Cornejo quiere obligar a los presos a trabajar para devolver así el costo de manutención que le generan al Estado. Pese a apoyar la reforma de la Ley Provincial 8465, que ya obtuvo sanción inicial en el Senado, la fundación Xumek mostró su preocupación por las definiciones utilizadas en la normativa, ya que coacciona al preso a trabajar por castigo y no como un medio propicio para lograr reinsertarse en la sociedad.

El presidente de la fundación Xumek, Lucas Lecour, afirmó a Unidiversidad que es imposible cumplir la obligatoriedad del trabajo de los presos en el corto plazo, como desea el Gobierno.

Si bien las leyes vigentes ya definen como "derecho y deber" el trabajo carcelario, Lecour indicó que el proyecto de reforma modifica el sentido de la norma y se refiere a las labores de los reclusos como "castigo", es decir, que no lo identifica como una herramienta viable de reinserción social. De aprobarse, la ley violaría algunos tratados internacionales de derechos humanos.

En la actualidad se estima que, de un total de 4800, sólo 350 presos cuentan con un trabajo formal en Mendoza. Pese al funcionamiento de algunos talleres textiles, la mayoría de las responsabilidades tienen relación con el sistema carcelario, como la participación en la elaboración de las comidas diarias –es tercerizada– y la creación de notas de trabajo para seguridad.

"El principal problema es que no hay espacio ni infraestructura adecuada debido a la sobrepoblación de los penales", aseguró el presidente de Xumek, y advirtió que tampoco hay un compromiso por generar puestos genuinos de trabajo.

La "nueva" iniciativa del Ejecutivo Provincial propone que el trabajo de los reclusos sea un requisito para acceder a salidas transitorias, libertad asistida y semilibertad, beneficios que ya estaban restringidos por la ley vigente y que ahora coaccionarán a la persona al trabajo.

Otro de los puntos que despertó críticas es la quita de poder al juez de ejecución, que pasará al director de los penales. Desde la fundación Xumek manifestaron su rechazo a la modificación, debido a que ese sistema evitaba la corrupción interna en cada cárcel.  "Cornejo está peleado con el juez Sebastián Sarmiento y por eso delega la responsabilidad", deslizó el presidente de la organización de derechos humanos.