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"La deriva autoritaria del gobierno de Ortega y Murillo se inició en 2007, cuando Ortega volvió a la presidencia y posibilitó la apertura del populismo. En 2007, Ortega comenzó a realizar acciones que apuntaban a un establecimiento de continuidad. Algunos aspectos quedaron en evidencia en el 2014 cuando hizo una reforma a la Constitución del país, por la que el régimen pasó a tener un corte autoritario. Se afianzó una alianza elitista con dos actores claves: el gran capital o empresarios, y el ejército", sostuvo Cuadra. 

La entrevistada agregó que el proceso electoral se desarrolla en un clima político sofocante, viciado por la exclusión de la competencia de tres partidos políticos por supuestas violaciones a la ley electoral. También preocupa el encarcelamiento de al menos siete postulantes de la oposición con intenciones de desplazar de la función pública al jefe del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), acusados por presunta traición a la patria.

"En el 2018, la gente salió a las calles y el nivel de la contienda política se elevó. Ortega comenzó con una política de represión que produjo una gran cantidad de personas asesinadas por la violencia de la policía y los grupos paramilitares de choque. Eso significó, desde ese momento y hasta el día de hoy, una demanda permanente de justicia para las victimas de represión, cambio de gobierno y apertura de un nuevo período de transición política, con el restablecimiento de las libertades y derechos de los ciudadanos. En ese contexto, luego de una prolongada crisis política, acompañada por la crisis sanitaria por la COVID-19, hicieron que el proceso electoral, programado para noviembre, se viera como un punto de inflexión que cambie esta realidad", describió la socióloga. 

Elecciones en pie 

Por ahora, el Consejo Supremo Electoral (CSE) autoriza a competir en las urnas el 7 de noviembre a las siguientes fuerzas políticas: Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Partido Liberal Independiente (PLI), Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Camino Cristiano Nicaragüense (CCN), Alianza por la República (Apre) y Yatama “(Hijos de la madre tierra”, en lengua miskita). Este último partido solo competirá en la costa caribeña del país.

Quedaron fuera de carrera el partido Restauración Democrática y el Partido Conservador, entre otros.

Por lo reseñado, hay voces que sostienen que las elecciones en Nicaragua son puro engaño y deberían postergarse, toda vez que –entienden– carecen de legitimidad debido a supuestas violaciones flagrantes a la integridad electoral, a los derechos humanos, al Estado de Derecho y al debido proceso. "La situación es difícil, no se puede hacer una valoración porque cada día esto progresa y buscan cómo silenciar por completo a la gente en Nicaragua. Este país se convirtió en una cárcel y Ortega se encargó de hacerla. Ortega no empieza el 18 de abril de 2018, empieza con la represión en 2007, cuando regresó al poder", enfatizó la defensora de derechos humanos. 

En esa línea, Núñez agregó: "Hoy tenemos y lamentamos a 318 personas asesinadas, y esto padece de impunidad. Esto ha llegado a tal punto de crear leyes para reprimir. Hubo una amnistía en 2019 donde condenó a 700 presos políticos. Empezó a perseguir a los excarcelados y en la actualidad tenemos más de 152 presos políticos en Nicaragua".