La abogada especializada en cuestiones de género Carolina Jacky ya tiene redactadA una doble presentación contra los jueces de Garantía David Mangiafico y Alejandra Mauricio. “El primero, por la causa de Julieta González, cuyo imputado es Andrés Di Césare, y la Jueza, por el sobreseimiento dictado en un grave caso de violencia obstétrica donde murió el bebé, decisorio que fue revocado por la Cámara del Crimen, y apartada la magistrada de esa causa, como también por una causa donde fijó una fianza de $ 5000, en un caso en que el imputado está denunciado por violación a su pareja y por intentar ahogar a su hijo de 2 años”, remarca la letrada en una nota pública donde explica sus motivaciones para hacer estas presentaciones ante el Jury de Enjuiciamiento.

Jacky fundamenta sus denuncias esgrimiendo el argumento que hasta el mismo Gobierno sostiene por el criterio aplicado por el juez Carlos Alfredo Rossi –quien liberó a Sebastián Wagner, acusado y confeso autor del crimen de Micaela–. El apuntado ya había sido condenado por abusar de dos mujeres y el plazo de su encierro fue acortado por determinación del magistrado ahora cuestionado. “Los jueces están para cumplir con la ley, y no para legislar en su calidad de jueces, actividad reservada al Poder Legislativo”, señala la abogada.

Jacky remarca que la repercusión del caso de Micaela –quien murió estrangulada– la impulsó a tomar esta actitud, ya que desde hace tiempo viene advirtiendo la conducta de muchos jueces y fiscales que se resisten a reconocer la aplicación de la Ley de contra la Violencia hacia las Mujeres.  

“No quiero arrepentirme el día de mañana por no hacer lo que corresponde hacer, ahora será el Jury de Enjuiciamiento el que tendrá la responsabilidad. (...) Hay más magistrados que no aplican la Ley de violencia de género y se resisten a su cumplimiento. La Suprema Corte de Justicia y sus ministros también tienen responsabilidad por no haber cumplido con su deber de superintendencia desde el año 2009 al 2016. No puede ser que no exista capacitación para los magistrados y empleados del Poder Judicial, no solo en la Provincia de Mendoza, sino en la mayoría de las provincias argentinas”, detalla Jacky.

Mientras tanto, se evidencia la violencia en las redes sociales y en los comentarios de las notas de los portales de algunos usuarios antiK. Al identificar a Micaela como militante de la agrupación peronista Movimiento Evita, le dedicaron párrafos denigrantes para ella, lo que denota el residuo cada vez más frecuente y expuesto de la llamada grieta, que representa el quiebre de la opinión pública –y por ende, de la población–, promovida en esta ocasión por quienes expresan apoyar al gobierno macrista.