Las torturas a dos detenidos en el penal de San Felipe, que alcanzaron repercusión pública al darse a conocer un video en el que aparecían los policías en medio de los vejámenes a los internados, parecen haber sido el disparador para que en la casa de las leyes se apurara el trámite de un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo que tiene por objetivo la creación del Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, como organismo descentralizado, independiente y con personalidad jurídica propia, funcionalmente autónomo y financieramente autárquico.

Este, será el órgano de aplicación en la provincia de Mendoza del Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobado por Ley Nacional Nº 25.932.

Los primeros esbozos de esta iniciativa se dieron a través de la presión ejercida por un grupo de abogados del fuero local entre los que se encuentran Diego Lavado, Pablo Salinas, Alfredo Guevara y otros, ante los hechos de torturas y vejámenes ocurridos en la Penitenciaría durante el gobierno de Julio Cobos. El 28 de agosto de 2007 entre los abogados y representantes del gobierno se firmó un acta ratificada en un decreto de Cobos del 12 de octubre del mismo año y refrendaado por la Legislatura a través de la sanción de la Ley 7.930 del 16 de setiembre de 2008.

En la mencionada Acta se dejaba constancia que: “el Gobierno de la Provincia de Mendoza entiende que existen elementos suficientes para tener por configurada la responsabilidad objetiva de la Provincia de Mendoza en el caso, razón por la cual decide asumir responsabilidad en los hechos y sus consecuencias jurídicas, conforme a las conclusiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos referidas precedentemente”.

En función de ello, el gobierno se comprometió a adaptar una serie de medidas tendientes a reparar el daño causado y evitar su reiteración, entre las que estaba el compromiso de someter a consideración de la Legislatura de Mendoza y a realizar las gestiones pertinentes para lograr su aprobación, de unos proyectos de ley mediante los cuales se creen una serie de organismos públicos tendientes a controlar la vigencia de los derechos reconocidos en la Constitución y en Convención Americana, tanto dentro como fuera de los
establecimientos penitenciarios.

Concretamente se trataba del Organismo local de prevención contemplado en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes, el Defensor del Pueblo de Mendoza y la Procuración a favor de las personas privadas de libertad, la creación de una defensoría pública oficial ante los juzgados de ejecución penal y jerarquizar la Coordinación de Derechos
Humanos del Ministerio de Gobierno a nivel de Dirección o Subsecretaría.

El tratamiento de esta iniciativa que había sido enviada hace tiempo a la Legislatura fue impulsado en esta ocasión por la Senadora del ARI Alejandra Naman, quien entre los considerandos defendió la necesidad de que exista un organismo extrapoder, descentralizado, autárquico y transparente, para oficializar visitas y controles a los penales de la provincia.

Ahora, después de la media sanción de Senadores, se espera que la Cámara de Diputados tome la iniciativa y le de un rápido tratamiento, para que en poco tiempo, la provincia de Mendoza tenga los instrumentos necesarios en materia de protección de derechos.