El único anuncio del gobernador Alfredo Cornejo en el inicio de las sesiones ordinarias de la Legislatura de Mendoza fue la modificación de la Ley Nº 8465, que obliga a trabajar a los presos que se encuentran condenados y, al mismo tiempo, limita el accionar del juez de ejecución penal. Para el oficialismo, será una forma de darles dignidad a los reclusos. El peronismo, en tanto, la calificó de inconstitucional y demagógica.

Alejandro Gullé, procurador de la Corte, indicó que se trata de una medida más para atacar “el flagelo de la inseguridad”. Gullé señaló que los jueces intervendrán desde el punto de vista judicial y dejarán lo administrativo en manos del sistema penitenciario. Valoró la posibilidad de que los presos que tengan condena trabajen porque, de esa manera, “se mejora su estadía en términos de dignidad”.

Para el jefe de los fiscales, es necesario mejorar la infraestructura de las unidades penitenciarias que albergarán las actividades que desarrollarán los convictos. En Mendoza hay cerca de 4600 presos. El 60 % está alojado con una condena firme y el resto se encuentra en instancia procesal. El funcionario judicial repitió las palabras del Gobernador y sentenció que, desde que se implementaron las modificaciones del Código Procesal Penal (CPP), aumentó la cantidad de detenidos y bajó el nivel de delitos.

El proyecto que presentó el Gobernador permite la incorporación de la víctima dentro del  proceso de ejecución de la pena. El juez determinará, por ejemplo, si el detenido se encuentra en condiciones de obtener la libertad condicional, pero tendrá la obligación de llamar a los afectados para que expongan sus argumentos. Aunque la audiencia no será vinculante, permitirá escuchar la postura de los damnificados.

El ministro de Seguridad Gianni Venier explicó que la iniciativa contempla que, en el caso de los reclusos que se encuentran procesados, se les dará la opción voluntaria de realizar trabajos. Entre las limitaciones al juez de ejecución, ahora se indica que el funcionario deberá ajustarse a lo que establece la Constitución. Muchas veces –explicó Venier– los jueces realizan “retoques” y preservan ciertas facultades, como la apertura de celdas en un pabellón o la entrega de comidas distintas a las que establece su dieta, y generan conflictos internos en el sistema.

La iniciativa ya ingresó en la casa de las leyes, por lo que los legisladores esperan leer el documento completo antes de dar la visión final. Sin embargo se escucharon algunas críticas por parte de la oposición.

Los enojos

María José Ubaldini (FpV), una de las senadoras que pidió paridad de género en la reforma electoral, calificó el proyecto de Cornejo como demagógico e inconstitucional. La legisladora explicó que si bien los presos quieren trabajar, las cárceles están colapsadas, por lo que se necesita más espacio físico. “Es un anuncio vacío de contenido”, recriminó Ubaldini, al tiempo que reprochó que durante todo el discurso de Cornejo no se hizo ninguna propuesta para detener la violencia de género.

Jorge Tanús, presidente de la bancada peronista en Diputados, se molestó porque se nombró la “pesada herencia” por segundo año consecutivo en la apertura de las sesiones. Según su visión, no hay 4000 empleados menos, como dijo el gobernador en su alocución, sino que hay 3500 empleados más.

Para validar esos números explicó que entre 2016 y 2017 ingresaron 1800 empleados a diferentes áreas del gobierno y se validaron cerca de  60 mil horas cátedra, lo que equivale a 1700 nuevos docentes. “Es una mentira del gobernador, la herencia es 2016. El oficialismo pidió todas las leyes que son la herencia recibida del último año”, rezongó el legislador quien, un poco dolido aún por la reforma electoral, dijo que las modificaciones de la ley de las PASO debieron plantearse en un año no electoral y con el consenso de los bloques.

El más duro fue el legislador Héctor Fresina, diputado del FIT. Consideró que la propuesta era “semifascista” y  que buscaba “consolidar el voto derechista de la clase media”. Aseguró que las cárceles están superpobladas y esgrimió que no está claro para quiénes trabajarán los reclusos. “Es mano de obra esclava, un disparate”, apuntó el legislador.