiene resistencia dentro del peronismo por esto su envío fue negociado junto a los dos anteriores. Se espera que esta negociación se extienda durante todo marzo, pero en ámbitos oficiales confían en que los tres serán finalmente designados.

Otro de los objetivos legislativos de este año será modificar la ley 8619, la norma que regula cuestiones fundamentales de las PASO y fue aprobada en noviembre de 2013. En su primera aplicación ya muestra serias debilidades y vacíos, como el del financiamiento de las campañas, que el Ejecutivo se ha propuesto subsanar. Esto no será nada fácil teniendo en cuenta que se trata de un año electoral y que habrá que dar batalla por los votos, lo que podría relegar a 2016 la discusión de las modificaciones a esta norma.

Una de las normas más esperadas en los últimos años también será tratada en marzo. Se trata de la nueva Ley de Educación, que en diciembre pasado se estaba por aprobar, pero a falta de acuerdo por el presupuesto, la oposición la dejó caer. En el oficialismo confían en que esta vez, tras siete años de debate, saldrá a la luz.

Uno de los objetivos más difíciles que se ha propuesto el Gobierno es destrabar la discusión por dos de los proyectos mineros que quedaron cajoneados en la Legislatura a fines del año pasado y en medio de la tensión social. Se trata de Cerro Amarillo y Hierro Indio. Ambos están ubicadas en Malargüe y tienen como objetivo la exploración de minas que ya fueron explotadas años atrás. 

Según el Gobierno, esta actividad generaría una inversión estimada de 100 millones de dólares sólo en la etapa exploratoria, generando 100 puestos de trabajo en una primera etapa. Una de las minas necesita el informe del Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (Iiadiza), mientras que la otra depende también de sectoriales, que serán enviados durante este mes. Los dos cosecharon el más amplio rechazo social de la población sureña, pero el Gobierno se ha planteado ampliar y diversificar la matriz productiva y en ese camino insistirá con el proyecto.

El último objetivo que se ha planteado el Gobierno es darle sanción definitiva al Plan de Ordenamiento Territorial, una etapa previa a que se presenten los sectoriales que definirán pautas de ordenamiento en zonas específicas y en los municipios. Este no fue tratado durante todo el año pasado y tiene el rechazo adelantado del radicalismo, que argumenta que se trata de una serie de ideas sueltas sin definiciones específicas. Para lograr la aprobación de esta norma, el Gobierno está dispuesto a incluir en el proyecto, elaborado durante meses con técnicos y profesionales, algunas especificaciones.

Además se tratarán otras leyes no menos importantes, pero este no será un período para enviar cuestiones trascendentales para la provincia, teniendo en cuenta la puja entre oficialismo y oposición. En el Ejecutivo asumen esta limitación y es por esto que desde fines de este mes comenzarán a traccionar algunos de los proyectos que consideran fundamentales y que de ser sancionados, darían su rédito político a la gestión de Pérez.