En diez días, Mariano Luque, el único acusado por el homicidio de Soledad Olivera, tendrá la oportunidad de hablar por última vez frente a los jueces de la Tercera Cámara del Crimen antes de que dicten sentencia. La decisión la tomarán luego de haber escuchado los alegatos de la querella, que solicitó una condena a 20 años de prisión. La defensa, por su parte, aseguró que no existen pruebas en su contra e insistió con la teoría de que la joven lavallina fue captada por una red de trata de personas con fines de explotación sexual.

Después de las 14 se inició hoy (22 de mayo) una nueva audiencia en el segundo juicio que enfrenta Luque por el homicidio de la mujer que sus hermanas vieron por última vez el 18 de noviembre de 2011.

El presidente del tribunal, Eduardo Martearena, y los magistrados Laura Guajardo y Pedro Funes escucharon los alegatos del representante del Ministerio Público Fiscal, Darío Tagua; del abogado querellante por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación, Fernando Peñaloza, y de los defensores de Luque, María del Carmen y Armando Aguilar. Ahora Luque está acusado de matar a Soledad. 
 

El alegato de la querella

Tagua aseguró que quedó probado que Olivera salió de su casa el 18 de noviembre de 2011 con destino a la finca donde vivía Luque, con intenciones de reunirse con él. Dijo que el imputado retuvo contra su voluntad a la joven y la mató, por lo que solicitó que lo condenen a 20 años de prisión por homicidio simple.

El fiscal dejó en claro que, si bien no existen testigos directos, sí hay indicios graves contra Luque y enumeró 13, que, aseguró, quedaron probados con las declaraciones de los testigos. Entre ellos: que el 18 de noviembre Soledad iba a encontrarse con el obrero, que ambos intercambiaron un centenar de mensajes, que mantenían una relación, que el hombre la amenazó en reiteradas oportunidades porque ella lo quería dejar y él no aceptaba esa decisión, que la joven nunca hubiera abandonado en forma voluntaria a sus tres hijos y que los informes oficiales dan cuenta de que nunca más cobró la Asignación Universal que percibía por sus pequeños.

Tagua también enumeró lo que llamó contraindicios, es decir, aquellos que la defensa podría utilizar a favor de Luque. Refutó la idea de que Soledad y sus hermanos hayan tenido una discusión por la indemnización que cobraron por la muerte de su madre, aseguró que se investigó a personas de su círculo íntimo sin resultados positivos y que la Justicia federal archivó una causa que abrió en 2014 porque no encontró pruebas de que la joven haya sido captada por una red de trata de personas.

El fiscal también se explayó respecto de juzgar a una persona por homicidio cuando no existe un cuerpo. En este sentido, aseguró que existe jurisprudencia y además enumeró una serie de casos en Argentina y en Uruguay en los que los acusados fueron condenados, aún sin haber encontrado el cuerpo de la víctima.

Tagua resaltó la necesidad de que el ribunal tenga presente la violencia ejercida por Luque contra Olivera y trajo a colación el fallo de la Suprema Corte de Justicia, que anuló la sentencia del primer juicio contra Luque por entender –entre otras consideraciones– que carecía de perspectiva de género.

Por su parte, Peñaloza adhirió a las palabras y al pedido de condena de Tagua. Además, hizo consideraciones sobre la necesidad de que el tribunal dicte sentencia, pero también fundamentos jurídicos respecto de un homicidio sin la aparición de un cuerpo en un contexto de violencia de género y que brinde una respuesta a la comunidad de Tres de Mayo a través de su decisión.

Peñaloza consideró que, a diferencia del primer juicio, en el segundo no existe esa duda razonable respecto de la posibilidad de que la mujer haya sido captada por una red de trata. Y leyó algunas de las líneas de investigación que siguió el fiscal federal Fernando Alcaraz y las conclusiones a las que llegó al pedir el archivo de la causa, por no encontrar indicios de este delito.
 

El alegato de la defensa

La defensora de Luque, María del Carmen Aguilar, insistió en su alegato con la teoría de que Soledad está viva, que fue captada por una red de trata de personas con fines de explotación sexual. Como en el primer juicio, criticó la investigación que se realizó luego de la desaparición de la joven; dijo que la única hipótesis que siguieron fue la del homicidio y que acusaron a la primera persona que encontraron.

Aguilar contestó a un pedido de la querella que planteó la necesidad de que el tribunal dicte sentencia y brinde una respuesta social. Por el contrario, dijo que los jueces deben dar una respuesta justa, que una sentencia no debe servir para calmar a una comunidad por lo que el Estado hizo mal.

La defensora refutó algunos de los indicios dados como ciertos por la querella. Entre ellos, la hora en que vieron por última vez a la mujer, los últimos mensajes que recibió –que no eran de Luque–, que la joven aseguró que pasaría por la finca Don Mario, que las hermanas de Olivera hablaron bien de Luque y de su familia y que aseguraron que nunca vieron que ejerciera violencia contra ella.

La abogada coincidió con la querella en que es posible juzgar a alguien por homicidio aun sin encontrar el cuerpo, pero subrayó que es necesario que existan fuertes indicios contra un acusado, como determinar cómo mató, cuándo, dónde y las motivaciones, y aseguró que ninguno de ellos existe en este caso.

Aguilar también consideró inadecuadas las consideraciones del tribunal superior respecto de la perspectiva de género. Dijo que en este caso no existió violencia ni desigualdad entre ambos, que no se trató de una persona rica y poderosa que se aprovechó de otra, sino de dos personas que estaban en la misma situación económica y social.

Luego de los alegatos, el presidente del tribunal, Eduardo Martearena, aseguró que antes del 5 de junio las partes se volverán a reunir para dar a conocer su sentencia, la segunda que dará un tribunal mendocino por el homicidio de Soledad Olivera.