El Tribunal Constitucional de España suspendió este martes 31 la declaración de independencia de Cataluña, que fue aprobada el viernes pasado por el Parlamento de esa región española, al admitir a trámite un recurso presentado por el gobierno central. Horas después del grito independentista catalán, el gobierno español destituyó a todo el Ejecutivo regional, disolvió el Parlamento y convocó a elecciones anticipadas, lo que derivó en la huida de Carles Puigdemont a Bélgica.

El Pleno acordó la decisión de anular el proceso independentista en virtud del artículo 161 inciso 2 de la Constitución, invocado por el Gobierno en el incidente de ejecución de sentencia, que garantiza la suspensión cautelar automática de las dos resoluciones aprobadas por el Parlament para declarar la independencia e iniciar un proceso constituyente.

La decisión también advirtió a Cataluña de que debe abstenerse “de iniciar, tramitar, informar o dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, acuerdo o actuación que permita otorgar valor jurídico alguno a la declaración de independencia y, en especial, a las previsiones contenidas en la suspendida Ley 20/2017 en orden a la aplicación de un régimen jurídico transitorio, y a dar efectividad a las denominadas “comisión de investigación por el 1 de octubre” y “comisión parlamentaria de seguimiento del proceso constituyente”.

El Máximo Tribunal de España dio un límite de 24 horas al Parlamento catalán para que presente sus alegaciones.

Puigdemont negó pedir asilo político en Bélgica

El expresidente catalán rompió el silencio en Bruselas y apuntó contra la \politización\ de la Justicia española, que lo acusó de rebelión, sedición y malversación. Dijo que volverá a España cuando existan las garantías correspondientes.

Asimismo, advirtió a la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, y a sus otros dirigentes que deben "impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada", so pena de responsabilidades, incluso penales, "en las que pudieran incurrir".

Desde 2014, la justicia española ha anulado sistemáticamente las decisiones y resoluciones del Ejecutivo y del Parlamento catalán destinadas a la organización de un referéndum de autodeterminación, que finalmente se organizó el pasado 1 de octubre, aunque sin garantías electorales habituales. En base a él, los independentistas proclamaron la secesión este viernes 27, ahora suspendida.