Este año, dos hechos violentos contra mujeres conmocionaron a la opinión pública mendocina: los asesinatos de la productora periodística María Paula Giglio y de Mariana Roby. Esto pone en lo más alto de la agenda pública un dato de la realidad: que en la Argentina crecen, de modo alarmante, los crímenes vinculados con la violencia de género. En general, la mayoría de las víctimas son madres, tienen entre 19 y 50 años y en muchos casos, fueron atacadas por sus parejas o un ex. Y sobre este último punto quiero hacer hincapié.

Los femicidios en el contexto de la violencia doméstica son previsibles y evitables. El rol del Estado es crucial en este punto; debemos adelantarnos a los hechos con políticas activas y equipos interdisciplinarios, abordarlos desde la responsabilidad ante la existencia de un problema real y hacerlo desde la primera denuncia. En la actualidad, las acciones y los avances en los tres poderes del Estado no fueron suficientes a la hora de evitar el padecimiento de las personas víctimas de violencia, ni las de su núcleo familiar o afectivo. Las repetidas alertas llevan a medidas restrictivas sobre el agresor con escaso control de su cumplimento y, si bien hay avances en la asistencia a la víctima, no se toman los recaudos necesarios con quien ejerce la violencia. Y se llega tarde para evitar el dolor de la pérdida.

Miles de mujeres en el país recurren a la justicia o a la policía y suelen irse sin respuestas o, lo que es peor, les dicen: “No es conveniente hacer la denuncia, porque él puede ponerse más violento". Entonces hay que trabajar en un cambio cultural y en mejorar el sistema de prevención cuando las alertas se encienden, porque hay fallas en la atención profesional del agresor; no hay procedimientos adecuados para su contención y, si bien existen algunos procesos efectivos, no son acompañados con presupuestos acordes y mucho menos con acción interinstitucional coordinada.

El fin de la pareja y el alejarse del grupo familiar muchas veces hacen que el hombre pueda reaccionar de un modo violento. Cuando todo termina en muerte, nos damos cuenta de que fue el último paso de una serie de agresiones previas. En algunas ocasiones, el agresor no es percibido como una persona de esas características. Se habla de que “perdió el control” o “que era un hombre tranquilo como cualquier otro”; luego de una muerte, corroboramos que se tenía una idea equivocada, nos anoticiamos de que esa mujer ya había denunciado al agresor, que tenía una restricción u otros antecedentes y sale a la luz que no se trabajó sobre quien ejercía esa violencia. Conclusión: no llegamos a tiempo a salvar a una  mujer que era vulnerada y lastimada desde hacía tiempo.

Desde el Estado se deben profundizar la atención y el tratamiento para con el agresor. Hay que analizar qué pasa en su entorno desde la primera denuncia y debe diagnosticarse el problema; inmediatamente después, imponérsele el cumplimiento de un tratamiento médico, psicológico e interdisciplinario que tienda a su rehabilitación, recuperación y entendimiento de la situación. Esto no ocurre en la realidad: la víctima y su victimario, en soledad y sin la asistencia adecuada, encuentran su peor destino.

El año pasado presenté un proyecto de ley en el que propusimos cambios a la Ley 26485; allí describimos, entre otros puntos,  el tratamiento al cual debe someterse el agresor y propusimos establecimientos adecuados a esos fines. El Poder Ejecutivo debería aportar los fondos suficientes para que exista inmediatez entre las instituciones especializadas y el lugar de residencia del agresor que debe realizar tratamiento. El juez debe tener la obligación de contar con un informe final o un alta de tratamiento médico psicológico como requisito indispensable para poder modificar las medidas preventivas urgentes, interrumpirlas o hacerlas cesar.

¿Qué ha hecho el Estado en torno a acciones concretas de la Ley 26485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres? No lo suficiente. Desde la Jefatura de Gabinete informaron que la línea telefónica 144, de alcance nacional, entró oficialmente en vigencia el 17 de septiembre de 2013 (la ley se sancionó en el 2009); es decir, cuatro años de demoras. En cuanto al Registro Único de Casos de Violencia contra la Mujer, recién están en la etapa de definir variables, esquemas y formularios. Los convenios y actas de cooperación entre Nación y provincias fueron rubricados por el Ministerio de Justicia de la Nación, el Ministerio Público de la Defensa de la Nación y el Ministerio de Seguridad de la Nación; sin embargo, Mendoza no figura entre las provincias que firmaron.

Respecto del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, se encuentra en proceso de validación, el Consejo Consultivo de Organizaciones de la Sociedad Civil no tiene novedades para reportar y 71 hogares –llamados Centros de Día para la Atención de Mujeres que padecen violencia– no son suficientes para la protección de ellas en situación de violencia de género.  Hoy en el Congreso hay varias iniciativas que mejorarían el sistema, pero lamentablemente no son tratadas porque el Gobierno cancela el debate si los proyectos provienen de fuerzas opositoras.

En el año 2008, en el Senado de la Nación se aprobó por unanimidad la creación de la Comisión Especial Banca de la Mujer. En ese contexto, propuse formar una “Comisión de Género” en cada cuerpo departamental, con la idea promover el cambio cultural y aportar una visión territorial. Es decir, que se pudiera actuar desde lo local para mejorar el sistema, analizar sus fallas, dar visibilidad a los problemas, lograr la mejor interacción interinstitucional con las secretarías de la mujer en cada municipio, policía, justicia y otras entidades vinculadas a la problemática. No hubo avances significativos en este caso tampoco. Entonces, es hora de identificar objetivos y propuestas concretas, abordarlas sin color político prevalente y ejecutar políticas activas y vitales para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género. Y en forma urgente; ellas –las víctimas– nos necesitan. 

De no mediar un cambio de fondo, seguiremos viendo mujeres golpeadas que utilizan las redes sociales como un modo para defenderse de potenciales victimarios, los cuales seguirán sin asistencia adecuada y dispuestos a dar el zarpazo de un momento a otro. Así habremos fracasado como Estado y como sociedad, porque serán cada vez más las Marianas y las Marías que tendremos que llorar. Lo peor de todo: habremos perdido una batalla enorme, porque seguirán siendo muchas las palmas abiertas aplastadas por los puños.