Tal vez el último recurso al que apela la Justicia al encontrarse con un obstáculo para resolver una investigación es el de las recompensas. Se ofrece un incentivo monetario a cualquier particular que pueda demostrar que posee información fiable y que ayude a resolver un caso.

El sistema de recompensas que opera en Mendoza tiene su primer paso cuando el fiscal, ante una causa, solicita al Ministerio de Seguridad el pedido de recompensas. Estas suelen arrancar en un valor de $ 20 mil. El valor y la publicación dependen de Seguridad.

El pago de la recompensa también sale de esa área. Los montos están vigentes hasta que el hecho se resuelve. Como lo aclaran los afiches que se publican en los diarios y en la web de Seguridad, la información requerida para cobrar una recompensa debe ser concreta y precisa. La calidad de la información es certificada por una autoridad fiscal o judicial interviniente en el caso.

Recientemente, a principios de marzo, el Gobierno aumentó a $ 100 mil la recompensa ofrecida por información para encontrar a Mauricio Suárez. Suárez está sospechado de haber asesinado al psicólogo Flavio Piottante y a Estrella Libedinsky, una de sus pacientes, quienes aparecieron sin vida en julio de 2006.

Otro de los muchos casos es el de los albañiles Adolfo Garrido y Raúl Baigorria, ambos de 21 años, quienes fueron detenidos por la policía el 28 de abril de 1990 en el Parque General San Martín. Nada más se supo de ellos, y desde noviembre de 2017 la causa pasó al ámbito de la Justicia federal, bajo el delito de desaparición forzada. 

Desde entonces, la suma ofrecida por información que permita dar con el paradero de los dos hombres es de $ 200 mil.