Este martes 16 de febrero se reunieron las comisiones Legislación y Asuntos Constitucionales junto a Hacienda y Presupuesto para contemplar la problemática de la seguridad. La ley, presentada durante la primera semana de febrero, dispone adherir al Decreto nacional que declara la emergencia en seguridad para luchar contra el narcotráfico, la trata de personas y el crimen organizado.

En la reunión se anunció que la medida favorecerá el mejoramiento de la infraestructura de la fuerza, a la vez que apunta a adaptar las herramientas para combatir el delito. Además, se informó la intención de hacer reformas estructurales en la Ley 6722.

Hugo Sánchez, jefe del gabinete de Seguridad, sintetizó que es necesario declarar la emergencia en seguridad porque hay un indicador de homicidios muy alto, por debajo de Santa Fe y Rosario, además de muchos delitos agravados. Según Sánchez, lo más importante ahora es “capitalizar el sistema de seguridad”. Esto consiste en adquirir las tecnologías necesarias para identificar caras, huellas, pedidos de captura y patentes. Así, expuso Sánchez, con los autos inteligentes se haría el proceso de identificación más rápido y sin afectar a tantos efectivos (6) los móviles que podrían estar patrullando, y los derechos de las personas detenidas que muchas veces están horas en una unidad fiscal sin tener antecedentes.
 

Fondos para la penitenciaría

En el art. 6, la norma autoriza un crédito por $ 1200 millones para hacer frente a los gastos para agregar tecnología a la policía y mejorar la infraestructura de las penitenciarías, pero en el art. 7 se plantea un endeudamiento sin límites, que fue cuestionado tanto por el Frente para la Victoria como por el FIT. Éste es similar al cuestionado art. 42 del plan de presupuesto. Por lo tanto, luego del cuarto intermedio se intentará definir los montos para acotarlo, como pidieron los diputados del FpV, y así lograr el consenso.

El proyecto también pretende invertir 1200 millones “de deuda”, expuso Héctor Fresina (FIT), en un sistema carcelario que está colapsado. Además, no se estaría teniendo en cuenta la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia que pretende darles participación a los jueces en 870 casos de personas detenidas por un fiscal y sin sentencia, criticó el diputado.

Apoyo condicionado

La diputada Silvia Ramos (FpV) resaltó la buena predisposición del bloque en apoyar esta norma para declarar la emergencia en seguridad, pero sólo si está sostenida en justificaciones que realmente ameriten una nueva toma de crédito. Asimismo, Ramos destacó la importancia de que el Poder Judicial acompañe la decisión. “La seguridad es un tema integral de todos los ministerios, de todas las áreas de la provincia y del Estado en su conjunto, por eso nos parece que el Poder Judicial debe aportar a la tema de la seguridad, porque si no es una mirada sesgada para un tema tan importante.”

Sin embargo, hoy los diputados del FpV solicitaron un plan que sostenga el pedido de autorización de crédito. Este incluiría cuáles van a ser los requerimientos tecnológicos para reforzar la seguridad y cómo se va a articular el sistema de seguridad en su conjunto.

Además, la diputada Silvia Ramos (FpV) explicó que no coinciden tampoco con el art. 8, donde se autoriza la reasignación y rejerarquización de efectivos de las fuerzas de seguridad, porque entienden que en este caso se estaría modificando una ley de fondo, la 6722. Por eso pidieron la reconsideración de esta modificación implícita en el artículo.