En distintos centros sanitarios del país, existen 20 mil embriones “abandonados”. El dato lo aportó la presidenta de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, Stella Lancuba, durante la presentación en el Congreso del proyecto que busca salvar el vacío legal existente respecto de los embriones no implantados. La iniciativa, presentada por el diputado del FpV Daniel Filmus, fue acompañada por representantes de todos los bloques, teniendo en cuenta que al sancionar el Código Civil en 2014, se impuso la obligación de aprobar una ley que regulara esta situación.

"Una ley de protección de los embriones no implantados es necesaria porque hay un vacío legal que genera inseguridad jurídica. Este vacío legal es problemático no solo para sus titulares, sino también respecto de las clínicas o centros especializados que, al carecer de marco, en muchos casos obstaculizan los derechos de los pacientes o usuarios y usuarias”, aseguró Filmus, en una entrevista que brindó a prensa de Diputados.

Además de los legisladores, en la presentación de la iniciativa y en un debate posterior, participaron profesionales tanto del ámbito de la medicina como del derecho que desde hace años piden la aprobación de una ley que regule esta materia, ya que hoy no existe claridad sobre el destino que se puede dar a los embriones criopreservados.

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Algunos de los profesionales que participaron  –además de Lancuba– fueron Marisa Herrera, especialista en Derecho de Familia e investigadora del Conicet; Hernán Dopazo, doctor en Ciencias Biológicas, y la vicepresidenta de Sumate a dar vida (asociación civil de pacientes con dificultades para concebir), Teresa Bravo.

El proyecto sigue los lineamientos de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Artavia-Murillo) en el que determinó que el término concepción se refiere al momento en que se produce la anidación, por lo que un embrión no implantado no se considera una persona.

 

Puntos clave

La iniciativa prevé que las personas que asistan a los sitios para concretar un tratamiento de fertilización asistida firmen un consentimiento previo en el que determinen qué destino les darán a los embriones que no se utilicen.

La propuesta determina que las personas pueden decidir preservarlos para transferencias posteriores, donarlos a terceros con fines reproductivos o de investigación o cesar la criopreservación.

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El proyecto también prevé que pasados los diez años de criopreservación y ante el silencio de pacientes, usuarias y usuarios, los embriones podrán ser donados para investigación. En este sentido, Herrera aclaró que en este último caso la donación no se destinará a laboratorios privados, sino específicamente a profesionales del Conicet que trabajan sobre técnicas reproductivas, por lo que aseguró que los resultados de esos trabajos beneficiarán a toda la sociedad.

La vicepresidenta de Sumate a dar vida, Teresa Bravo, destacó que, actualmente, en algunos centros de salud aluden al vacío legal existente para negar la posibilidad de detener la criopreservación, así como la donación para terceros o para investigación.

Bravo también explicó que la criopreservación (técnica que permite guardar células a -196° C, manteniendo las propiedades de viabilidad del embrión durante años) es costosa y que las obras sociales y las prepagas solo la cubren el primer año, luego debe afrontarla el paciente. De acuerdo a una nota publicada en el diario Página/12, el costo anual estimado para conservar los embriones es de 32 mil pesos anuales.