La cláusula referida a incompatibilidades tiene tres años, pero parecía desconocida hasta hace aproximadamente un mes, en que cobró nuevamente publicidad a través de una de las empresas de la competencia, el grupo Clarín, en el marco de la "guerra" con el gobierno, por un lado, y  de los grupos mediáticos entre sí. 

El artículo 25 de la Ley de Medios habla de “condiciones de admisibilidad”, y detalla en su inciso d): “No ser titular o accionista que posea el diez por ciento (10%) o más de las acciones o cuotas partes que conforman la voluntad social de una persona de existencia ideal titular o accionista de una persona de existencia ideal prestadora por licencia, concesión o permiso de un servicio público nacional, provincial o municipal”. 

Por supuesto, se entiende que un grupo mediático y, a la vez, concesionario de un servicio público, acumula un poder inaceptable de presión sobre el Estado y la misma sociedad.La publicación repentina fue seguida de una visita del titular de la AFSCA, Martín Sabbatella, al gobernador de Mendoza, Francisco Pérez, ya casi sobre el famoso 7D, durante la cual este último declaró que el grupo Vila-Manzano se adecuaría a la ley desprendiéndose de acciones de EDEMSA.

Todo el mundo sabe en Mendoza, y en  el gobierno ya tienen muchos problemas para disimularlo, que el poder de lobby o de influencia del grupo está muy extendido, más entre los "azules" del peronismo que entre los "ex naranjas", las dos ramas de las que se cuelga desde hace dos décadas y media el partido oficial local. También ha crecido su influencia en el gobierno nacional, a través de las maniobras de José Luis Manzano para asegurarse una buena porción de la publicidad oficial, a cambio de un notorio apoyo editorial a las iniciativas de este año. 

Vila y Manzano se hicieron dueños, a través de Andes Energía, de la sociedad controladora de EDEMSA y del estratégico sector eléctrico -el más importante en una geografía de desierto- con un fondo de inversión británico, Ragusa Capital, sobre el cual nunca nadie -funcionario político, legislador o juez- pidió informes en relación con el origen de los 30 millones de dólares que puso en la operación destinada a la inefable plaza mendocina. 




Ragusa Capital figuró en las páginas de la red como una "compañía de cáscara", literalmente, o empresa fantasma, sin ejecutivos registrados. Andes Energía pertenece mayoritariamente a los dueños del grupo Uno, mediante sociedades con nombre de fantasía: Fidrán (17,6%) de Daniel Vila y Luis Nofal; Ketsal (14,6%) de José Luis Manzano, y directamente este último (15,4%). Después apareció un gerente de los británicos en Mendoza. Solamente en un año de operaciones, 2009, tuvieron ingresos por 134,5 millones de dólares. La participación accionaria de los mendocinos ha sido valuada en 106,9 millones de dólares.

Sin embargo, durante los tres años en que estuvo parcialmente vigente la Ley de Medios, nadie recordó aquí en Mendoza la incompatibilidad del grupo para operar a la vez como grupo mediático y concesionario de privatizadas, entre otros muchos negocios. La empresa sumó un nuevo accionista, el sureño Omar Álvarez, un antiguo socio, político primero y mediático después, de José Luis Manzano en San Rafael.

También sumó una deuda operativa y financiera multimillonaria, entre otras, con la distribuidora mayorista de energía (Cammesa) calculada en 130 millones de arrastre, y con un grupo de bancos, entre ellos el Nación, que tienen por agente de préstamo al banco Macro, por casi 150 millones de pesos.

Pero el estado corporativo ha permitido a los socios continuar con el negocio. El año pasado, uno de los viejos amigos políticos de Manzano, Elián Japaz, fue nombrado por el gobierno de Jaque en el EPRE, el Ente Regulador Eléctrico que debe hacer el control de la privatizada. El actual gobernador salió del paso en los últimos días, al negar que el grupo sea el operador de la empresa, cuando lo importante legalmente es la sociedad de inversión. No hay ninguna documentación oficial al respecto, sólo discursos. El de Daniel Vila, que ha dicho que cumplirá con la ley, que esta le permite seguir siendo un socio, aunque minoritario, en la empresa eléctrica, discurso que, paradójicamente, hoy se parece al oficial.