En Jocolí, cerca del límite con San Juan, los empresarios aprovecharon la muerte de un campesino para pretender sostener que el lugar estaba abandonado.

El empresario Antonio José Marchal, un millonario español que “quiere desarrollar allí el emprendimiento olivícola más grande del mundo por una cuestión de desafío personal”, se está apropiando de campos y por sobre todo de vertientes y acuíferos. En el lugar ya tiene 32 mil has, aunque luego de esta acción en la página web de la empresa ya hablan de 38 mil has. El establecimiento conocido como finca Doña Carmen, con cerca de 2000 mil hectáreas de olivares, ubicados en el piedemonte, sin estudios serios de impacto ambiental, utilizando el agua de las vertientes y napas de agua justo en la naciente.

José Celestino Sarmiento se instaló en esa zona en el año 1944, y en ese campo se criaron sus hijos, entre otros José, Pablo, Juan y Martín. Fueron instalando viviendas en distintos puntos del campo para facilitar el manejo de los animales y los cuidados de las mejoras que se fueron haciendo. Represas, corrales, aguadas, etc. Al morir los padres quien quedó en la casa paterna fue su hijo José, quien falleció a fines del año pasado.

Desde entonces ese punto del campo (que siempre fue lugar de parada de los arrieros y animales) es cuidado por distintos miembros de la familia.

Hace unos quince días, la empresa Argenceres S.A de la cual Antonio José Marchal es presidente, entre otras empresas locales, comenzó a correr su límite hacia el campo de los campesinos. Los campesinos hicieron varias denuncias en la policía de las que hay constancia.

El martes 24 de mayo, cuando volvían del pueblo se encontraron con toda la vivienda destruida, las piletas de agua, y un pequeño galpón de acopio de forraje también destruido. Rastros de cargadoras y topadora. Y un alambrado que avanzaba envolviendo al puesto.

Por la mañana del 25 de mayo, el oficial ayudante Cristian Gatica no quiso tomarles la denuncia luego de hacerlos esperar dos horas en la subcomisaria El Porvenir.

La fiscal mendocina María Luisa Canata ha dado la orden de que los campesinos salgan del lugar o los imputara por usurpación y “daño”.

Hasta el día de hoy sólo, estas familias campesinas, sólo ha obtenido como respuestas actitudes amenazantes de obreros y abogados de la empresa, con la complicidad de la policía y un ciudadano español que se presentó como el propietario de la empresa. Mientras tanto, las familias campesinas resistirán en el lugar.

Fuente: Red Eco