Fuerte denuncia hizo la vicegobernadora Laura Montero a través de su sitio oficial, donde ratifica una sospecha del periodista Daniel Gallardo, del grupo mediático de la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz.

CENSURA, ALGO QUE YA VIVÍ por Laura Montero

Hace unos días el periodista Daniel Gallardo dio a conocer algo muy grave que aparece hoy también en su columna de opinión en Diario Ciudadano ( http://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2017-6-10-23-7-0-aguas-turbias-de-censura-del-periodismo-mendocino) En esta nota ratifica lo que ya había mencionado días atrás en sus redes sociales, que autoridades de un multimedio dieron la orden -a cronistas, camarógrafos y fotógrafos- de no preguntar, ni cubrir actividad alguna y mucho menos mostrar a la vicegobernadora Laura Montero.

Ni Gallardo ni Montero dicen en sus publicaciones qué grupo de medios ordenó a sus periodistas ignorar cualquier acción pública de la vicegobernadora, ya sea en sus dichos como en su imagen.

El único medio que transparentó esta situación, aunque luego la modificó, fue Mendoza Post. Desde el título de anoche, el sitio digital remarcaba la procedencia de la campaña de ninguneo hacia la funcionaria, segunda en el mando provincial. “Laura Montero denunció que Sitio Andino la censuró”, se pudo leer anoche, y luego el título fue modificado: “Laura Montero denunció censura”. De todos modos, el contenido de la nota no se modificó en lo sustancial, donde se reproducen las expresiones de la nota de Montero, titulada "La censura que ya viví".

La situación pública es el detonante de algo que se hizo notorio cuando un equipo de periodistas del grupo Andino se retiró de una conferencia de prensa de la vice aduciendo que tenían instrucciones de no darle visibilidad a la funcionaria.    

Gallardo deslizó esto en sus redes sociales. Sostienen en el espacio legislativo que la medida restrictiva contra la vicegobernadora se debe a que Montero parece haberse transformado en un escollo para quienes pretenden seguir como oferentes de obra pública siendo dueños de grupos de medios.

El antecedente que recuerdan es que Montero motoriza, desde hace más de un año, el proyecto de Ley Ética Pública, en el que la vicegobernadora es partidaria de legislar sobre esto y limitar a los empresarios de medios para que no se queden con obras financiadas por el Estado Provincial.

Otro punto es un antecedente más político, que emergió cuando se trató el proyecto de la cárcel con administración privada impulsada desde el ámbito empresarial y que terminó siendo “donado” para que el entonces incipiente gobierno de Alfredo Cornejo tuviera la libertad de definir qué hacer con esa iniciativa presentada durante el gobierno anterior.  

El hecho es grave desde el punto de vista del acceso a la información pública, que siempre se reclama desde los sectores ciudadanos y, en especial, desde el periodístico hacia la dirigencia política. Sin embargo, en este caso se trata de una medida de restricción al acceso a la información pública de parte del sector empresarial, arista que la misma Montero expone en el texto que publicó.